El Frente Amplio de Camioneros (FAC), que desde la medianoche detuvo la mayoría de sus servicios de transporte, colocó el balón en manos de la Junta de Control Fiscal (JCF), asegurando que la Asamblea Permanente del gremio se extenderá, al menos, hasta que el organismo se siente a dialogar sobre el reglamento que establece unas nuevas tarifas.
En una conferencia frente al muelle Ayala Colón en San Juan, representantes de la organización y su abogado, Rolando Emmanuelli, aseguraron que la carta que emitió anoche la JCF, rechazando el reglamento propuesto por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP), no se sostiene legalmente.
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“El Frente Amplio y todos los grupos que están bajo esta iniciativa de la Asamblea Permanente entienden que las tarifas se aprobaron cumpliendo con todos los requisitos de ley. La postura de la Junta sobre que no se cumplió con los requisitos de ley es incorrecta. Estamos dispuestos a sentarnos y explicarles por qué el reglamento es válido para que se ponga en vigor lo antes posible. La Junta ha hecho clara su intención de que se podía sentar y nosotros queremos reiterar que efectivamente nos podríamos sentar en una mesa y le podríamos explicar detalladamente por qué entendemos que el reglamento y las tarifas es válido en derecho”, recalcó Emmanuelli.
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Para el FAC, el NTSP tiene la obligación de poner en vigor el reglamento de manera inmediata, y correspondería a la JCF instar algún recurso judicial si entiende que el documento o las nuevas tarifas contravienen alguna disposición de la Ley Promesa.
De acuerdo con el gremio, continuar operando bajo el esquema tarifario anterior, que data del 2005, sería un acto ilegal tanto de los transportistas como de los dueños de la carga.
“Si yo, o un compañero, entra ahora mismo y saca un contenedor bajo tarifa, es un violador de la ley y se le pueden imponer $10,000 a él y a la compañía”, sostuvo Edwin Marrero, presidente de la Asociación de Camioneros de Arrastre.
“La Junta no puede pretender que el pueblo, un trabajador, sea un violador de ley”, insistió Marrero.
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Anoche, tras revisar cientos de páginas de documentos solicitados al NTSP el pasado lunes, la JCF concluyó que la adopción del reglamento que contiene las tarifas contravendría el plan fiscal certificado del gobierno.
“Específicamente, parece que el proceso utilizado por el NTSP incumplió con los requerimientos de la LPAU (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme). Por ejemplo, la notificación pública del reglamento propuesto, publicada en noviembre de 2020, falla en proveer un resumen adecuado o explicación breve de la regulación, según requerido por el plan fiscal y la LPAU y no hace referencia a contratos privados”, lee parte de la misiva, firmada por Jaime El Koury, asesor legal de la JCF.
“Debido a que la regulación propuesta no cumple con el plan fiscal, la Junta de Supervisión no puede aprobar su implementación en este momento, particularmente con respecto a contratos privados. Dicho eso, como parte de su compromiso de trabajar juntos para beneficio del pueblo de Puerto Rico, la Junta de Supervisión está dispuesta a trabajar con el NTSP para promulgar una regulación en cumplimiento con el plan fiscal que logre el objetivo de la regulación propuesta, incluyendo un aumento apropiado en las tarifas de carga, excluyendo los contratos privados”, añade la comunicación de la JCF, que sostiene que el organismo puede intervenir en la reglamentación promulgada por el gobierno al amparo de la sección 204 de la Ley Promesa.
En el FAC, sin embargo, tronaron contra la definición de la JCF en relación a que el reglamento que finalmente se implemente debe excluir la contratación privada.
“Aplican a todos los camioneros. No es cierto lo que se está diciendo en los medios de que hay unos contratos privados que no están reglamentados por la Comisión de Servicio Público o por el NTSP. Todos los concesionarios del negociado tienen que cumplir con las tarifas según establecidas por el negociado”, dijo Emmanuelli.
“La tarifa es para los transportistas, mediante paga. Taxis, grúas, las guagüitas que llevan el gas a su casa, las ambulancias, los camiones de arrastre, transporte turístico… Todo lo que es transporte mediante paga es regulado por el NTSP y tienen el deber de hacerlo”, añadió Marrero.
El líder transportista insistió que la oposición de la JCF al reglamento tiene como fin desregular el mercado de transporte de carga en Puerto Rico, algo que, aseguró, sería descabellado en un archipiélago como Puerto Rico.
“Quieren dejar que sean los puños, las patadas, las pedradas y las trifulcas lo que resuelva asuntos de negociación entre los dueños de la carga y los camioneros”, puntualizó Emmanuelli.
Marrero, por su parte, recalcó que el transporte de suministros esenciales, como el diésel para hospitales, las medicinas, el correo y potenciales situaciones de emergencia están exentas del paro derivado de la Asamblea Permanente.
El presidente de la Asociación de Camioneros de Arrastre aseguró que, a consecuencia del paro, el “99%” del transporte de carga en el país estaba detenido.
Hoy, la Asociación de Detallistas de Gasolina, producto que sí se ve afectado por la Asamblea Permanente, estimó que Puerto Rico cuenta con abastos para una semana, si el consumo se mantiene a un nivel ordinario.
Las tarifas propuestas en el reglamento brindarían a los transportistas un aumento en su compensación de 35% con respecto a las que se aprobaron en el 2005.
