Pese a una solicitud del gobernador Pedro Pierluisi, resulta poco probable que el gobierno federal y el presidente estadounidense Joe Biden intervengan en el conflicto obrero-patronal en el muelle de San Juan entre la empresa Luis Ayala Colón y la Unión de Trabajadores de los Muelles — International Longshoremen’s Association (ILA Local 1740)— ya que no se trata de un conflicto que pudiera impactar la seguridad nacional del país.
Así opinaron hoy los exsecretarios del Departamento del Trabajo Frank Zorrilla y Ruy Delgado Zayas, quienes también indicaron que las negociaciones entre ambos sectores deben continuar, pero sin la paralización de labores en el muelle. El impasse entre la empresa Ayala Colón y la ILA ha durado poco más de dos semanas y mantiene detenido la descarga de los contenedores con mercancía internacional.
PUBLICIDAD
“En términos legales no veo qué intervención pueda tener el presidente [Biden] aparte de hacer una exhortación a que se llegue a un acuerdo”, dijo Delgado Zayas, quien comentó además que es improbable que el presidente intervenga ya que no está amenazada la seguridad nacional.
Mientras que Zorrilla coincidió con Delgado Zayas, por separado, y señaló que el gobernador se está amparando en el impacto económico del cierre para justificar una intervención del gobierno federal en dicho conflicto obrero-patronal. “Hay una disposición en la Ley de Relaciones del Trabajo federal para impedir cualquier huelga, pero esa disposición se hizo para casos de guerra y que esté amenazada la nación de Estados Unidos. El gobernador [Pierluisi] está estirando eso a la economía porque no hay un estado de guerra, pero sí está amenazada la economía”, señaló el exsecretario del Departamento del Trabajo durante el mandato de la exgobernadora Sila Calderón.
Sin embargo, Zorrilla indicó que la disputa obrero-patronal está perjudicando la economía del país y aseguró que el gobierno debe eliminar el monopolio en el Muelle de San Juan. Incluso, catalogó como una “imprudencia” que el gobierno permita a una sola empresa operadora en el muelle. Agregó que la División Anti-Monopolios del Departamento de Justicia no debió haber permitido que la empresa Luis Ayala Colón se convirtiera en la única empresa que administra la mercancía internacional que llega a la isla en San Juan. “Si el Departamento de Justicia no ejerce su función —y que conste que hay un buen secretario en el secretario [Domingo] Emanuelli— la Legislatura debe actuar en evitar de que haya un único operador en el muelle de San Juan”, mencionó. De acuerdo con Zorrilla, este tipo de controversia podría repetirse más adelante, por lo que insistió en que el gobierno local ponga punto final al monopolio en el muelle de San Juan.
Según ha trascendido, el conflicto obrero-patronal entre Luis Ayala Colón y la ILA surgió luego de que la empresa implantó un sistema de tecnología que requiere que los operadores introduzcan información en este sistema en tiempo real. La unión ha reclamado que estas funciones adicionales ponen en riesgo la seguridad de los operadores de carga.
Durante una conferencia de prensa hoy, Pierluisi instó a las partes a continuar las negociaciones —que actualmente son mediadas por el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera— e, incluso, aceptar una tregua de unos 30 días para que se permita el descargue de la mercancía internacional en los muelles.
PUBLICIDAD
“Eso es una discusión válida entre ellos [Ayala e ILA], pero esa discusión no puede afectar el interés público de todo un país, en una isla que gran parte de todo lo que llega, llega a través del Muelle de San Juan”, dijo Zorrilla.
Por su parte, Delgado Zayas también favoreció que las partes continúen negociando sin un paro ya que el impasse perjudica a la ciudadanía debido a que, entre la mercancía que se recibe, se encuentran medicamentos.
Pese a que el gobierno local no puede intervenir directamente al tratarse de un conflicto privado, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, presentó hoy una demanda contra la empresa Luis Ayala Colón y la ILA en la que reclama que ambas partes le han provocado daños ascendentes a $400,000 en cargos y que aumentarán de continuar el conflicto obrero-patronal.
