Más de 100 colombianos, entre civiles y policías, resultaron heridos el 20 de julio durante las multitudinarias protestas contra el gobierno en las que se presentaron brotes de violencia al finalizar una jornada mayoritariamente pacífica, especialmente en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.
La Defensoría del Pueblo, entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos, indicó el miércoles en un comunicado que no han tenido conocimiento de ningún muerto durante la jornada de descontento, sin embargo, registró 50 personas lesionadas en todo el país, entre ellas 24 civiles y 26 miembros de la fuerza pública. Por su parte, la Policía señaló que el número de heridos ascendió a 95, con diferentes niveles de gravedad como contusiones, laceraciones, fracturas y quemaduras.
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“Estos policías fueron agredidos con elementos contundentes, armas y artefactos explosivos e incendiarios.”, dijo el director de Sanidad de la Policía, general Manuel Vásquez Prada, el miércoles en una declaración oficial.
Colombia atraviesa una crisis social en medio de la pandemia e intensas jornadas de protestas, cada vez en menor escala, mientras espera resolver problemas estructurales por medio de políticas públicas y proyectos de ley en el Congreso, que incluyen una nueva reforma fiscal impulsada por el gobierno que promete no presionar a la clase media y propuestas impulsadas por representantes de los manifestantes que incluyen gratuidad en la educación, una reforma a la policía y a la salud.
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“Los problemas siguen latentes, de modo que vamos a seguir teniendo jornadas y manifestaciones mucho más fraccionadas esperando soluciones del gobierno.”, dijo a The Associated Press Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
El 20 de julio, en un atípico Día de la Independencia de Colombia, más de 36.000 colombianos volvieron a las calles para exigir respeto por los derechos humanos, así como garantías sociales y económicas un país con profundas brechas sociales, en el que el 42,5% de su población estuvo en condición de pobreza durante el 2020, según las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Los manifestantes también reclamaron justicia para las decenas de muertos y miles de heridos que se han registrado en el país desde el 28 de abril, cuando iniciaron las protestas primero en contra de una reforma fiscal y luego contra la inequidad y los abusos policiales. El reporte oficial de la Fiscalía es de 28 muertes que guardan relación directa con la protesta, mientras que las organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch dicen haber recibido denuncias “creíbles” sobre 61 muertes y tener evidencia de que en al menos 25 de éstas habría responsabilidad de la policía.
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La Defensoría alertó que al menos dos personas fueron reportadas como “no localizadas” el 20 de julio en Nariño, al suroeste del país, por lo cual se activó el protocolo para verificar su paradero. La comunidad internacional, especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha llamado la atención sobre las denuncias de desaparición durante las protestas en Colombia. Según la Fiscalía, el mecanismo de búsqueda urgente se mantiene para 63 personas a corte del 11 de julio.
Durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, fueron detenidas 70 personas señaladas de delitos como porte de armas de fuego, daño en bien ajeno y obstrucción en vía pública. En días anteriores, fueron capturadas otras 60 personas más en operativos en los que se buscaba la “prevención de actos de criminalidad urbana”, según señaló la Policía.
