Luego de que múltiples manifestantes derribaran hoy parte del muro en construcción del condominio Sol y Playa en Rincón, la presencia policiaca aumentó en horas de la noche del sábado en el campamento en la Playa Almendros.
Así lo mostró la organización Brigada Legal Solidaria en un video en vivo a través de Facebook.
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“Esto se llama represión, porque no hay razón. Esto es una playa pública y aquí no hay ninguna comisión de delito. Cuál es la razón por la cual expusieron a estos guardias e interfirieron con todas las casetas de estas personas”, cuestionó el portavoz de Brigada Legal Solidaria en el video.
Durante las pasadas dos semanas, manifestantes se han congregado en las instalaciones adyacentes al condominio para evitar el proceso de construcción. Asimismo, desde horas de la mañana de hoy, sobre dos centenas de manifestantes llegaron para continuar con la protesta.
El conflicto principal yace en que el proceso de construcción que se intenta realizar en el condominio está muy cerca de la playa, al punto de que se han avistado careyes llegando al lugar para anidar.
La Junta de Titulares del condominio Sol y Playa, en Rincón, informó hoy que pondrá “en pausa voluntariamente” las labores de reconstrucción de una piscina a pies de la costa de la Playa Almendros.
Sin embargo, el organismo mantuvo su posición de contar con la validez de los permisos que permite la Ley.
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El viernes de la pasada semana, el DRNA ordenó un “cese y desista” que ordenaba paralizar las labores. No obstante, horas después del anuncio, el secretario de la agencia, Rafael Machargo Maldonado, informó que el documento fue enmendado para aclarar que la paralización solo se limitaba “al área que quede fuera del área a ser cerrada”.
Desde entonces, las protestas han incrementado.
Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi instó a los manifestantes el sábado a través de sus redes sociales a tener prudencia y respeto.
“El derecho a protestar es incuestionable, pero no hay derecho a la violencia ni al daño a la propiedad privada, porque eso es un delito”, comentó Pierlusi.
“Se puede diferir, pero tenemos que defender los derechos de todos. El Gobierno de Puerto Rico tiene el deber de asegurar esos derechos, y de ser necesario, la Policía de Puerto Rico intervendrá para garantizar el orden”, añadió el gobernador.
