La vista preliminar en alzada que se sigue contra la ex secretaria interina de Justicia Wandymar Burgos Vargas por dos cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental continuará el 29 de septiembre con dos testimonios adicionales, adelantaron los fiscales especiales independientes (FEI) que llevan el caso.
En la mañana de voy, la vista en alzada comenzó con el testimonio de Phoebe Isales, quien dirigía la División de Integridad Pública en Justicia cuando Vargas Burgos ordenó que unos informes preliminares, en los que se recomendaba la asignación de un FEI contra la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y otros funcionarios, fueran devueltos a la agencia, a pesar de que ya se habían completado y se encontraban en el trámite de entrega a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Pfei).
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Vargas Burgos fue nombrada como secretaria interina de Justicia tras el despido de Dennise Longo Quiñones, el 3 de julio de 2020, quien en esa misma fecha dejó firmados los informes que concluían que había evidencia suficiente para creer que Vázquez Garced había violado el Código Anticorrupción.
Aunque, durante su testimonio, Isales señaló que la acción de Burgos Vargas –al paralizar, tres días después, la entrega de los informes para “revisarlos”– era “impropia” pero no necesariamente “ilegal”, los fiscales especiales a cargo del caso sostuvieron a su salida de sala que no coincidían con dicha apreciación.
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“Es una testigo que da su opinión, no establece el derecho en el caso. Aquí hay una violación de ley, la interrupción de esa entrega conlleva una violación de ley. El hecho de que (Isales) dé esa opinión no necesariamente quiere decir que no es ilegal, ella dijo que es impropio. Pero obviamente nosotros vamos a establecer que es ilegal”, puntualizó la fiscal especial Zulma Fúster Troche.
“La imputación es a base de divulgar información confidencial de esos informes a la gobernadora y el secretario de la Gobernación. De eso es que está denunciada la dama Wandymar Burgos. El hecho de interrumpir la entrega del informe es un evento dentro de la cadena de eventos para demostrar intención”, agregó otro de los fiscales especiales, Miguel Colón.
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Burgos Vargas ya enfrenta juicio por un cargo menos grave de obstrucción a la justicia (Artículo 246 del Código Penal), pero el PFEI llevó en alzada dos cargos que fueron desestimados en la vista preliminar. Específicamente, a Burgos Vargas le imputan violar el artículo 4.2 (b) y 4.2 (f) de la Ley de Ética, que impiden a un funcionario público utilizar las facultades de su cargo para obtener un beneficio ilegal para sí mismo o un tercero, y revelar o utilizar información confidencial para beneficio propio o de otra persona, respectivamente.
Durante la vista preliminar en alzada, en la sala preside la jueza Gisela Alfonso, Isales planteó que la salida de Longo Quiñones y la entrada de Burgos Vargas a la jefatura de Justicia no suponía alterar el trámite de entrega al PFEI de los seis informes preliminares que había preparado la División de Integridad Pública. Además de Vázquez Garced, los informes incluían la recomendación de investigar a fondo a Antonio Pabón Batlle, entonces secretario de la Gobernación, así como a funcionarios del Departamento de la Familia y a la entonces senadora Evelyn Vázquez Nieves.
Mientras que a Vázquez Garced se le investigó por el despido de la exsecretaria de la Familia Glorimar Andújar, a los funcionarios de esa agencia y a Vázquez Nieves se les investigó por presuntamente utilizar con fines políticos los suministros dirigidos a personas afectadas por los terremotos de enero de 2020. Andújar habría sido despedida luego de tomar la decisión de investigar las acciones relacionadas con los suministros.
En la vista en alzada, uno de los abogados de Burgos Vargas, Jason González Delgado, insistió que la Ley del PFEI no incluye prohibición alguna que impida a un secretario de Justicia en funciones solicitar la devolución de unos informes preliminares completados, premisa que Isales aceptó.
Al cuestionársele por qué, el lunes 6 de julio, le notificó a Burgos Vargas –ya en funciones como secretaria interina– del plan para entregar los informes, Isales señaló que lo hizo por “cortesía” y para evitar que su nueva jefa se enterara por la prensa del referido al PFEI contra la gobernadora Vázquez Garced. Sin embargo, dijo que, una vez ordenada la devolución de la investigación preliminar, no quiso participar del trámite para entregarle copias de los informes a Burgos Vargas porque consideraba la acción como irregular.
“Porque eso es del PFEI y lo está pidiendo ella. Que lo coja ella allá arriba”, dijo Isales, quien hasta el despido de Longo Quiñones fungía además como subsecretaria de Justicia. Isales insistió que la firma y entrega de los informes no se adelantó debido al despido de Longo Quiñones, sino que ya se había coordinado con el PFEI para completar el trámite en esas fechas.
Finalmente, los informes se remitieron al PFEI el 7 de julio.
Para la vista en alzada del 29 de septiembre, los fiscales especiales precisaron que sentarán a declarar a Santiago Calderón y a un testigo adicional que no identificaron.
Santiago Calderón se desempeñaba al momento de los hechos como asesora legal en La Fortaleza y al presente es jueza del Tribunal de Apelaciones, tras ser nominada por Vázquez Garced.
