La Comisión de Educación, Turismo y Cultura que preside la senadora, Ada García Montes, continuó hoy la evaluación del PS172, para establecer la “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, para dotar a la Universidad de herramientas para garantizar su autonomía.
“La Universidad de Puerto Rico como institución pública de educación superior tiene la encomienda de servirle al pueblo puertorriqueño y responder a las realidades evolutivas e históricas de nuestro país. Nuestra universidad es la institución de educación pública que nos llena de orgullo. Por petición de la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria fue radicada por una mayoría de Senadores y Senadoras el PS 172. Con el mejor interés de atender las propuestas y preocupaciones llevamos a acabo estos procesos”, destacó García Montes al comenzar los trabajos de la tercera vista sobre esta medida.
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En el primer panel de deponentes participaron los rectores de la UPR de Río Piedras y Mayagüez, doctores Luis Ferrao y Agustín Rullán, respectivamente. Ferrao indicó que “se nos hace difícil encontrar antecedentes o modelos similares en otras universidades. Aspectos que proponen para la UPR en este proyecto de Ley guardan poco paralelo o son bastante contrarios y hasta opuestos a los que se registran en universidades de otros países, ya sean estas norteamericanas, hispanoamericanas o incluso francesas”.
A su vez, el Rector de Río Piedras dijo que “al momento de crear una nueva Ley Universitaria, se debe dar prioridad a aquellos mecanismos que faciliten la filantropía, las aportaciones generosas y cuantiosas de los egresados, y la presencia en la junta gobernante de aquellas personas provenientes de la comunidad externa que puedan aportar significativamente y convenzan a otros para que también aporten monetariamente al fondo dotal de su Alma Mater”.
Por su parte, Rullán Toro recomendó enmendar el proyecto porque que “a pesar de los aspectos negativos, reconozco que posiblemente sea necesario atender el asunto de una nueva ley universitaria. La Ley actual tiene ya 55 años y ha sido enmendada en aproximadamente 17 ocasiones. Los ocho fundamentos que estableció la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (CMRU), si se atendieran apropiadamente, en mi opinión resultarían en una mejor universidad”.
Los ocho fundamentos a los que hizo referencia Rullán son: despolitización, descentralización, autonomía en relación con el Gobierno, autonomía administrativa y académica de las unidades, una sana administración, un mecanismo de residenciamiento de gerentes, la UPR como servicio esencial y accesible.
La senadora García Montes preguntó al Rector de Río Piedras si entiende que algunos de los cambios propuestos en este proyecto son necesarios al día de hoy o la UPR no requiere enmendar la ley como está. Ferrao respondió que “el modelo que estoy proponiendo trata de atender esos aspectos. La fórmula ya existe. La universidad tiene que buscar la manera de generar fondos propios y alternos que no necesariamente sea por fondos estatales. Este modelo de junta de gobierno donde estén comprometidos sus miembros al allegar fondos entiendo es uno de los aspectos principales de cualquier ley universitaria”.
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Igualmente, la senadora cuestionó si la participación de los estudiantes en las estructuras organizacionales de la universidad es suficiente al presente. “Hay representación estudiantil en la junta de gobierno, la junta universitaria, la junta administrativa, y el senado académico. Unas representaciones proporcionales, legales y entiendo que esa participación dentro de la gobernanza es la adecuada”, contestó Ferrao.
En su turno, el senador independiente, José Vargas Vidot, preguntó a los rectores si había alguna expresión explícita de las agencias acreditadoras sobre la posible pérdida de acreditación si se aprueba dicho proyecto. Rullán respondió que no se ha recibido ninguna expresión directa al respecto. Aunque señaló que existen algunas disposiciones que pudieran llevar a eso. De su lado, las organizaciones universitarias que incluyen profesores y estudiantes que apoyan la medida señalaron que la acreditación no se vería afectada como se plantea por los rectores.
El siguiente panel favoreció la medida. La estudiante Tayna Rivera y el profesor Jorge Colón, ambos miembros del Senado Académico de la UPR, Recinto de Río Piedras expresaron mediante ponencia que “el Senado Académico del Recinto de Río Piedras endosa el PS172. Necesitamos y es de suma importancia que la UPR se reconozca como un bien público esencial para el desarrollo sustentable del país, se garantice su autonomía y se proteja su financiamiento”.
Igualmente, del Senado Académico de la UPR Mayagüez, el estudiante Kenneth de León y el profesor Osmell Pagán, resaltaron que “la UPR necesita de manera urgente una reforma que permita el desarrollo pleno de los recintos, elimine la burocracia administrativa y el micromanejo y responda a las necesidades que la comunidad universitaria enfrenta en el día a día”. En la misma línea de apoyo se expresó Waldemiro Vélez Cardona, catedrático en el Recinto de Río Piedras y consultor en investigación del Consejo en Investigación del Consejo de Educación Superior, quien hizo un repaso de los procesos administrativos por los cuales ha atravesado la UPR con los años.
Vélez finalizó expresando que “para avanzar en la construcción de ese Puerto Rico que anhelamos los que estamos hoy y los que seguramente vendrán a ayudar a hacerlo realidad necesitamos urgentemente una UPR robusta y estable, lo que solo podrá ser con un financiamiento que tenga esas mismas características”.
