La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes inició este miércoles el proceso de vistas públicas para atender el proyecto de ley que facultaría a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a expropiar los terrenos donde ubican acueductos comunitarios y ceder la titularidad a las entidades que administran estos sistemas.
La ponencia firmada por la presidenta Doriel Pagán Crespo recibió críticas de parte de los legisladores que exigieron la búsqueda de alternativas para atender el problema de estos sistemas que suplen agua a un estimado de 100,000 personas en la isla.
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El representante Jesús Manuel Ortiz González, quien preside la comisión cameral, impugnó a los portavoces de la corporación que no supieron responderle para qué ha sido utilizado el dinero proveniente de un cargo especial de 50 centavos implementado desde 2015 en las facturas de los clientes de la AAA que se supone sea destinado para los acueductos comunitarios, también llamados “Non-Prasa”.
Según la Organización de Sistemas de Acueductos Non-Prasa de Puerto Rico (OSAN), en la isla existen un aproximado de 250 acueductos comunitarios en 68 municipios.
“Aquí se hizo la representación de que en esa factura iba a haber un cargo de 50 centavos dirigido a los acueductos comunitarios, y yo leo la ponencia donde hacen planteamientos con tanta vehemencia sobre cómo los afectaría, según ustedes, este proyecto en términos de los bonistas de la Autoridad. Yo tengo que preguntarme si aquí lo que vamos a pensar primero es en los bonistas o en el servicio a las comunidades”, manifestó Ortiz González, autor principal de la medida en comunicación escrita.
“Tiene que haber explicación de la Autoridad de dónde está el dinero que va dirigido a los acueductos comunitarios”.
La licenciada Raquel Matos, directora de la división legal de la AAA, dijo que el cargo especial no estaba “expresamente” destinado a los sistemas Non-Prasa, sino para otros sistemas como las cuencas. No obstante, Ortiz González reiteró que el propósito principal del cobro gira en torno a los acueductos comunitarios. La portavoz aseguró que entregaría a la comisión los ingresos que ha generado la estructura tarifaria y los usos establecidos conforme su aprobación.
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A preguntas de Ortiz González, la funcionaria no pudo precisar si la Autoridad ha considerado otras alternativas para resolver el asunto de la titularidad de estos sistemas. Mientras, insistió que la propuesta legislativa no es una opción viable.
“La expropiación para pasar (la titularidad) a unas comunidades, que al final del día tampoco van a compensar a la Autoridad de ninguna forma, no es una alternativa que sea tan viable. En el pasado, la Autoridad sí ha cooperado con estas comunidades… De otras formas la Autoridad sí ha contribuido a estos sistemas”, argumentó la licenciada.
La AAA refuta en su memorial explicativo que el traspaso de las titularidades conllevaría un incremento en los costos asociados al pago de la justa compensación por los predios de terreno a expropiarse. Además, la corporación tendría que incurrir en otros gastos relacionados al proceso de expropiación, como contratación de agrimensores, tasadores, diseñadores, abogados, entre otros servicios.
Aunque los acueductos comunitarios se encuentran bajo la jurisdicción del Departamento de Salud (DS), la Autoridad asegura que ha desarrollado proyectos viables para que comunidades Non-Prasa puedan conectarse al sistema de la Autoridad como parte de su Programa de Mejoras Capitales.
Por su parte, la OSAN defendió la pieza al destacar que los acueductos no solo necesitan que la legislación brinde titularidad a los enclaves y accesos a los acueductos, sino a los terrenos por donde discurren las líneas de distribución de agua potable.
El director ejecutivo de la entidad, Ramón Vega, explicó que los acueductos comunitarios están a la espera de la inversión de cerca de $25 millones mediante el programa federal de resiliencia y redundancia energética de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), pero uno de los requisitos del proyecto es que la comunidad sea poseedora de la titularidad de los terrenos.
“Somos testigos de lamentables controversias, pleitos judiciales, pugnas familiares y vecinales, así como situaciones violentas entre comunidades que han perdido o limitado el desarrollo de mejoras en sistemas de agua potable debido a la falta de títulos de propiedad”, mencionó Vega, quien citó ejemplos de “tristes desenlaces” en comunidades como Pajita Falcón, en Aguas Buenas; Mundo Tropical, en Río Grande y al menos tres en Caguas.
La OSAN sugirió enmiendas al lenguaje del proyecto y que se establezca un término máximo de 180 días para que la AAA entregue toda documentación titular a nombre de la organización comunitaria que se le conceda la propiedad del sistema Non-Prasa.
“Es importante que tengamos esta conversación, porque se trata de agua. No es un servicio cualquiera”, afirmó Ortiz González. “El ánimo de esta comisión es poder buscar alternativas para que esas comunidades puedan seguir supliendo el agua potable a su gente”.
El Proyecto de la Cámara 697 enmendaría la ley orgánica de la corporación pública (Ley 40 de 1945) con el fin de apoyar las iniciativas que realizan las comunidades para abastecerse de agua potable. Sin embargo, la AAA rechazó la medida por entender que afectaría las finanzas de la corporación y los activos que respaldan la deuda emitida. Además, la Autoridad señaló que la propuesta interferiría con el dominio y la supervisión de sus propiedades.
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