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El gabinete español indultó el martes a nueve instigadores del intento secesionista catalán de 2017, una decisión que se tomó, según el presidente del gobierno Pedro Sánchez, “por la concordia”.
“El gobierno ha tomado la decisión porque es la mejor para Cataluña y la mejor para España”, dijo Sánchez en un breve discurso televisado. “Esperamos abrir una nueva etapa de diálogo y tender nuevos puentes de concordia”.
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado en 2019 a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos, saldrá en libertad junto con sus compañeros luego de tres años y medio tras de las rejas.
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Los otros ocho incluyen a exmiembros del gabinete catalán, el expresidente del Parlamento catalán y dos líderes de grupos separatistas de la sociedad civil que habían recibido condenas que iban de nueve a 12 años.
Los indultos anularon los años restantes de las condenas, pero se mantuvo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El gobierno dijo que se pueden revocar los indultos si los beneficiarios intentan liderar otro intento separatista.
La derecha española y varios sectores de la izquierda se oponen a la medida, lo que supone una arriesgada apuesta política para el socialista Sánchez.
Pero su coalición de izquierda en minoría necesita el voto de los legisladores catalanes para aprobar presupuestos y leyes importantes. Y el jefe del gobierno insiste que la intransigencia e inacción de gobiernos anteriores de derechas no resolvieron el conflicto, que siguió profundizándose.
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Con esta medida se saca a nueve personas de la cárcel, pero se suman millones a la coexistencia, dijo Sánchez el lunes en Barcelona, la capital regional, en un discurso en que anunció los indultos.
El principal organismo europeo de derechos humanos, el Consejo de Europa, respaldó los indultos en una resolución aprobada el lunes por la noche. Pero las recomendaciones no vinculantes criticaron a España por cercenar la libertad de expresión de los políticos catalanes. El Ministerio del Exterior español respondió que los separatistas fueron condenados por los tribunales por violar leyes, no por expresar su deseo de independencia.
Las tensiones provocadas por el deseo de secesión catalana, una región de 7,5 millones de habitantes, aumentaron bruscamente hace una década en medio de las penurias de la recesión y el malestar con un gobierno de derecha que se oponía a otorgar una mayor autonomía.
En octubre de 2017 los separatistas aprobaron una declaración unilateral de independencia basada en los resultados de un referendo declarado ilegal por los tribunales. Los unionistas boicotearon la votación y el gobierno trató de impedirla por medio de la represión policial.
