LUMA Energy deberá responder solicitud de información de la Cámara de Representantes
La demanda de la Cámara de Representantes regresa al Tribunal de Primera Instancia en donde se ordenó que la empresa tenía que entregar la documentación solicitada.
La jueza federal Laura Taylor Swain devolvió la reclamación de la Cámara de Representantes contra LUMA Energy al Tribunal de Primera Instancia al tiempo que determinó que la controversia entre el cuerpo legislativo y la empresa no está relacionada al proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El pasado 25 de junio, el juez Anthony Cuevas ordenó a la empresa entregar la información que solicitó el cuerpo legislativo en torno a la operación de dicho consorcio energético.
A raíz de este dictamen, LUMA Energy trasladó la acción judicial al Tribunal Federal en un intento por detener la orden del juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que les ordenaba entregar la información solicitada. Incluso, en dicho recurso al Tribunal Federal, LUMA Energy argumentó que los constantes pedidos de información del cuerpo legislativo buscaban "interrumpir" las labores de la empresa. Plantearon también que el representante popular Luis Raúl Torres "hostigaba" a la empresa con los requerimientos de información.
En dicho recurso el pasado 25 de junio, la empresa indicó que el caso debía atenderse en los procesos de Título III de la corte federal —que preside la jueza federal Swain— donde se dilucida la bancarrota del gobierno y de la AEE ya que, supuestamente, amenazaba el proceso de reestructuración de la deuda.
Sin embargo, Swain no acogió los planteamientos de LUMA Energy ya que no pudieron probar que la solicitud de información de la Cámara tuviera algún efecto en el proceso de quiebras de la AEE.
"Mientras los demandantes [LUMA Energy] afirman que la Legislatura están convirtiendo en un arma sus poderes para requerir información, estos no han podido presentar hechos que indiquen un impacto específico de estas solicitudes en la administración de los activos y la propiedad de cualquier acreedor en los procedimiento de Título III", señaló la jueza en una escueta orden de tres páginas.
"Por tanto, los reclamantes no han podido probar que el resultado del litigio en torno al acceso a información podría impactar los derechos y obligaciones de la AEE, o que esto podría tener un efecto en el ajuste de las deudas o el trato a las propiedades de los acreedores en el proceso de Título III", continuó.