Directora de Ciencias Forenses confirma burocracia en el DSP

María Conte Miller aseguró que el retraso en las labores fueron la razón por la que el ICF exigió dejar de ser parte del Departamento

Por CyberNews

La Comisión de Seguridad Pública, Ciencias y Tecnología de la Cámara de Representantes, recibió el miércoles, a la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller para continuar el proceso de vistas públicas sobre el proyecto de ley que derogaría la Ley 20-2017, conocida como la ‘’Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico’’, para devolverle la autonomía a los restantes seis negociados bajo la agencia sombrilla.

‘’Es una sombrilla que nos ha atrasado y se ha dirigido a una burocracia desmedida, donde entiendo que ya es hora de que todas las agencias puedan volver a su independencia y recuperar su propia autonomía y criterio para que brinden un servicio más eficaz y responsable. La sombrilla no funciona.’’, dijo en el turno inicial el representante Ramón Luis Cruz Burgos.

En el quinto día de vistas para discutir el Proyecto de la Cámara 295, Conte Miller indicó que “no es de su inherencia emitir un juicio sobre los méritos de la medida”. Ante ese hecho, sugirió a la Comisión que se tuviera en consideración las posiciones de todos los comisionados que forman parte del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y del Departamento de Justicia (DJ).

Asimismo, la Directora aseguró que no se logró una ‘’rapidez y eficiencia’’ en el funcionamiento de los procesos administrativos mientras el ICF formaba parte del DSP, sino por el contrario, se retrasaban las labores de la agencia, razón por la cual exigieron dejar de formar parte del Departamento.

‘’El modelo administrativo definitivamente ha sido la raíz de los problemas para que el funcionamiento de la sombrilla se haya visto afectado de manera considerable’’, añadió la funcionaria.

Conte Miller informó que actualmente la corporación pública tiene 35 empleados administrativos en destaque, que forman parte del DSP. Estos se integrarán nuevamente al ICF a partir del 1 de julio, por lo cual el Instituto tendrá que asumir el pago de nómina de cada funcionario.

En relación con la compra de equipos y materiales, la Directora afirmó que “cuando el Instituto formaba parte del DSP se le asignaron 20 millones de dólares al Departamento para fortalecer y mejorar los Negociados, de los cuales se le proveyó 530,000 dólares al organismo público.

Finalmente, la Directora Ejecutiva expresó que ‘’actualmente el ICF actúa como una entidad autónoma e independiente. Por tanto, les corresponde a los componentes del DSP expresarse sobre los propósitos y finalidades que persigue la medida. Por asuntos estrictamente de prudencia y deferencia, nos subrogamos en la opinión que a su bien tengan que emitir estas entidades y corresponde a cada Negociado exponer su posición en cuanto al funcionamiento interno de sus dependencias y expresar si la consolidación fue efectiva, y si no lo fue, las razones para ello’’.

Problemas ‘’graves y dramáticos’’ en NMEAD

Por otro lado, Liz Melanie Colón Alicea, presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME), confirmó que los procesos administrativos del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) ‘’no están siendo atendidos con la urgencia, efectividad y diligencia que se requiere. En términos generales podemos mencionar dos áreas relevantes dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y su Administración con Recursos Humanos y Finanzas que son dos sectores que se han afectado en los Negociados’’.

Colón Alicea reconoció que la idea inicial de crear el DSP como lo hicieron otros estados de Estados Unidos fue en un inicio ‘’buena idea y se esperaba que funcionara’’.

No obstante, según la Directora, los factores que han afectado al funcionamiento de la dependencia gubernamental se encuentra en que ‘’La Ley 20-2017 no contemplaba la asignación de fondos para las nuevas posiciones del DSP; la entidad no tenía presupuesto asignado para las operaciones de administración, ni su personal, y en términos de procesos administrativos todos los Negociados reportan las mismas dificultades y burocracia’’.

‘’Entendemos que en cuatro años no ha ocurrido ningún cambio en la cultura organizacional. El NMEAD debe quedar funcionando aparte, restituyendo la Ley 211-199, según enmendada, ‘’Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres Puerto Rico’’, puntualizó la Presidenta del Sindicato SAME. Actualmente el NMEAD cuenta con 150 empleados.

Además, Colón Alicea comentó que el organismo enfrenta problemas ‘’graves y drásticos’’ con el funcionamiento de la acumulación de licencia de vacaciones, el pago de horas extras, procesos de compras y el pago a suplidores de la agencia.

Pérdida de fondos sustanciales 

Por otra parte, Gerson Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT) sometió una ponencia a la Comisión avalando la pieza legislativa.

‘’Como organización sindical que representa a más de 10,000 empleados del sector público y privado, la Unión General estuvo en contra de que se aprobara la legislación que creó el DSP’’, afirmó Guzmán López.

De igual forma, el Presidente de la UGT resaltó que es ‘’impostergable devolver la autonomía fiscal y operacional al Cuerpo de Emergencias Médicas para darle la estabilidad y la permanencia necesaria para el cumplimiento cabal de su política pública dispuesta por la Ley 539-2004’’.

‘’Podemos concluir que, en cuatro años, la consolidación de los siete negociados ha provocado una pérdida de fondos sustanciales en cada corporación que, les ha impedido realizar las tareas básicas que cada uno de ellos debe satisfacer para el bien de la seguridad pública’’, concluyó.

Guzmán López informó que, en términos fiscales, para el año 2019-2020, el presupuesto consolidado aprobado al DSP y sus Negociados ascendió a $1,319,502,000. ‘’La creación del DSP, en vez de crear ahorros para invertirlos en mejorar los servicios que prestan las seis agencias, se convirtió en un gasto adicional a las ya menguadas arcas públicas, creando una situación fiscal difícil ante la realidad de un presupuesto operacional con partidas recortadas a causa de las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Te recomendamos:

Loading...
Revisa el siguiente artículo