En rueda de prensa tras el encuentro con el gobernador Pedro Pierluisi, Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara baja, reiteró que las condiciones que el caucus cameral del Partido Popular Democrático ha establecido para las confirmaciones de Seilhamer y Torres Nieves continúan en pie.
En el caso del contralor designado, la mayoría de la pava determinó que no lo llevaría a votación a menos que Pierluisi accediera a posponer la entrada en vigor del contrato de privatización de la red eléctrica otorgado a Luma Energy. Sin embargo, Pierluisi vetó la resolución conjunta que ordenaba retrasarla hasta enero y, entretanto, implementar enmiendas al acuerdo que garantizaran, entre otras cosas, los derechos de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
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“Si me dejo llevar por lo que determinó el caucus, en nuestra última reunión en Utuado, (Torres Nieves) está colga’o. La determinación estaba amarrada a Luma. Por eso necesito reunirme con el caucus de nuevo, porque ya lo de Luma literalmente hay que dirimirlo en los tribunales. Estamos a días de que comience el contrato el 1 de junio. […] Es una determinación final, así que tengo que volver a dialogarlo con ellos a ver si lo van a repensar o cuál es la posición”, planteó Hernández.
Contrario a Seilhamer, sin embargo, no hay garantía de que Torres Nieves hubiera tenido los votos en los hemiciclos, ante las dudas que han levantado tanto legisladores como organizaciones sobre su capacidad, ante el hecho de que el exsecretario de Senado no es un contador público autorizado, como han sido los contralores por los pasados 40 años.
De acuerdo con Hernández, en la reunión de esta mañana Pierluisi se mantuvo firme en su postura de que intentar enmendar el contrato de Luma Energy de forma unilateral sería “inconstitucional” por atentar contra la cláusula de contratos. Para Hernández, sin embargo, la posición de Pierluisi y la propia Junta de Control Fiscal (JCF) es insostenible, toda vez que argumentó que en el proceso de quiebra gubernamental bajo el Título III de la Ley Promesa se vulneran los derechos adquiridos de miles de individuos y entidades.
Esta tarde, se espera que el pleno de la Cámara de Representantes derrote una resolución conjunta sometida por la JCF que busca que la Asamblea Legislativa autorice la asignación de $750 millones a la AEE que saldrían del fondo general, con el propósito de crear una reserva financiera para las operaciones de Luma.
La JCF ha adelantado que procederá con la asignación presupuestaria incluso ante la oposición legislativa, al amparo de las facultades que le concede Promesa.
