El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) anunció el inicio de un proyecto que pretende incorporar sobre 239,000 propiedades a sus bases de datos, así como el potencial aumento en la valorización de otras 500,000, lo cual podría redundar en un incremento de decenas de millones de dólares anuales en ingresos para los ayuntamientos, si bien, de momento, se evitó ofrecer proyecciones concretas.
A través de un análisis fotométrico producto de capturas aéreas del 2017, el CRIM pudo identificar cientos de miles de terrenos y estructuras no tasadas, con lo que, a partir del mes de julio, comenzará un proceso de notificación a propietarios y el requerimiento de pagos que, según se indicó en la conferencia de prensa, serán exclusivamente de manera prospectiva.
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Asimismo, se anunció que el CRIM mantiene acuerdos con instrumentalidades como el Departamento de Hacienda, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y Permisos que le permitirán intercambiar y parear la información obtenida, a modo de facilitar la identificación de posibles evasores contributivos.
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El ingeniero Orlando Otero, de Omugen Engineering, compañía que elaboró el análisis para el CRIM, detalló que, a través del ejercicio comparativo que se hizo con las imágenes de 2007, se puede observar, por ejemplo, si en una parcela debidamente registrada y tasada se construyó una estructura que no ha sido registrada. De igual forma, el análisis permitió identificar mejoras que elevan el valor de las propiedades pero que no han sido considerados para propósitos de tasación y contribución, como lo sería la construcción de una piscina o de una segunda planta.
“En este proyecto no se va a aplicar nada a las propiedades que están debidamente registradas y en cumplimiento con el CRIM. Es nada más para lo que no esté registrado hoy día en el sistema”, aclaró Otero durante una conferencia de prensa.
Debido a que las imágenes utilizadas para el análisis datan del 2017, es posible que las propiedades y estructuras identificadas hayan sufrido daños a raíz de los huracanes Irma y María en septiembre de ese año, o en los terremotos de enero de 2020.
Ante esa u otras potenciales eventualidades, luego de que el CRIM informe a un dueño que identificó una propiedad no registrada, el propietario tendrá 30 días para aclarar el estatus y solicitar revisión, en caso de estar inconforme con la notificación. No sería hasta luego de concluido ese periodo y resueltas las objeciones que el CRIM procedería con la notificación de requerimiento del pago correspondiente.
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El informe que el CRIM utilizará como base detalla que el análisis fotométrico identificó 239,338 parcelas sin registro ni tasación, 517,505 propiedades con mejoras no tasadas y 25,951 piscinas no registradas.
Sobre este último renglón, Otero señaló que la existencia de piscinas fue validada por ojos humanos luego del reconocimiento del sistema tecnológico.
“No hay piscinas plásticas aquí”, dijo el ingeniero mecánico, quien subrayó que uno de los beneficios del proyecto será “legalizar” las exoneraciones que reciben los contribuyentes sobre el pago de impuestos por una residencia principal.
Evitan proyectar recaudos
Aunque la Junta de Control Fiscal (JCF), en el plan fiscal que certificó para el CRIM, incluye unas proyecciones de recaudos provenientes de la tasación de propiedades no registradas y la corrección de direcciones equivocadas, el director ejecutivo de la entidad, Reinaldo Paniagua, insistió que los estimados, a estas alturas, son especulativos.
“El propósito de este proyecto es alimentar la base de datos del CRIM y ponerlo al día, porque la verdad es que, como decía el ingeniero, hay sobre 239,000 propiedades fuera del ‘grid’, tenemos sobre 500,000 con mejoras o construcción nueva. El propósito es tener una base de datos robusta y mucho de lo que vamos a encontrar en este ejercicio van a ser propiedades que gozan de exención contributiva y la van a seguir teniendo, porque esto no se trata de eliminar exenciones a nadie. Sería prematuro decir hoy cuánto esto va (a recaudar). Esto es un proyecto piloto”, dijo Paniagua, quien también indicó que la duración del proceso de tasación se conocerá una vez comience el proyecto y se tenga una mejor idea del ritmo de trabajo.
Tras certificarse el plan fiscal del CRIM, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, estimó que la tasación de propiedades sin registrar podría derivar en $500 millones de ingresos adicionales durante los próximos cinco años.
A base de las imágenes obtenidas, Paniagua sostuvo que la región central del país es la que evidencia una mayor proporción de propiedades no registradas en el CRIM.
Según Jesús Colón Berlingeri, alcalde de Orocovis y presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, los ejecutivos municipales no ven la iniciativa de registro y tasación de propiedades como un “sustituto” del fondo de equiparación que la JCF pretende eliminar para el 2024, y que hasta hace unos años representaba ingresos de hasta $370 millones que se repartían entre los ayuntamientos y son claves para sostener las operaciones de los pueblos más pequeños.
“Entendemos que nos va a generar (ingresos), pero no lo estamos viendo como una sustitución al fondo de equiparación. Todavía no tenemos la proyección y lo que posiblemente genere puede variar de municipio a municipio”, subrayó el alcalde orocoveño.
El intercambio de información con otras agencias gubernamentales, en tanto, ayudará a corroborar los datos que mantiene el CRIM sobre su base de contribuyentes. Sobre ese particular, el ingeniero Pedro Ortiz señaló que, a base de la información que ya han intercambiado, se ha podido identificar sobre 800 propiedades clasificadas como residenciales en la base de datos del CRIM pero que la AAA cataloga como clientes comerciales.
Ortiz, por su parte, indicó que el registro de cientos de miles de propiedades será beneficioso para propósitos de reclamaciones por daños ocurridos por desastres naturales, así como facilitar procesos bancarios y compraventas.
De acuerdo con Paniagua, se espera concretar otro acuerdo interagencial con la Compañía de Turismo, con el objetivo de evitar que propiedades que estén generando ingresos mediante la modalidad de alquileres a corto plazo –a través de plataformas como Airbnb– estén exentas de contribuciones.
