El director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge Galva, aclaró esta tarde que el Plan Vital del Gobierno de Puerto Rico debería contar con los fondos suficientes para el próximo año fiscal federal, a pesar de el financiamiento actual dura hasta el 30 de septiembre.
Galva dijo esperar que los fondos se aprueben a través de una asignación en el próximo presupuesto o, aun con mayor probabilidad, mediante la aprobación de una resolución continua, mecanismo que se utilizó en el 2019.
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Esto, a pesar de que en entrevista radial más temprano aseguró que unas 750 mil personas estarían en riesgo de quedarse sin la tarjeta de salud del Gobierno pues las posibilidades de que se apruebe el proyecto en la legislatura federal serían de “50/50”.
Galva, aclaró en sus declaraciones escritas que no vaticinó que el Gobierno de Puerto Rico recorte beneficiarios del Plan Vital ni que sus servicios se afecten.
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“Estamos realizando todos los esfuerzos a nuestro alcance para lograr un acuerdo bipartidista que apruebe cinco años de financiamiento. Ante el poco tiempo que resta hay una posibilidad que no se logre aprobar la asignación dentro del presupuesto, pero toda la información que hemos recibido apunta a que Puerto Rico se va a beneficiar de una resolución conjunta. Esta situación no es única”, sostuvo Galva.
Aunque para el próximo 30 de septiembre cumple el término para que el programa reciba la asignación presupuestaria requerida, que podría ascender a $2,700 millones, la agencia dijo haber recibido el espaldarazo de funcionarios que consideran que los fondos se pueden distribuir luego del endoso de la resolución.
En Puerto Rico hay aproximadamente 1,500,000 beneficiarios del Plan Vital, nombre que se utiliza para los asegurados de Medicaid. Ante el peor escenario, de no aprobarse una asignación presupuestaria o la resolución, Puerto Rico perdería $1,500 millones, pero las autoridades no vaticinan que esto ocurra debido a un consenso del Congreso para mantener el programa con la misma cantidad de fondos.
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Galva también adelantó que su dependencia evalúa si Medicaid puede financiar la prueba obligatoria de COVID-19 que requerirán algunos empleados del sector privado por la nueva Orden Ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi.
