El presidente de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) Laudelino Mulero rechazó el miércoles un proyecto de ley que busca establecer un tiempo límite para la adjudicación de controversias pendientes en momentos en que la agencia ha recibido miles de apelaciones de exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) inconformes con su movilidad a otras entidades públicas tras la privatización de la empresa LUMA Energy.
Mulero indicó en una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que la enmienda propuesta en el Proyecto de la Cámara 810 (PC 810) no soluciona el problema de taponamiento de casos, a pesar de que aseguró que la situación requiere de “atención particular para mejorar”.
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Atribuyó la imposibilidad de resolver todas las apelaciones presentadas en un término máximo propuesto de seis meses – desde el momento que se apruebe la medida – por la situación presupuestaria de la agencia y una escasez significativa de personal. El foro cuenta con un total de 37 empleados, de los cuales ocho se dedican a atender los casos de apelación.
Hasta ayer, la CASP contaba con un aproximado de 8,286 casos activos, de los cuales más de 6,000 son solicitudes de apelación. La agencia constituye el foro apelativo al que deben recurrir los empleados públicos que desean revisar dictámenes relacionados con sus condiciones de empleo. A pocos días del comienzo de operaciones de LUMA Energy, trascendió que la CASP había recibido más de 2,400 solicitudes de apelaciones por parte de los exempleados de la AEE.
La pieza legislativa – radicada por los representantes Denis Márquez Lebrón, Luis “Narmito” Ortiz Lugo y Luis Raúl Torres Cruz – enmendaría el Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público (Ley 2-2010). Actualmente, el estatuto no establece ningún término específico dentro del cual el foro adjudicador deba resolver las controversias ante su consideración.
Según la exposición de motivos de la medida, esta situación ha permitido que los procedimientos ante la CASP puedan tomar meses o hasta años en resolverse, afectando el derecho de los trabajadores a que sus reclamaciones sean atendidas de forma diligente. El presidente de la CASP informó a la comisión cameral que han logrado reducir el tiempo promedio de un caso ante consideración de 1,340 días (3.67 años) a 854.58 días (2.34 años).
El funcionario afirmó que la reducción mayor se ha dado en los casos de apelaciones, los cuales promediaban 1,581.64 días (4.33 años) y se ha reducido a 832.57 días (2.28 años). Sin embargo, Mulero reconoció a la comisión cameral que existen cerca de 1,500 casos – entre solicitudes de apelaciones y de arbitraje – que llevan más de 10 años sin resolver, lo que provocó el disgusto de los legisladores.
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De las peticiones que llevan entre 6 y 10 años sin resolver, unas 748 corresponden a solicitudes de apelaciones y otras 232 a solicitudes de arbitraje. Para Márquez Lebrón, esta situación representa una “crisis de adjudicación de casos” en la agencia.
“Aquí hay una crisis, y es insostenible. Me parece que es importante que se plantee públicamente, que se asuma la responsabilidad en todos los documentos oficiales, y que se diga que tenemos una crisis”, manifestó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
“Afecta en dos vías: los derechos de los trabajadores y trabajadoras del debido proceso de ley a la adjudicación temprana (de casos), y hacerles justicia. Y el elemento, del otro lado, de política pública; de defensa del interés público; de la defensa de la protección de los fondos públicos. Esto es un asunto terrible que sigue en consideración y que voy a seguir insistiendo, planteando y denunciando”, agregó el legislador.
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De acuerdo con Mulero, el presupuesto de la agencia para el año fiscal 2022 sufriría un recorte de aproximadamente 100 mil dólares con una cantidad recomendada de $2.4 millones. Para el año fiscal vigente la CASP recibió 2.5 millones de dólares.
“Llevo diez años en la Comisión. Diez años presentado la preocupación a las distintas administraciones, a la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) y a la misma Junta (Junta de Supervisión Fiscal). Es bien difícil uno participar del proceso y ver que no se le da importancia en el momento que se le tiene que dar, y al no darle la importancia en ese momento es que tenemos estas situaciones”, expresó el funcionario.
Mulero, no obstante, defendió la labor que realiza la plantilla de empleados de la CASP compuesta por interventores neutrales, investigadores, oficiales examinadores, directores legales y comisionados asociados que actúan como oficiales examinadores. Señaló que el cúmulo de casos por empleado, sumado a la necesidad continua de asignar nuevos casos, provoca que tengan menos fechas disponibles para resolver las solicitudes sometidas.
“Hay una preocupación gigante de esta lentitud, pero en la Comisión hay un montón de gente que está metiéndole bien duro a todos estos casos. Eso no se puede perder de perspectiva. Con lo poco que nosotros tenemos ahora, resolvemos más de lo que se resolvía antes. Los ajustes realmente se han estado haciendo”, sostuvo el presidente, quien destacó que, pese al “atraso histórico”, desde marzo de 2020 se ha logrado resolver sobre 1,000 solicitudes.
Mientras, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) – agencia encargada de realizar la transición de los empleados de la AEE a otras entidades gubernamentales – aseveró que el proceso de movilidad “estuvo demarcado en todo momento por el procedimiento que instituyó la Ley para la Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico”.
“No estamos en libertad de poder discutir todas las situaciones, una a una, pero queremos dejar meridianamente claro que el trabajo realizado por el personal diestro de nuestra oficina fue uno que tomó en cuenta las necesidades de cada uno de los miles de empleados de la AEE que decidieron permanecer en el servicio público”, reza una ponencia firmada por la directora Zahira Maldonado.
Los autores del PC 816 denunciaron que, a raíz del “terrible acuerdo” entre la AEE y LUMA Energy, miles de empleados de la corporación pública “han sido sometidos a un procedimiento de movilidad en violación a sus derechos laborales y sus convenios colectivos actuales a otras entidades gubernamentales”.
El representante Jesús Manuel Ortiz González, presidente de la comisión cameral, reiteró la necesidad de “buscar alternativas” para solucionar la crisis en la CASP y coincidió con su homólogo Márquez Lebrón de que se reconozca públicamente.
“La intención es buscar alternativas. La intención es identificar el problema, que se vierta para récord cuál es la situación real, porque más adelante quien va a ser ‘accountable’ es la propia Comisión”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD). “Nadie quiere que la agencia permanezca en la crisis que sabemos, y en las necesidades económicas y de personal”.
