Las comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y el Senado – recibieron el viernes, la visita del comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa y el comisionado del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, Manuel González Azcuy, para atender la Resolución de la Cámara 149 y la Resolución del Senado 66, que investigan asuntos relacionados con la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico.
Según los deponentes, los presupuestos presentados fueron redactados conforme a la Ley 3-2017 conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico” y de acuerdo a las exigencias del Plan aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF).
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López Figueroa argumentó a través de una ponencia escrita, que en los últimos tiempos, tras la Pandemia COVID-19, terremotos y huracanes los recursos de la Policía se han visto limitados y afectados. El presupuesto presentado en la vista pública asciende a 1,323,109,000 dólares. Estos, incluyen 1,190,629 dólares provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $-113,426,000 dólares de asignaciones federales y 1,442,000 dólares de ingresos propios.
De acuerdo al comisionado de la Policía, los fondos incluyen las partidas necesarias para los 12 programas que componen la agencia “con el propósito de lograr mayor eficacia y efectividad que en los últimos años no se ha logrado debido a que se ha recortado nuestro presupuesto pese a las necesidades en nuestro Negociado”.
Con relación a los recortes propuestos por el Ejecutivo y aprobados por la JCF, la Policía sufrirá deficiencia en la mayoría de sus programas. Por ejemplo, López señaló que bajo la nueva asignación fiscal, la Policía tendrá una deficiencia en su nómina de 122,957 dólares. “Esta partida incluye los gastos para cubrir la nómina del personal de rango, pago de pensiones al amparo de la Ley 70-2010 y la Ley 211-2015”.
También, el nuevo presupuesto refleja una insuficiencia en los programas de facilidades y pagos por servicios públicos, servicios profesionales, compra de equipo, materiales y suministros. Entre las preocupaciones más urgentes del Comisionado está la necesidad de fondos para satisfacer una proyección de reclutamiento de 1,000 cadetes nuevos. “Resulta menester señalar que esta insuficiencia en nómina presupuestaria nos provocaría un disloque en las operaciones de seguridad y protección, de no identificarse o aprobarse fondos para cubrirla”. En contestación a preguntas del representante Santa Rodríguez, el coronel López Figueroa mencionó que se espera un éxodo entre el 2021- 2024 de 900 policías, muchos de ellos por jubilación.
Actualmente, la Cámara de Representantes atiende el Proyecto de la Cámara 578, presentado por el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que busca reducir el requisito de edad mínima de 21 años para formar parte del cuerpo policiaco ante la situación de escasez en la uniformada. Sin embargo, en el presupuesto aprobado por la JCF, se verán afectados los equipos necesarios para ese nuevo grupo de policías, que incluyen armas, chalecos y dispositivos electrónicos. “Cuando llegué a la Policía, encontré una agencia con un personal desanimado y poco equipo. Estamos encaminados a recuperar los fondos y aumentar nuestra capacidad como Negociado”, expresó el comisionado de la Policía.
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Por otro lado, González Azcuy informó sobre las necesidades puntuales del Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 (NSE911). En la actualidad, por medio de los recursos recaudados de los cargos del 9-1-1 a través de las compañías telefónicas, el NSE911 sostiene el 100 por ciento de sus operaciones. Eso significa, que la dependencia encargada de atender comunicaciones de emergencia a nivel de toda la isla, no recibe fondos del estado, fondos federales, asignaciones estatales especiales, ni ningún otro recurso externo a los cargos 9-1-1.
Sin embargo, con el nuevo presupuesto aprobado por la Junta, González Azcuy informó que el Negociado tendrá una deficiencia presupuestaria para el 2022 de 2,373 dólares. “En esa reducción, la Junta no contempló el gasto completo del personal administrativo o de las vacantes para reclutamiento durante el próximo año fiscal y la necesidad requerida para cumplir con unas reservas presupuestarias para gastos operaciones requeridas por la Ley 20-2017 (Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico).
“La asignación limitada de la Junta no se justifica, ya que cualquier exceso en los recaudos del 9-1-1 no pueden ser transferidos ni utilizados para otros asuntos ajenos a las operaciones del Negociado por disposición de leyes federales. Esa asignación de la Junta no es razonable para nuestro propósito, ya que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), le indicaron al Gobierno de Puerto Rico que único propósito para establecer los cargos 9-1-1 es para operar eficientemente su Sistema 9-1-1”, explicó González Azcuy.
Actualmente, los retos del Sistema se concentran en su capacidad de respuesta a emergencias en pueblos pequeños y ubicados en zonas montañosas. “Los municipios como Utuado, Jayuya y Adjuntas no tienen dinero para costear y mantener un sistema en sus pueblos las 24 horas. Estamos trabajando en un consorcio para que ese costo se lo puedan dividir entre varios municipios y lograr reducir el tiempo de respuesta a las emergencias”.
El NSE911 mantiene relación directa con 49 ayuntamientos que tienen un sistema de respuesta a emergencias en facilidades municipales. Por otro lado, cualquier llamada que reciba el Negociado desde municipios pequeños, que no cuentan con acuerdos con el NSE911, “se gestiona a través de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, lo que en muchas veces afecta la rapidez del servicio”.
Finalmente, el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 también informó que aunque ha gastado menos en el renglón de nómina, “esto no significa una medida de austeridad. Se trata de una situación provocada por el patrón continuo de una o dos renuncias bimensuales”.
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