Secretario general del PNP niega división interna por aspiración de Ricardo Rosselló

El senador Carmelo Ríos aceptó que el exgobernador mantiene una base “fuerte” de seguidores que impulsan un voto a su favor como cabildero anexionista

Por Manuel Guillama Capella

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, rechazó que la disponibilidad del exgobernador Ricardo Rosselló para cabildear a favor de la estadidad de Puerto Rico en caso de ser escogido este domingo en la elección especial sea un elemento divisor dentro de las filas de la colectividad anexionista.

“No la hay. La figura del exgobernador Ricardo Rosselló obviamente es una figura fuerte dentro de las huestes estadistas. Hay gente que está a favor y gente que está en contra. Al final él se está haciendo disponible para que el pueblo, más allá del PNP, porque esto no es algo de afiliación única, pueda pasar juicio de a quién vamos a enviar allá. Si el doctor Ricardo Rosselló obtiene los votos no tenemos problema. Nadie puede cuestionar que Ricardo Rosselló es estadista y esto es uno de los compromisos, las 10 personas que están en esa papeleta van a ir a apoyar la estadidad, no pueden ponerse a inventar en otra cosa que no sea la voluntad del pueblo”, manifestó Ríos, quien es uno de los líderes novoprogresistas que públicamente ha expresado que favorecerá a los candidatos que aparecerán en la papeleta.

Otros líderes electos del PNP, como los representantes Jorge “Georgie” Navarro y Lourdes Ramos, así como el senador William Villafañe, sí han expresado su respaldo a una elección del exgobernador mediante el mecanismo de nominación directa.

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Rosselló, en una entrevista esta mañana en Notiuno, confirmó los rumores de que aceptará una nominación directa como delegado a la Cámara de Representantes federal, dentro del grupo que sea electo este domingo, que incluirá cuatro miembros a ese cuerpo y otros dos cabilderos para el Senado.

A preguntas de los medios, Ríos señaló que el PNP no pasa “juicio moral” sobre potenciales candidatos electos mediante ‘write-in’, en el contexto de su renuncia a la gobernación en 2019 luego de que trascendieran los ofensivos mensajes que intercambiaba en un chat de Telegram con las figuras más cercanas de su administración.

Sin embargo, Ríos tampoco precisó si la estructura de la Palma vería con buenos ojos acoger a Rosselló como candidato bajo su insignia en una futura elección general. Si bien el exgobernador no se ha expresado sobre sus planes futuros, analistas consideran que su participación en este proceso podría rehabilitar su imagen entre aquellos sectores de la base estadista que resienten sus palabras y acciones como primer ejecutivo.

“Yo no hablo de especulaciones, pero cualquier candidato que quera aspirar en 2024 tiene que ceñirse a las reglas y regulaciones, algunas que están dentro de los partidos y otras en la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE). Desde finanzas a todo lo que tiene que ver con afiliaciones y causas. Nada puede impedir que una persona participe […] Para mí el domingo 16 (de mayo) es más grande que cualquier candidato. (Lo fundamental) es la causa”, insistió el senador.

Desecha argumento de la participación

De otra parte, aunque hizo un llamado a las huestes estadistas a salir a votar el domingo, Ríos minimizó la importancia de la participación electoral sobre la fuerza que tendrían los cabilderos una vez iniciaran su gestión en Washington, DC, el 1 de julio entrante.

“Si sale a votar un voto y hay alguien que no votó, ese voto vale más que el que no votó. Es tan sencillo como eso, porque en la democracia nosotros contamos votos. Si usted está en acuerdo o desacuerdo, salga a votar. Escoja las personas que van a estar representándolo a usted en Washington”, sostuvo Ríos.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, ha proyectado una participación de entre 100,000 a 125,000 votantes, lo que representaría alrededor de un 5% del universo de electores hábiles. La cifra estaría incluso por debajo del 23% que participó del plebiscito de estatus en 2017, donde la estadidad –ante el boicot de la oposición– obtuvo el 97% de los sufragios.

Pese a esos estimados, Ríos aseguró que la naturaleza electa de los cabilderos les concederá un mandato popular con el que no contaba la Comisión de la Igualdad, organismo que se creó en 2017 y desapareció en diciembre pasado, pero que en esencia cargaba con la misma responsabilidad de la llamada delegación congresional.

Los integrantes de la Comisión de la Igualdad eran designados por el ejecutivo, con el aval de la Asamblea Legislativa.

“La Comisión de la Igualdad, que nosotros apoyamos, ciertamente no tenía un mandato del pueblo de Puerto Rico. Era un grupo de ciudadanos al que agradecemos muchísimo el tiempo y esfuerzo que pusieron para poder alcanzar y llevar un mensaje que sí llegó. Mucho congresista que desconocía de la situación de Puerto Rico, no tenían solamente un congresista dentro de los 400 y pico y los 100 senadores, sino que tenían varios (cabilderos), teníamos militares, personalidades del deporte, como Iván Rodríguez, y personas que realmente nadie puede cuestionar su entereza. Esto es diferente. El 16 de mayo vamos a votar y enviar una delegación que no son cabilderos”, argumentó Ríos.

El representante José Aponte, director del organismo Misión Estadista, planteó que es incorrecto describir como cabilderos a los miembros de la delegación congresional debido a que serán figuras electas.

“Un cabildero es aquel que cobra pero no tiene un mandato del pueblo, como están haciendo aquellos que ha contratado el señor presidente de la Cámara de Representantes (Rafael ‘Tatito’ Hernández) sin querer cumplir el mandato del pueblo. Estos delegados tienen un mandato del pueblo, cobren como cobren”, dijo Aponte.

Aponte, precisamente, justificó que no se hubiera definido el salario de las personas que salgan electas, al señalar que lo prudente era esperar a que se trabajara el presupuesto para el año fiscal 2021-2022. Sin embargo, no se espera que la Asamblea Legislativa, en control del Partido Popular Democrático, le asigne fondos a los cabilderos, cuyo salario, según dispone la ley habilitadora, será sufragado con el presupuesto de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, un organismo del ejecutivo.

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