La Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje realizó hoy una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 116 con el fin de crear la “Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costera”; establecer el alcance y la duración de la moratoria; y para decretar otras disposiciones complementarias.
“Esta moratoria de construcción ayuda a frenar el impulso de querer reconstruir con rapidez, lo que puede desembocar, en algunas ocasiones, en construcciones indeseadas. Además, es una herramienta para reducir la vulnerabilidad física y social de las comunidades costeras de la isla. Ante la ausencia de un instrumento jurídico que recoja nuestra experiencia, aspiraciones, preocupaciones y perspectivas sobre el futuro de nuestras costas, y ante la continua edificación de estructuras, legales o ilegales, en la costa de diversos municipios, entendemos que es necesario establecer una moratoria en la construcción en la Zona Marítimo-Terrestre y áreas adyacentes”, sostuvo el autor de la medida, Denis Márquez Lebrón en comunicación escrita.
PUBLICIDAD
La exposición de motivos de la medida resalta que, tras el paso del huracán María, el equipo de la Red de Playas de Puerto Rico y el Caribe, y el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePI-PR, por su acrónimo), adscrito a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), realizaron un estudio donde se estableció como hallazgo principal que dicho fenómeno atmosférico aplanó gran parte de las playas de la isla.
El estudio señaló que el huracán presentó un doble efecto sobre la extensión de las playas. Se identificó un aumento en la extensión en el plano de playa (playas más anchas), mayormente localizadas en la costa noreste de Puerto Rico. Por otro lado, se detectó una reducción de extensión de playa (erosión), mayormente en playas localizadas en la costa sureste, norte central y noroeste de Puerto Rico.
Te recomendamos:
- Crean Frente Amplio Todo Puerto Rico contra LUMA Energy
- Refieren a Justicia al presidente de LUMA Energy
- Ojo avizor a las condiciones secas
La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) indicó que “existe una amplia normativa dirigida a proteger la zona marítimo terrestre y se ha delegado en las agencias la facultad de reglamentar las lotificaciones y construcciones en las mismas con el propósito de maximizar su aprovechamiento y protección”.
La Ley 161, define el concepto de variación, así como definen los conceptos de zona costanera y zona marítima terrestre en el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales del Departamento de Recursos Naturales Ambientales (DRNA). “Entendemos que incluir estas definiciones en una nueva legislación podría conllevar confusión en la aplicación de la reglamentación y controversias. Además sugerimos que los esfuerzos se dirijan a la fiscalización de cumplimiento con la reglamentación existente en aras de fomentar la protección del recurso natural”, expresó la licenciada Loyda Rosas de la OGPe, indicó que la agencia toma las decisiones ambientales, aunque la DRNA se oponga.
En su turno de preguntas, el representante y autor de la medida preguntó a la deponente sobre la posición de OGPe, en términos de si debe establecer los dos asuntos principales en el proyecto, una moratoria en la construcción en la zona costanera y por consiguiente, al establecer una prohibición, un mandato legislativo de no otorgar permisos.
PUBLICIDAD
“En ese sentido tendría que consultar con el director si estaría de acuerdo con la prohibición en términos amplios”, indicó Rosas.
“Tengo que expresar la preocupación, molestia e indignación de varios jefes de agencia de obviar la responsabilidad de la Cámara de Representantes y de no enviar funcionarios que puedan acudir con posiciones sobre los proyectos de ley, particularmente de este proyecto de ley”, abundó Márquez Lebrón.
Por otro lado, el ayudante especial del DRNA, Samuel Acosta expresó que desde el paso de los huracanes en el 2017 hasta el presente, han recibido muy pocas solicitudes de concesiones para realizar algún tipo de actividad en los bienes de dominio público marítimo terrestre y los permisos que se han otorgado han sido principalmente permisos de emergencia, aplicables por excepción en casos donde la vida, seguridad y propiedad se han visto amenazados.
“Los permisos ordinarios, para ser otorgados, requieren un exhaustivo análisis ambiental, llevando a cabo por personal técnico muy especializado del DRNA, previo a la concesión”, sostuvo Samuel Acosta, quien dijo que el departamento entiende que los objetivos y aspiraciones de la medida ya son atendidos por el ordenamiento jurídico vigente, en el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales.
No obstante, el DRNA reconoce que dicho proyecto es loable, y concurre con la importancia del asunto que plantea.
Al concluir la vista pública compareció Elga Uriarte, presidenta de la organización ecologista Amigas del M.A.R., expresó que es urgente que se apruebe este proyecto de ley “para enfrentar los retos que ya hoy son palpables en los litorales costeros de todo el archipiélago”.
Amigas del M.A.R es una organización ecologista fundada en 1995, que trabaja activamente por proteger los espacios naturales de Puerto Rico y las comunidades en que cohabitan estos, fomentando la justicia climática.
El pasado mes de abril, la organización realizó un formulario en línea para conocer donde se está construyendo en las costas del país. Se concluyó que el 36% de los municipios costeros ocurre esta situación. “Somos consistentes que son muchos más. Y que en algunos municipios la amenaza está representada por múltiples factores entre venta y propuesta de construcción. A lo que añadimos, que en la mayoría de estos casos ni siquiera se han otorgado permisos cuando ya el daño se ha hecho y la impunidad por aumentar la vulnerabilidad de todo el país brilla con todo su esplendor”.
“La construcción sin sentido sobre el hábitat de un sin número de especies de flora y fauna costera, incluyendo especies en peligro de extinción y protegidas. En espacios que nos pertenecen a todas las personas, pero a nadie en particular por ser bienes inalienables. Y más aún, en la primera gran línea de defensa ante el aumento del nivel del mar y el aumento de intensidad de los fenómenos naturales como huracanes y marejadas como consecuencias del Cambio Climático acelerado. ¡Tiene que detenerse de inmediato!”, puntualizó Uriarte.
