El gobernador Pedro Pierluisi volvió a reclamarle a la compañía Luis Ayala Colón y a la unión ILA Local 740 por el alegado daño que el conflicto obrero patronal en el muelle de San Juan está provocando en la economía del país y les exigió que decreten una “tregua” de 30 días en la que reanuden operaciones mientras continúan negociando un acuerdo sobre la disputa.
Ayer, Pierluisi solicitó al gobierno federal que interviniera en el conflicto mediante la presentación de un interdicto judicial que busque un cese y desista de la paralización de operaciones, una movida con pocas probabilidades de éxito, de acuerdo con abogados consultados por este medio.
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“Yo lo que le pido a ambas partes es que piensen en Puerto Rico. Que en vez de pensar, por un lado, en la compañía y, por el otro, en la unión, piensen en Puerto Rico, porque le están haciendo un grave daño a Puerto Rico como resultado de este paro. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, específicamente el secretario del Trabajo (Carlos Rivera Santiago), es que se acordara una tregua de por lo menos 30 días y siguieran negociando de buena fe con la asistencia del secretario y ni eso acordaron. Es una intransigencia total que le causa un daño al pueblo de Puerto Rico”, manifestó el gobernador.
A preguntas de este medio, el primer ejecutivo admitió que el gobierno no contaba con un estimado del daño económico que provocaba el paro laboral.
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Hoy, sin embargo, la Autoridad de Puertos demandó a la compañía y la unión, reclamando daños ascendentes a $400,000.
“Estamos hablando de la industria farmacéutica que se está impactando, de necesidades básicas del pueblo, tanto como la sal, el azúcar, la manteca, por mencionar tres”, dijo el mandatario.
Pierluisi explicó que el estado de derecho vigente le impide, como gobernador, intervenir legalmente en conflictos obrero-patronales en el sector privado, a menos que ocurran violaciones de ley o actos violentos. No obstante, aludió a que el presidente de Estados Unidos pudiera tomar acción judicial.
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Además de solicitar la intervención del Departamento de Justicia federal, Pierluisi escribió cartas al Servicio Federal de Mediación y Conciliación a la Junta Federal de Relaciones del Trabajo.
En Puerto Rico, Rivera Santiago ha mediado infructuosamente en el conflicto entre las partes, aunque Pierluisi subrayó que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) continúa dispuesto a servir de puente para un acuerdo.
“La única persona que tiene ese poder es el presidente de Estados Unidos, que puede nombrar, bajo la Ley Taft-Hartley, una junta que lo asesore y, si la junta lo recomienda, pedirle al secretario de Justicia de Estados Unidos que solicite un interdicto ante los tribunales federales para que cese el paro”, dijo Pierluisi.
El primer ejecutivo reconoció que, hasta el momento, no había recibido respuesta de ninguna de las entidades federales a las que solicitó intervención.
“No anticipo que sea una respuesta así tan rápida. Pero sí está sometido y lo tienen que evaluar. Mínimo yo esperaría que tanto el Servicio de Mediación Federal como la Comisión de Relaciones Obrero Patronales entren, le den más urgencia, que atiendan este asunto con mayor sentido de urgencia ante el impacto que está teniendo este paro en la economía de Puerto Rico y el bienestar de nuestro pueblo”, dijo Pierluisi.
No obstante, dos exsecretarios del Trabajo se manifestaron escépticos de que el gobierno federal esté dispuesto a intervenir en la controversia entre los estibadores y la empresa marítima.
“Hay una disposición en la Ley de Relaciones del Trabajo federal para impedir cualquier huelga, pero esa disposición se hizo para casos de guerra y que esté amenazada la nación de Estados Unidos. El gobernador está estirando eso a la economía porque no hay un estado de guerra, pero sí está amenazada la economía”, dijo Frank Zorrilla, quien dirigió el DTRH bajo la gobernación de Sila Calderón.
Ruy Delgado Zayas, también exsecretario de la agencia, coincidió en que con el conflicto no se ve amenazada la “seguridad nacional” de Estados Unidos.
Pierluisi, de otra parte, admitió que consultó la posibilidad de activar la Guardia Nacional para llevar a cabo las funciones de desembarco y estiba que se encuentran paralizadas, pero el ayudante general del cuerpo castrense, José Reyes, le indicó que no contaba con el personal capacitado para ese trabajo.
Ante los planteamientos de que Luis Ayala Colón, tras su fusión con Tote Maritime, cuenta con un virtual monopolio de las operaciones del muelle de San Juan que eleva la probabilidad de este tipo de conflictos, Pierluisi dijo que es un asunto que ya pasó el cedazo de la Comisión Marítima Federal, así como la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.
“Continúa bajo su vigilancia. Pero una cosa no tiene que ver con la otra porque de lo que estamos hablando es de un conflicto obrero patronal y ambas partes, obrero y unión, son responsables de este paro”, insistió el gobernador.
