Documentos confidenciales del Departamento de Justicia se encuentran en peligro luego de que la agencia no desactivara, y se siguieran usando, cuentas de empleados que dejaron de trabajar en la dependencia del Gobierno hasta nueve años después de sus salidas.
Una auditoría de la Oficina del Contralor que detalla de dos hallazgos señala que, transcurridos hasta nueve años, el Departamento no había desactivado el 42% de las cuentas de acceso de exempleados, excontratistas, ni de empleados que habían cesado su destaque. Los auditores de la Contraloría identificaron que el 49% de estas cuentas se siguieron utilizando hasta seis años después de la separación del usuario del Departamento.
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“Estas situaciones pueden propiciar que personas no autorizadas logren acceso a información confidencial y a que se altere por error o de forma intencionada, los datos contenidos en los sistemas del Departamento. El Informe recomienda desactivar de inmediato dichas cuentas y que se establezca un procedimiento que notifique a la Oficina de Informática el cese de un usuario en sus funciones”, lee parte del comunicado.
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Además, el informe revela que el Plan de Respuesta de Emergencias y Recuperación, carece de información necesaria para atender situaciones de emergencias. Este Plan, aprobado el 20 de marzo de 2019, no incluye los nombres y números de teléfono de los proveedores primarios, el procedimiento para efectuar pruebas en el centro alterno, ni información de los sistemas operativos y los archivos críticos de la Oficina de Informática.
Esta situación, contraria a las Guías de la National Institute of Standard and Technology (FISCAM), podría propiciar que, en casos de emergencia, se tomen medidas inapropiadas y sin orden alguno.
El Informe cubre el periodo del 10 de octubre de 2019 al 25 de septiembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
