El Senado aprobó hoy un proyecto cameral que elimina dos artículos del código penal que criminalizan ciertas actividades de expresión pública durante una protesta.
Dicho lenguaje fue incorporado temprano en el 2017 como respuesta de la administración del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, a las protestas universitarias emprendidas por estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y que mantuvieron casi todas las unidades del sistema cerradas por meses.
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Uno de los artículos en cuestión, el artículo 200, cataloga como delito grave con una pena de reclusión fija de tres años impedir la entrada de empleados y vehículos en desarrollos y proyectos de construcción, mientras que el otro, artículo 247, clasifica como delito menos grave obstruir el acceso a instituciones educativas, de salud o edificios de servicios gubernamentales.
La medida fue presentada inicialmente por la delegación cameral del Partido Popular Democrático, liderada por Rafael Hernández Montañez.
Esto supone ser la segunda vez que la Legislatura deroga este lenguaje en el código penal, luego que hicieran lo mismo en el 2013 con un proyecto de reforma al Código Penal que también fue presentado por una mayoría popular. De hecho, el lenguaje restrictivo remonta a la administración del gobernador Luis Fortuño Burset, en respuesta a las manifestaciones que impidieron el desarrollo del proyecto Vía Verde. En ese momento, se le apodó a la medida como la “Ley Tito Kayak”.
