Mientras empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se manifestaban frente a La Fortaleza y el Capitolio contra la privatización de la red eléctrica, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, anticipó que una serie de factores se conjugarán próximamente para impedir que la compañía Luma Energy asuma las tareas de transmisión y distribución desde el 1 de junio.
“Hay varias fichas. Primero que Luma no tenga el personal preparado para atender un sistema tan complejo, especialmente en la época de huracanes. Segundo, la no aprobación de los $750 millones (para una reserva de fondos que Luma tendría disponible para operar). Tercero, que se logre ir por encima del veto del gobernador para que se posponga el contrato. Cuarto, que ya va a comenzar a haber presión congresional, va a haber expresiones de congresistas de mucha influencia”, enumeró el líder sindical en entrevista con Metro, aunque prefirió reservarse los nombres de los legisladores federales que se expresarían.
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De acuerdo con Figueroa Jaramillo, existen buenas posibilidades de que la Asamblea Legislativa vaya por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi a la Resolución de la Cámara (RC) 88, que obliga a la AEE, Autoridad para las Alianzas Público Privadas y el Negociado de Energía a posponer hasta enero de 2022 la implementación del contrato de Luma Energy con el objetivo de enmendarlo, pese a que el representante Wilson Román fue el único legislador novoprogresista que votó a favor de la medida.
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Para ir por encima de un veto ejecutivo se necesitan 34 votos en la Cámara de Representantes y 18 en el Senado. La RC 88 obtuvo 29 y 15, respectivamente.
“Las expresiones que va a haber en los próximos días, las acciones que se están organizando van en la dirección de que esos legisladores finalmente se convenzan de que tienen que responder y escuchar al pueblo de Puerto Rico y dejar a un lado las actuaciones del gobernador que no ha escuchado y le ha dado la espalda al pueblo de Puerto Rico”, sostuvo el presidente de la Utier.
Cualquier controversia que tuviera el efecto de detener la entrada de Luma como operador del sistema energético, sin embargo, terminaría con toda probabilidad en manos de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los procesos de quiebra gubernamental, incluyendo el de la AEE.
La propia Utier solicitó un interdicto preliminar y permanente contra el contrato de Luma para el que se señaló una vista el próximo martes, precisó Figueroa Jaramillo, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, ha adelantado que acudirá al tribunal una vez la Junta de Control Fiscal (JCF) imponga sin aval legislativo la asignación de $750 millones del fondo general como reserva para las operaciones del consorcio.
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En sus más de cuatro años de existencia, la JCF ha salido favorecida de prácticamente la totalidad de los pleitos judiciales de los que ha sido parte.
“El argumento en Derecho es más que evidente. Y aquí no es solamente la Utier, así lo han visto diferentes organizaciones en el país. Obviamente nosotros vamos a agotar el recurso pero también estamos utilizando otros recursos, es importante hacer política y los representantes que a fin de cuentas son los que el pueblo de Puerto Rico elige”, expresó el unionado, quien esta tarde se reuniría con el representante popular Jesús Manuel Ortiz.
Según Figueroa Jaramillo, unos 482 empleados de la AEE han concretado sus renuncias para aceptar ofertas de trabajo con Luma Energy, de los cuales “80%” son de personal administrativo, es decir, que no son trabajadores del sistema de transmisión y distribución.
Luma Energy ha dicho públicamente que cerca de 20,000 “puertorriqueños’ han solicitado empleo, pero se ha negado a precisar cuántos son candidatos a trabajar en transmisión y distribución o cuántos pertenecen actualmente a la AEE. Luma tampoco ha detallado cuántas contrataciones ya ha realizado, aunque sí estima que necesita 3,800 empleados para la transmisión y distribución.
De otra parte, Figueroa Jaramillo no quiso abundar sobre la posibilidad de que la Utier active el voto de huelga que aprobó unánimemente en su asamblea del pasado 6 de abril.
“Creo que las actividades que se están realizando hasta ahora han sido productivas. Creo que el proceso de huelga es una huelga distinta, no es la huelga tradicional, pero no se descarta obviamente ejercer ese derecho constitucional. Pero en este momento estamos evaluando y actuando consistentemente y nos está dando resultados hasta el momento”, dijo el veterano líder obrero.
