Si bien se mantiene viva la pugna sobre la elegibilidad de Ricardo Rosselló para figurar como cabildero electo, al tiempo que sigue su curso una investigación criminal por posible perjurio y delitos electorales, el gobernador Pedro Pierluisi le dio la bienvenida al ex primer ejecutivo al sexteto de los llamados delegados congresionales que impulsarán la estadidad en la capital federal.
Rosselló, quien inicialmente se vio impedido de recibir la certificación ante una sentencia del Tribunal de San Juan, juramentó ayer en Washington D.C. como cabildero ante la Cámara de Representantes federal, luego de que un panel del Tribunal Apelativo concediera una moción de auxilio de jurisdicción solicitada por el Partido Nuevo Progresista.
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“No voy a estar especulando sobre esas cosas. Hay una investigación en curso, en manos del Departamento de Justicia, están los procesos judiciales que acabamos de mencionar. Cada una de esas entidades o instituciones cumplirá con su responsabilidad y, en su momento, uno reacciona si surge cualquier situación. Pero yo no debo estar especulando ni adelantando criterio”, insistió el gobernador al cuestionársele sobre las implicaciones de tener a Rosselló impulsando la estadidad paralelamente a las controversias sobre si retendrá su escaño y la posible presentación de cargos criminales.
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Aunque el Tribunal de Apelaciones concedió el martes la moción en auxilio de jurisdicción que levantó la prohibición a que la Comisión Estatal de Elecciones lo certificara como cabildero, el panel aún no ha entrado en los méritos de la decisión de la jueza Rebecca de León Ríos, quien tras evaluar la prueba disponible y celebrar dos vistas orales concluyó que Rosselló no era elegible debido a que incumplía con los requisitos de domicilio y residencia contenidos en el Código Electoral y la Ley 167-2020.
Asimismo, desde inicios de junio, dos fiscales del Departamento de Justicia evalúan los referidos de los comisionados electorales de los partidos de oposición, que consideran que Rosselló cometió perjurio y violaciones a la Ley Electoral al solicitar y emitir votos ausentes consignando como domicilio una dirección que corresponde a su suegro.
Ayer, además, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo “Toñito” Cruz, señaló que, en los documentos para obtener su certificación, Rosselló brindó información contradictoria sobre su domicilio electoral.
Otra posible ilegalidad se relaciona con el hecho de que Rosselló votó tanto en la elección especial de los cabilderos, el 16 de mayo, como en los comicios para llenar una vacante legislativa, el 21 de marzo, mientras estaba inscrito en el registro electoral del estado de Virginia.
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Destaca su “amplio acceso” en Washington
“Ahora lo importante es que se una a los otros cinco delegados y delegadas y los seis hagan su trabajo. Es decir, que aboguen en el Congreso y todos los foros disponibles por la igualdad de los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Todos están enfocados en la meta común, esa igualdad que garantiza la estadidad. Todas esas voces aportan, los seis son diferentes. Cada uno tiene sus destrezas y su acceso”, indicó Pierluisi durante una rueda de prensa improvisada tras supervisar los trabajos de una tubería de transmisión de agua potable en el Caño Martín Peña.
Rosselló “tiene amplio acceso comoquiera que sea y conoce el tema muy bien. Puede argumentar a favor de esa igualdad muy bien, al igual que los demás. Se complementan unos a otros y hay gran diversidad en esa delegación. Lo importante es que ahora cumplan todo su cometido. Prfaa (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico) le va a dar todo el apoyo que necesitan y rendirán sus informes según requiere la ley, cada 90 días. Quiero ver que estén trabajando a tiempo completo en esto como la ley lo pide. Yo le doy la bienvenida a esta delegación porque lo que están haciendo es responder al voto del pueblo en el pasado mes de noviembre”, manifestó el primer ejecutivo.
Entre las controversias pendientes con relación a la delegación se encuentra el financiamiento de los salario y gastos, que ascienden a $120,000 por cada cabildero, puesto que el presupuesto certificado de Prfaa no incluyó una partida para ese fin.
