Epidemiólogos municipales, junto a líderes del Partido Popular Democrático (PPD), ripostaron a las expresiones que hiciera ayer el principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, José Becerra, quien ha señalado que los informes que emitía el Sistema Municipal de Investigación y Rastreo de Contactos (Smicrc) contenían errores e incluso malinterpretaban conceptos como los brotes de contagios.
“Hasta el momento, el doctor Becerra no me conoce, así que no puedo decir que me siento atacada por él porque en lo personal no hemos tenido comunicación. Más bien, yo siempre mantengo comunicación muy estrecha con el equipo regional, que es con quien trabajamos mano a mano lo de los brotes. Sí, escuchar quizás palabras para las que no estamos preparados, pues duele, pero entiendo que todavía falta por conocernos, conocer nuestra labor y lo que estamos realizando. Estamos en el comienzo de una reestructuración, así que es un proceso normal en el que quizás las tensiones que están ocurriendo a nivel central se están pasando a nivel municipal”, dijo Natalia Ruiz, epidemióloga en los municipios de Aguadilla y Quebradillas.
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De acuerdo con Ruiz, “siempre” ha sentido el apoyo a su labor de parte de las oficinas regionales del Departamento de Salud.
“Toda mi comunicación ha sido con mis epidemiólogos regionales, tanto de la región de Arecibo como de Mayagüez. Sé que hay unas cosas que están ocurriendo que no tengo todos los datos sobre otros colegas a nivel central, pero en mi opinión, como epidemióloga, estoy muy capacitada para trabajarlo”, recalcó la Ruiz en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Alcaldes.
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El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, cuyo municipio fue pionero en el rastreo de contactos de personas contagiadas en el Covid-19, criticó abiertamente la gestión que ha llevado a cabo Becerra desde que en mayo fue nombrado como principal oficial de epidemiología en Salud.
Desde su nombramiento, el Smicrc, que hasta entonces operaba con autonomía, fue colocado bajo la sombrilla de la Oficina del Principal Oficial de Epidemiología.
En los pasados dos meses, en tanto, han salido del Departamento de Salud funcionarios como Wilmarí De Jesús, quien lideraba la vigilancia de Covid-19 en el sistema escolar; Danilo Pérez, excoordinador de análisis de datos del Smicrc; y Yonaica Plaza, quien hasta la pasada semana dirigió el Smicrc. Plaza, a su salida, denunció un trato hostil de parte de Becerra, quien rechazó esa caracterización, aunque sí alegó deficiencias en el trabajo de la epidemióloga.
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Ya en marzo había renunciado la epidemióloga Fabiola Cruz, quien diseñó el primer modelo de rastreo de contactos, precisamente en el municipio de Villalba, y luego fue reclutada por el exsecretario de Salud Lorenzo González para coordinar el esfuerzo a nivel central desde el Smicrc.
“De alguna manera ha habido un trato hostil al sistema y los epidemiólogos municipales en todo este tiempo, pero se ha agravado de manera seria con la entrada del director de epidemiología José Becerra, quien de alguna manera ha menospreciado el trabajo de los epidemiólogos municipales durante todo este tiempo. Epidemiólogos que han manejado la pandemia en tiempo crítico cuando no había vacunas y que ahora se les está tratando de manera despectiva y que pone en tela de juicio su profesionalismo. Yo, desde la Asociación de Alcaldes, condeno las expresiones del doctor José Becerra, cuando expresó que los epidemiólogos municipales no sabían interpretar la definición correcta de lo que es un brote, y que esa era la justificación para enviar un correo electrónico para censurar el que los epidemiólogos pudieran informar a sus municipios de cuál era la situación en cuanto a los contagios”, subrayo el presidente de la organización que agrupa a los ejecutivos municipales populares.
Hernández añadió que, cada dos semanas, él y su homólogo de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, sostienen una reunión con el secretario de Salud, Carlos Mellado, o algún funcionario delegado, como Becerra o la principal oficial médico, Iris Cardona, y que nunca se les hizo algún señalamiento respecto a errores o falta de datos relacionados con los brotes.
En ese sentido, aseguró que, contrario a lo que planteó ayer Becerra, el Departamento de Salud, a nivel central, tiene conocimiento pleno de la cantidad de brotes en el país. Becerra admitió que el Departamento de Salud ha retenido información al público y ha impedido que los epidemiólogos hablen directamente con la prensa, bajo la premisa de que es necesario que los datos sean analizados primero a nivel central.
Sin embargo, hasta ahora no se han brindado ejemplos concretos de instancias en que la información recopilada a nivel municipal fuera incorrecta.
“Mi región, en Ponce, no he recibido ninguna información de que la entrega de estos resúmenes de brotes no sean verdaderos. Yo puedo hablar de Villalba, que es donde tengo visibilidad, y en nuestro municipio hay un brote que se reportó a la región de Ponce y está bajo control. Sí estamos reportando los brotes, no sé por qué (Becerra) dice que no tiene visibilidad de los brotes a nivel de Puerto Rico. Desde que comenzó la pandemia hemos identificado brotes y se han estado realizando informes desde el principio hasta estos momentos”, dijo por su parte Angely Pabón, actual epidemióloga en ese municipio.
El representante Juan José Santiago, por su lado, indicó que la Comisión de Salud de la Cámara baja, presidida por Sol Higgins, se propone realizar vistas públicas para atender el tema de las renuncias que se han producido en el Departamento de Salud y el alegado mal trato que han recibido los empleados de encargados de atender la pandemia.
Permanencia a sistemas municipales
Santiago y su colega representante Orlando Aponte Rosario informaron, además, que cuando inicie la próxima sesión ordinaria se atenderá un proyecto para institucionalizar la Oficina de Salud Pública y Epidemiología en cada ayuntamiento.
La idea es que estas oficinas, que se crearían mediante enmiendas al Código Municipal, serían sufragadas en sus primeros años por fondos federales sobrantes de la Ley Cares y la Ley ARPA, que en conjunto han asignado cerca de $5,000 millones a Puerto Rico.
A largo plazo, dijo Santiago, las oficinas operarían con una combinación de fondos municipales, estatales y federales.
“Este proyecto lo que busca es que, además de manejar la pandemia, se trabajen otro tipo de brotes o (epidemias) que puedan ocurrir. Además de trabajar información y hacer investigación. Todas estas cosas son recipientes de fondos federales que pueden sostener estas oficinas”, terció Hernández.
Escucha el podcast Con los Editores, en el que hablamos con dos exintegrantes del sistema de rastreo:
