A dos días de la fecha límite para que el gobernador Pedro Pierluisi tome acción sobre el proyecto que crearía la “Ley para un Retiro Digno”, un grupo de policías retirados acudió hasta La Fortaleza a entregarle al ejecutivo una misiva suplicando que dé paso al Proyecto de la Cámara (PC 120).
Si bien Pierluisi ha recalcado, desde que se encontraba en campaña política, que se opone a cualquier recorte en las pensiones públicas, no se ha comprometido a firmar el proyecto legislativo, que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha advertido incumpliría con el plan fiscal certificado.
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Eladio Neris Mulero, inspector retirado de la Policía y presidente de la Asociación de Veteranos de la Policía, puntualizó que la inmensa mayoría de los miembros de la Uniformada, al igual que los maestros del sistema público, no cotizan para el seguro social, por lo que sus ingresos provienen exclusivamente de la pensión que reciben.
“El problema es que no se le puede recortar a los policías y maestros, que no tienen seguro social, no tienen Medicare. Una vez que le recortes las pensiones a policías y maestros, se van a quedar sin plan de salud para ellos y sus familias, los beneficios marginales nos lo van a quitar. Ya a nosotros nos han quitado un montón, nos quitaron el bono de verano, bono de Navidad… qué mas pretende ahora que nos quiten”, indicó Neris Mulero en la intersección de las calles Fortaleza y del Cristo, hasta donde llegó esta mañana junto a un grupo de policías retirados.
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En la carta que entregaron a un asesor de La Fortaleza, Neris Mulero le recordó al mandatario que como candidato se comprometió a “proteger las pensiones”.
“El Proyecto 120 de un Retiro Digno es la única arma que tiene el gobierno para hacerle frente a la Junta de Control Fiscal y proteger a los pensionados. Le exhortamos a que pueda proceder a firmar tan vital proyecto como lo es el Proyecto 120 del Retiro Digno”, indicó el inspector retirado en la misiva.
Al preguntársele sobre la expectativa de que la JCF rete judicialmente el proyecto, de convertirse en ley, Neris Mulero sostuvo que Pierluisi, contrario al organismo impuesto por el gobierno federal, fue electo por el pueblo.
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“Que lo firme el señor gobernador, que después nosotros nos encargamos de la JCF. Aquí el que está elegido por el pueblo es el señor gobernador, los senadores y representantes. La junta no está elegida (por nadie). Es una junta nombrada. ¿Por qué los pensionados tienen que pagar bonos a los bonistas? Nosotros no compramos bonos. Nosotros trabajamos 30, 35 años para tener una pensión para sobrevivir en la vejez de uno”, manifestó Neris Mulero.
De Pierluisi vetar la pieza legislativa, habría perdido “la mejor oportunidad para defender a los pensionados y los futuros pensionados. En el caso de los compañeros policías que están aquí dándole seguridad al señor gobernador, ese retiro va a ser bien importante porque si él firma ese proyecto los futuros policías van motivarse para entrar al cuerpo de la Policía. Actualmente están renunciando”, observó el jubilado.
El gobernador recibió el PC 120 el 28 de mayo, por lo que este miércoles se cumple el plazo constitucional para vetarlo. Si Pierluisi no emite un veto expreso, la medida se convertiría en ley.
El presidente del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros, Pedro Pastrana Ortiz, quien estuvo presente junto al grupo de policías retirados, señaló que el proyecto contó con el apoyo de todas las delegaciones legislativas, habiendo recibido un solo voto en contra en la Cámara de Representantes. Una versión de la medida, de hecho, fue presentada en el pasado cuatrienio por la entonces vicepresidenta de la Cámara baja, la novoprogresista Lourdes Ramos.
“Si él preside la delegación del PNP (Partido Nuevo Progresista), a nivel de partido, sus dos portavoces tanto en Cámara como Senado, después de haberse reunido con los distintos sectores, con sus asesores, toman la decisión de votar a favor es porque determinaron que el proyecto es bueno para defender las pensiones, defender los servicios esenciales y levantar la maltrecha economía del país”, indicó Pastrana Ortiz.
“¿A quién le va a hacer caso? Esa es la pregunta. Nosotros entendemos y le estamos exigiendo que le haga caso al pueblo y al proyecto, porque él ya no representa a la junta”, insistió el líder sindical, al añadir que el primer ejecutivo tiene que levantar “su credibilidad”.
La JCF, en el plan de ajuste propuesto, busca un recorte de hasta 8.5% para las pensiones superiores de $1,500 mensuales.
Según Pastrana Ortiz, el gobierno electo debe sacar provecho de la necesidad de que el plan de ajuste sea avalado por la Asamblea Legislativa para forzar a la JCF a reconsiderar su postura respecto a las pensiones.
