Más de 40 organizaciones constituyeron la coalición Todo Puerto Rico contra la Junta y anunciaron una marcha el próximo 6 de septiembre para repudiar a la Junta de Control Fiscal y a su directora ejecutiva Natalie Jaresko.
El punto de salida de la marcha será a las 10:00 a.m. en la avenida Chardón frente a la entrada principal de Plaza Las Américas y el punto de llegada será en la avenida Luis Muñoz Rivera en el edificio del Tribunal de Apelaciones donde ubican las oficinas de la JCF. La ruta incluye pasar frente al Tribunal Federal y culminará con la lectura de una declaración dirigida al Congreso de los Estados Unidos.
“La marcha representa el espacio de convergencia de las organizaciones, los sectores y el pueblo para expresar el repudio a las medidas de austeridad, recortes y privatización que ha impulsado la Junta lo cual representa para los trabajadores y el pueblo una agenda de mayor pobreza y más emigración durante más de 30 años,” afirmó el líder sindical Emilio Nieves Torres.
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Nieves Torres detalló que los objetivos de esta marcha son llevar un mensaje sobre los daños permanentes que causa la Junta en los diversos servicios esenciales como la educación, salud, seguridad, agua, energía eléctrica, transportación, las pensiones y al desarrollo económico.
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“Se trata de abrir un espacio de convergencia para que diversas organizaciones y el pueblo reclamemos a una sola voz la salida de la Junta. Esto implica elevar el reclamo al Congreso de Estados Unidos”, añadió.
Justo Méndez Arámburu, de la organización VAMOS, expresó que “la Junta se ha convertido en la expresión más cruda del colonialismo. Nos gobiernan 7 personas no electas por el pueblo y una directora ejecutiva que implanta las decisiones de la Junta e imparte órdenes al Gobernador y a la Legislatura. Esta dictadura implica que las elecciones del 2020 no representan una expresión democrática. Ahora, las decisiones de política pública no las tomen los electos por el pueblo. Ahora manda la Junta, quién imponiendo su Plan Fiscal ejerce su función de agente de cobro de los grandes intereses y bonistas norteamericanos a costa del sacrificio del Pueblo Puertorriqueño. Como pueblo tenemos que exigir que cese la dictadura colonial y se atiendan los reclamos y necesidades del pueblo.”
Por su parte, el líder ambiental, Juan Camacho señaló que “luego de 5 años de presencia de la Junta, el Centro para una Nueva Economía lo ha identificado como un experimento fracasado. Su fracaso es evidente al no resolver la crisis fiscal, ni impulsar un plan de desarrollo económico. Por lo tanto, no se justifica su presencia en Puerto Rico. Además, nos ha costado más de $1,500 millones en fondos públicos. Cinco años de una Junta que representa medidas de austeridad, de recortes a las pensiones, aumentos en tarifas de los servicios esenciales, congelación de salarios, eliminación de derechos de los trabajadores del sector público y privado, cierres de escuelas, daños terribles al ambiente, recortes de fondos a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios. Además, tenemos que subrayar la privatización de servicios esenciales que promueve la Junta, que ha tenido como consecuencia inmediata la desestabilización del servicio de energía eléctrica con el contrato desastroso de LUMA, impidiendo la implantación de una propuesta comunitaria de energía renovable.”
El portavoz del Frente de Pensionados, Pedro Pastrana, argumentó que “nuestro principal objetivo es la derogación de la Ley PROMESA y sacar a la Junta. Sin embargo, nuestra lucha es desde adentro y desde afuera, desde el Tribunal y desde la calle. Es en el Tribunal Federal donde se pretende aprobar un Plan de Ajuste de Deuda, que es insostenible. Por eso ante el proceso de votación que se va a iniciar en los próximos días el llamado que hacemos a todos los pensionados y trabajadores es a votar en contra de ese Plan de Ajuste. Mientras la Junta siga impulsando recortes y gastando millones, el pueblo tiene que decirle No a la Junta desde cualquier proceso de votación y desde la calle.”
La pensionada y portavoz de Construyamos Otro Acuerdo, Sonia Palacios, añadió que “el ataque de la Junta contra los pensionados y los trabajadores continúa con la insistencia en recortar las pensiones a más de 50,000 jubilados(as). Tenemos que tirarnos a la calle a exigir que se cumpla con la Ley para un Retiro Digno, que es el único escudo que protege las pensiones presentes y futuras. Ese escudo protege, además, los servicios esenciales a los que tiene derecho el pueblo. Tenemos que reclamar al Congreso de Estados Unidos la salida de la Junta, encaminar un proceso de auditoría de la deuda, implantar un plan de desarrollo económico y llegar a un acuerdo justo de reestructuración o cancelación de la deuda. De este modo se protegen las pensiones y los servicios esenciales.”
Los portavoces presentaron un documento que enumera los graves daños a Puerto Rico causados y proyectados por la Junta.
“Repudiamos que la Junta de Control Fiscal haya cerrado 423 escuelas, recortado $95 millones a los estudiantes de educación especial, recortado $461 millones a la Universidad de Puerto Rico, recortado $220 millones a los municipios. Repudiamos que la Junta le haya regalado $750 millones a LUMA. Repudiamos que la Junta impida el aumento salarial de maestros, bomberos, oficiales de corrección, empleados de Hacienda y a todos los empleados del gobierno. Repudiamos que la Junta impida el restablecimiento de los derechos laborales de más de 600,000 los trabajadores del sector privado que se logra con la aprobación del Proyecto de la Cámara número 3. Repudiamos la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y la pretensión de privatizar el servicio de agua y de carreteras. Repudiamos que la Junta no proteja los servicios esenciales e imponga aumentos de tarifas en agua, luz, peajes y matrícula en la UPR. Tenemos que salir a la calle, a manifestar nuestro repudio absoluto a la Junta de Control Fiscal y exigir un acuerdo de justicia social y económica con el pueblo y desde el pueblo. Sobran las razones para decirle NO a la Junta”, concluyeron.