Determinan causa para juicio contra Sandra Torres, exjefa del Negociado de Telecomunicaciones

La exfuncionaria habría organizado una actividad política para la campaña de Ricardo Rosselló en horas laborables.

Por Sadot Santana Miranda

La jueza Alexandra Rivera determinó hoy causa para juicio contra Sandra Torres, expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) por alegadamente haber violentado dos artículos de la Ley de Ética Gubernamental y el artículo 252 del Código Penal de Puerto Rico.

Torres habría organizado una actividad de recaudación de fondos para la campaña de reelección del entonces gobernador Ricardo Rosselló durante horas laborables. La Oficina del Fiscal Especial Independiente le imputó alegadas violaciones al artículo 4.2 (b) y 4.2 (m), que prohíben, respectivamente, que un funcionario use su cargo para obtener un beneficio que no esté permitido en ley y que ejerza influencia sobre otros empleados para que hagan contribuciones políticas o participen de actividades políticas. El tercer cargo contra la exfuncionaria es por violación al artículo 252 del Código Penal, que hace referencia al aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.

La lectura de acusación se fijó para el 24 de junio a las 10:00 a.m.

Al culminar la vista preliminar, Torres se limitó a insistir en su inocencia ante las violaciones éticas y criminales que se le imputan. "Me sostengo en lo que he dicho desde el día número uno: en mi inocencia total. La justicia divina prevalecerá", dijo la exfuncionaria al salir de la sala 606 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Mientras que el fiscal especial independiente Ramón Mendoza se mostró complacido con el dictamen de la jueza Rivera. "Conforme a la prueba, el Tribunal ha determinado correctamente causa en todos los cargos presentados", señaló el letrado al salir de la sala, quien prefirió no emitir comentarios en torno a si evalúan alcanzar un acuerdo con la acusada.

Durante la vista de hoy, los fiscales especiales independientes presentaron los testimonios de María Fullana, ex ayudante ejecutiva en la JRT; Agustín García, integrante del Comité de campaña de Ricardo Rosselló; Carla Fontánez, abogada de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y Angélica Morales, auditora de la OCE.

Durante la argumentación final ante la jueza Rivera, la abogada Carmen Quiñones —quien representa a Torres— cuestionó la veracidad y la sustancia de los testimonios de la recaudadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Katherine Erazo; Exel López, ex ayudante especial de Torres y Fullana. Además, indicó que, según reglamentación federal, la JRT no regula a las empresas de telecomunicaciones en el país. El planteamiento de la defensa surge luego de que varios testigos indicaron que Torres habría pedido dinero para la actividad a ejecutivos de las empresas que regula la agencia.

Pese a que no lo planteó durante la vista, Mendoza indicó, a su salida del Tribunal, que la Junta sí reglamenta a las empresas de telecomunicaciones del país.

"Es altamente claro que esta Junta sí regula lo que es el mercado de telecomunicaciones y un sinnúmero de detalles y procesos. Y no solo da a respetar la ley y los reglamentos, sino que protege al consumidor frente a lo que son estas empresas", indicó. Ayer, López testificó que Torres le entregó una lista con los nombres de ejecutivos de empresas de telecomunicaciones para que les pidiera que compraran una taquilla —valorada en $1,500 por persona— para la actividad de recaudación de fondos celebrada el 7 de junio de 2018 en una residencia en Montehiedra.

Durante la vista, el testimonio de Fullana implicó en varias ocasiones a Torres en la coordinación de la actividad de recaudación durante horas laborables. Incluso, la también abogada aseguró que se renunció a su puesto en la JRT debido a que en una ocasión le refirió a la exfuncionaria unas irregularidades que detectó con unas reclamaciones de la agencia a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Durante su testimonio, Fullana mencionó tres ocasiones en las cuales, durante horas laborables, Torres y López intentaron venderle las taquillas para el evento de recaudación para la campaña de Rosselló. En las tres ocasiones, Fullana aseguró que se negó ya que lo consideró "impropio".

La primera ocasión, según la ex ayudante ejecutiva en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, surgió en un momento en que entró a la oficina de Exel López y se encontró que este dialogaba con Katherine Erazo —recaudadora del partido Nuevo Progresista (PNP)— sobre una actividad política que sería celebrada el 7 de junio de 2018. “Ustedes están locos”, dijo Fullana que les dijo a ambos al ingresar a la oficina.

Luego, Fullana contó, a preguntas de la fiscal especial Leticia Pabón, que una segunda ocasión surgió cuando López se le acercó en el edificio de la Junta para decirle que Torres le pidió que comprara una taquilla para el evento. “Tú y Sandra se cree que yo cago plata?”, relató Fullana.

Una tercera ocasión, de acuerdo con el testimonio de Fullana, fue cuando la propia Torres le preguntó en horas laborables si había comprado la taquilla. “No traje la chequera”, dijo Fullana que le respondió a la funcionaria.

La abogada de Torres, por su parte, cuestionó a Fullana en torno a las razones de su salida de la JRT. La letrada planteó que Torres le habría notificado a Fullana que había recibido una queja anónima en su contra. Fullana aseguró que su renuncia de la agencia no respondió a dicha queja presentada en su contra.

Luego de haber sido cuestionada por la abogada de Torres, Fullana indicó que salió de la agencia por las "presiones de compra de taquillas" y por una situación de corrupción que supuestamente detectó en la agencia relacionada a reclamaciones de FEMA. "[Me fui por] situaciones que descubrí de corrupción donde habían documentos donde se repetían direcciones, documentos de compra, en el proceso de [huracán] María, donde la misma abogada que defiende hoy a Torres los defendió", dijo. Según testificó Fullana, le informó de estas irregularidades a Torres, pero que esta alegadamente prefirió defender al empleado de confianza que supuestamente orquestó dichas reclamaciones. Fullana, entonces, mencionó que entregó el informe a Torres y luego lo sometió al Departamento de Justicia.

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