Cuando el excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina recurrió a su cuenta de Facebook a denunciar un complot para asesinarlo, muchos cibernautas reaccionaron incrédulos. Los comentarios despachando la denuncia livianamente afloraron, pero la realidad es que una mirada más allá del archipiélago de Puerto Rico confirma que el activismo ambiental representa un riesgo para la vida misma de quienes deciden defender el planeta Tierra.
Ser activista ambiental significa mucho más que participar en marchas o convenciones, es realmente denunciar actos —muchas veces corruptos— que ponen en riesgo el hábitat de la sociedad humana y de especies que hacen el balance para una mejor calidad de vida. El año pasado, la organización Global Witness publicó su más reciente informe sobre ambientalistas asesinados en el mundo ubicando la cifra para el 2019 en 212, la más alta que se haya registrado desde que se realiza el estudio. En el 2018 fueron 164 los activistas asesinados.
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Un estudio publicado por Nature, en 2019, indica que en 15 años, entre 2002 y 2017, fueron asesinados más de 1,558 defensores del medio ambiente.
Algunos de los países más mortíferos para los activistas ambientales son: Colombia, Filipinas, Brasil, México y Honduras.
Aquí algunos de los activistas asesinados con mayor visibilidad:
En el 2016, fue asesinada en Honduras la defensora ambiental Berta Cáceres. Desde entonces, diversas organizaciones señalaron la difícil situación que viven los defensores de derechos humanos en el país centroamericano.
A Samir Flores lo asesinaron el 20 de febrero de 2019. Se oponía a la construcción de la termoeléctrica de Huesca, en Morelos, México.
En noviembre de 2019 Paulo Paulino, de 26 años y miembro de la comunidad indígena guajajara, fue asesinado a tiros por un grupo de madereros ilegales en Brasil. Paulino era uno de los autodenominados guardianes del bosque que denunciaba las invasiones ilegales de la selva.
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En México, en el 2019 fueron asesinados Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo de 20, Gregorio Chaparro Cruz, miembros de comunidades indígenas. Un año antes, en octubre de 2018 fue asesinado a tiros su familiar, Julián Carrillo, líder rarámuri defensor del bosque y del medio ambiente.
Adán Vez, ambientalista opositor de la actividad minera, fue asesinado el 8 de abril de 2020, en Veracruz, México.
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