La Asociación de Constructores de Puerto Rico, así como tres agencias gubernamentales, se opusieron en vistas públicas a un proyecto de ley para detener por cinco años cualquier construcción en las costas de Puerto Rico.
La medida, de la autoría de la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, fue discutida en vistas públicas donde una oceanógrafa geológica recomendó la moratoria por tres a cinco años. La discusión de la pieza se da en momentos en que existe una controversia pública y legal por el desarrollo de una piscina en la playa de Rincón. Así mismo, la pieza legislativa se discute en el marco del calentamiento global.
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La Asociación de Constructores calificó la medida como irrazonable, confiscatoria de propiedad privada e innecesaria. “La forma de proteger los bienes públicos y privados en la franja de mil metros, alrededor de la Isla, que se extiende 10.35 millas más afuera, conocida como la zona costanera, no es prohibiendo de la actividad de construcción en la totalidad de la misma. Las medidas, o instrumentos jurídicos apropiados, según reza el PS43, para canalizar la actividad de construcción en dicha zona existente, no siendo necesario, por ende, la moratoria”, sostuvieron en su ponencia.
La moratoria que se propone en el PS43 es de un periodo de cinco años en el cual “se prohíbe cualquier nueva construcción, lotificación, obra de desarrollo o proyecto en la franja costanera que está sujeta al impacto del alcance del oleaje destructivo hasta donde sea la penetración que haga daño estructural o alcance erosión definida”.
La Comisión también citó a deponer a varias agencias de gobierno como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación de Puerto Rico. Estas tres agencias no avalan el proyecto tal cual está redactado, ya que existen leyes y reglamentos con los que se pueden trabajar para atender el asunto que propone la medida.
“Existe una amplia normativa dirigida a proteger la zona costanera y marítimo terrestre, y se ha delegado en las agencias la facultad de reglamentar las lotificaciones y construcciones en las mismas con el propósito de maximizar su aprovechamiento y protección”, detalló en su ponencia escrita la Oficina de Gerencia de Permisos.
Mientras que la doctora, Maritza Barreto Orta, Oceanógrafa Geológica y profesora de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR, sostuvo que “la razón de la moratoria es para pensar sobre todos los instrumentos de planificación que se necesitan y no tenemos… [Por eso de tres a cinco años] es un periodo adecuado para que se den todos los procesos de una manera pensada y sin prisa”. Asimismo, expresó que su apoyo al PS43 se basa “en el análisis de datos e información obtenidos en estudios que hemos realizado sobre el estado de la costa de Puerto Rico, experiencias observadas sobre los impactos sobre la costa de eventos tales como el Huracán María, marejadas asociadas a eventos extratropicales como lo fue Riley en marzo del 2018 y observaciones de campo recientes”. También, recomendó aclarar “si el uso del concepto Zona Costanera conlleva o implica la delimitación de la extensión de la franja a aplicar la moratoria. [Ya que] el utilizar este concepto podría traer confusión en el proceso de implantación”.
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Ante preguntas de la senadora, Ana Irma Rivera Lassén, sobre las zonas en riesgo aledañas al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en un escenario de aumento de nivel del mar, la doctora Barreto Orta dijo que “de dos a tres pies, mayormente a tres pies, ya ahí tenemos unos problemas serios… áreas bien seguras yo diría, que el Aeropuerto de Aguadilla, sería nuestra alternativa. Si no se toman las medidas para la protección de ese escenario de infraestructura crítica en el caso de Carolina; la opción de nosotros es Aguadilla. Así que hay que mirar y pensar hacia Aguadilla”.
Por su parte, el senador José Vargas Vidot expresó que “[esto] no es un asunto de poner tiempo a lo loco… Identificar las estrategias de protección y adaptación según las realidades geográficas, eso es importantísimo, eso no se da de la noche a la mañana. Si cualquier persona tiene alguna duda de que esto es un proyecto para serrucharle el palo a alguien, no es así. Esto es un proyecto responsable que habla de una visión holística e integral”.
Mientras, la senadora Santiago Negrón expresó que “es algo anómalo que tengamos que considerar una moratoria, considerando o sabiendo que existe un ordenamiento que al menos parcialmente establece ciertas protecciones… Pero ha sido evidente que, hasta hoy, [esas Leyes, protecciones y reglamentos existentes], no han detenido el abuso del derecho”.
La vista pública fue ante la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor presidida por la senadora Gretchen Hau.
“Hoy, damos continuidad a la vista ocular realizada el pasado viernes en el Centro Vacacional Punta Guilarte, en Arroyo, en la cual constatamos la pérdida de 40 a 50 metros de costa, lo que afecta las estructuras que son parte del Complejo Vacacional ubicado en el lugar. Según conversaciones sostenidas con expertos en temas ambientales, lo que ocurre en Arroyo se repite a través de toda la isla y el impacto afecta las estructuras erigidas en la zona marítimo terrestre”, expresó Hau al inicio de la audiencia. Añadió que este “proyecto pretende establecer un espacio para aunar esfuerzos que permitan encontrar soluciones enmarcadas en la crisis ambiental que afecta al mundo”.
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