La delegación legislativa del Proyecto Dignidad, compuesta de la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz, presentaron hoy un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre su demanda para detener la educación con perspectiva de género.
El juez superior del TPI, Anthony Cuevas, sostuvo en aquel momento que las demandantes no han sufrido daño alguno con el intento del gobierno de implementar un currículo de perspectiva de género tras anunciar el Estado de Emergencia para atender la violencia de género.
Según las legisladoras, “esta interpretación (del TPI) declaró que la referida legislación, era aplicable a todos los planteles del Departamento de Educación sin la necesidad de rendir los informes y someter sus recomendaciones a la Asamblea Legislativa, obviando lo establecido en dicha ley. Por lo cual, nosotras las legisladoras de Proyecto Dignidad le suplicamos al Tribunal Apelativo que decrete afirmativamente que la adopción de las Órdenes Ejecutivas 2020-078 y 2021-013 configuran una actuación del Ejecutivo que excede sus poderes constitucionalmente delegados”.
En la demanda, la senadora del partido Joanne Rodríguez Veve y homóloga en la Cámara de Representante, Lisie Janet Burgos Muñiz, argumentaron que la medida usurpaban los poderes de la Asamblea Legislativa de decidir si se implementa un currículo de educación como este.
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“Por lo cual solicitamos que se ordene un cese y desista de toda acción conforme lo contenido en las mencionadas Órdenes Ejecutivas. Nuestro compromiso con los padres y la niñez puertorriqueña es continuar dando las luchas desde nuestra trinchera política en contra de una ideología fallida y anticientífica, como lo es la ideología de género (perspectiva de género)” indicó la senadora Rodríguez Veve.
“Hemos sido consistentes de que este enfoque ideológico no atiende responsablemente la problemática de violencia y discrimen que nos arropa como país. No obstante, somos enfáticas en que el Ejecutivo no puede de ninguna manera, usurpar las prerrogativas que como funcionarias electas tenemos en la Asamblea Legislativa” enfatizó la representante Burgos.