Durante una vista pública, la Comisión de lo Jurídico evaluó el Proyecto del Senado 437 que busca enmendar el Código Penal de Puerto Rico con el fin de establecer los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP) de los adultos y menores que cumplen sentencia.
Tanto la JLBP, como el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y la Asociación Pro Derechos del Confinado, Asociación “Ñeta”, avalaron la medida de la autoría de presidenta de la Comisión, Gretchen Hau, la senadora del Partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, y del senador del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe.
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“El Proyecto del Senado 437 es una medida adicional a favor de la rehabilitación del confinado que va dirigida atender la neutralización indefinida de seres humanos por medio de un acercamiento gradual a la vida en sociedad…debemos tener presente que alcanzar estos términos no garantiza de por sí acceso directo a la Junta de Libertad Bajo Palabra. Es decir, será necesario que la Junta de Libertad Bajo Palabra tome en consideración un sin número de aspectos para considerar si ese confinado califica para libertad bajo palabra”, destacó Hau.
La medida establecería, entre otros ángulos, la baja en algunos términos para ser considerado por la JLBP. En el caso de los adultos cumpliendo sentencia de 50 años, propone que una vez cumplidos los primeros 15 años, advenga elegible para ser considerado ante la JLBP. En el caso de los menores sentenciados a cumplir una pena de 50 años, la medida propone que una vez cumplido el término de cinco años de sentencia, sean de igual manera, referidos ante la consideración de la Junta. También, para casos de adultos sentenciados y menores como adultos por los delitos cuyas penas sean de 99 años o reincidencia habitual, que sean elegibles una vez cumplidos 25 años naturales y diez años naturales, respectivamente.
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Francisco Méndez, quien depuso en representación del DCR expresó que la agencia apoya la pieza legislativa. “El DCR apoya esta medida…no vemos incompatibilidad alguna entre nuestra misión institucional y lo que propone el PS437, y coincidimos con la exposición de motivos del proyecto en tanto y en cuanto que el acortar el tiempo que ciertos miembros de la población correccional deben esperar para solicitar el privilegio puede promover su rehabilitación efectiva”.
En la misma línea, la presidenta de JLBP, Aixa Pérez endosó el proyecto y afirmó que “la Junta reafirma su compromiso hacia los proyectos de Ley que propendan ampliar, de manera justa y equitativa, las opciones vigentes ante el encarcelamiento prolongado. La medida es una loable, de vanguardia y atiende, de manera efectiva, la rehabilitación que busca transformar la conducta y las actitudes del confinado”.
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En su turno, el DJ, a través de la licenciada Elba Cruz manifestó su oposición a la medida. “No avalamos el lenguaje con respecto a que las personas que son convictas a cumplir sentencias consecutivas por varios delitos tengan que cumplir solamente con el término concerniente a la pena mayor recibida por alguno de estos delitos. Consideramos que esta propuesta derrota el propósito de la sanción de consecutividad de las penas y además, incide con los componentes de proporcionalidad, naturaleza de los hechos, sanción, retribución a las víctimas y a la sociedad, entre otros elementos importantes dentro de la compleja maquinaria del ordenamiento penal”, indicó la funcionaria.
Por su parte, la senadora Rodríguez Veve, le indicó a Cruz que hay una diferencia de enfoque entre el DJ y los que avalan la medida. “Los fundamentos que han esbozado sobre la retroactividad de la aplicación de este proyecto son jurisprudenciales, estos en ausencia de una norma legislativa que impere. No hay nada que pueda obstaculizar la voluntad de los legisladores para ir en esa dirección…esto va en la dirección de la rehabilitación” afirmó la senadora, quien no descartó cambios a la pieza legislativa.
Por otro lado, Roxanna Soto Aguilú en representación de la Asociación Pro Derechos del Confinado manifestó su apoyo a la pieza legislativa, por considerarlo un paso para transformar el sistema. “Dialogar de un tema tan sensitivo como este, requiere una fortaleza de acción legislativa que supere cualquier estigma social, ante la constante etiqueta de valoración social de que los confinados no somos personas a ser consideradas por el Estado y que no poseemos aún bajo confinamiento derechos y privilegios en Puerto Rico”, sostuvo.
Igualmente, manifestó su apoyo a la medida la licenciada Yahaira Colón en representación de SAL. “El Proyecto es uno de mucha valentía y tiende esa mano amiga a una población que muchas veces es invisibilizada”, sostuvo Colón quien abogó por ciertas enmiendas a la medida como tomar en consideración a los reincidentes. “No hay impedimento en ley para que esta ley sea retroactiva”, aclaró la deponente.
