La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes continuó este miércoles el proceso de vistas públicas sobre el proyecto de ley que derogaría la Ley 20-2017, conocida como la ‘’Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico’’, con el fin de devolver la autonomía a los restantes seis negociados bajo la agencia sombrilla.
En la vista pública presidida por el representante Ramón Luis Cruz Burgos para discutir el Proyecto de la Cámara 295, se confirmó que la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), bajo la Ley 20-2017, “provocó un nivel más alto de burocracia y una pérdida en los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de los negociados”.
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“El problema aquí no es el secretario Alexis Torres, es el DSP, en donde las cosas buenas que se hacían se dañaron y las cosas malas que ya existían, empeoraron. Se aumentó la burocracia provocando que todos los servicios se trastocaran de manera dramática. Yo no creo en esta sombrilla y sí creo en que estas agencias pudieran tener un mejor funcionamiento fuera de ella, y bajo su propia autonomía”, expresó Cruz Brugos en comunicación escrita.
La Ley 20-2017 fue aprobada con el propósito de reducir los gastos administrativos y lograr una respuesta operacional ágil al unir bajo una sola agencia la Policía de Puerto Rico (NPPR); el Cuerpo de Bomberos; el Cuerpo de Emergencias Médicas; la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (AEMEAD) y Administración de Desastres; el Sistema de Emergencias 9-1-1; el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
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No obstante, a finales de año, el Negociado de Ciencias Forenses salió de la sombrilla.
A esta vista compareció Carlos Vélez Miranda, expresidente del Instituto de Ciencias Forenses (NCF), quien aseguró que la agencia debe ser separada del DSP con ‘’carácter de urgencia” para que pueda retomar su sistema con autonomía fiscal y administrativa, de forma que no se desmantelen los servicios.
Vélez Miranda solicitó la separación de esta dependencia para que el Instituto sea un ente independiente que pueda brindar servicios de forma ‘’ágil y certera’’. Por otra parte, el también investigador forense por 18 años confirmó que a pesar de que el ICF salió de la sombrilla del DSP, el Departamento aún tiene aguantado el presupuesto del Instituto para el año 2021; los empleados del ICF cobran por la nómina del DSP en Colecturía Virtual; y para realizar sus servicios necesitan la autorización del Departamento, siendo escasos los permisos otorgados, lo que limita las operaciones autónomas fiscales.
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Además, el expresidente del ICF peticionó que se cree un mecanismo que allegue fondos a la agencia para revisar la escala salarial periódicamente y así evitar el éxodo de peritos por los sueldos no competentes, y otorgar a la agencia la autoridad para revertir los cambios en los requerimientos de las plazas para poder realizar los análisis científicos.
Del mismo modo, afirmó que actualmente el ICF carece de materiales y equipo de laboratorios, ya que los compradores del Instituto se encuentran en la Agencia de Servicios Generales (ASG), tienen una necesidad desmedida de peritos, no se realizan evaluaciones al personal de ICF y los empleados llevan un periodo de 13 años sin recibir un aumento.
‘’El Negociado de Ciencias Forenses es una agencia pequeña, con poco personal que está altamente especializado en diferentes áreas de la ciencia. Los servicios que se brindan deben ser ininterrumpidos, deben contar con un presupuesto adecuado que contemple agilidad en el proceso de la adquisición de materiales y servicios. Esta agencia toca la fibra más profunda del ser humano, una familia no debe tener que esperar días o semanas para recibir el cadáver de sus seres queridos. Mucho menos se debe desestimar un caso porque los resultados de los análisis no están disponibles. Estas situaciones son inaceptables porque afectan emocionalmente a la población, y más aún, socava el sistema de justicia’’, sostuvo por su parte el Presidente de la Comisión.
Anteriormente, el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) favoreció el Proyecto de la Cámara 295, al asegurar que permitirá que los negociados recobren los recursos, se les brinden a los empleados mejores condiciones laborales y se recuperen sus poderes de origen establecidos en sus respectivas leyes orgánicas.
De igual forma, el Sindicato de Bomberos, también consideró que la eliminación del DSP y el restablecimiento de la Ley del Cuerpo de Bomberos representa un mejor servicio público para los ciudadanos.
Asimismo, la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, que representa a los empleados del Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1 afirmó que es “imperativo” que se apruebe el proyecto de ley, tras acentuarse una crisis administrativa y un déficit presupuestario dentro de la agencia al operar con fondos propios.
Por otro lado, la comisión cameral igualmente atendió la Resolución de la Cámara 232, que investiga al mismo tiempo el funcionamiento del DSP, busca identificar las necesidades de los negociados adscritos, evalúa cambios necesarios para realizar recomendaciones sobre la estructura administrativa de las agencias de seguridad.
‘’A cuatro años de la creación del DSP se debate públicamente su efectividad y se exige la evaluación de este andamiaje administrativo como modelo para el país. Es necesario conocer cómo su implementación ha afectado la ejecución de los distintos negociados, su impacto sobre la lucha contra el crimen y sobre el manejo de las emergencias’’, puntualizó Cruz Burgos.
El legislador informó que rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un periodo de 180 días siguientes a la aprobación de esta Resolución.
