Luego de que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, ordenó una investigación del manejo del caso judicial de Andrea Ruiz, diversas abogadas aplaudieron las medidas adoptadas por la togada en medio de un aumento en los casos de violencia de género en la isla.
El pasado jueves se reportó el asesinato de Ruiz en Cayey y su cuerpo calcinado fue encontrado por la Policía en el área de Guavate. La joven de 35 años habría intentado obtener una orden de protección en marzo e intentó iniciar un proceso penal contra su expareja, Miguel Ocasio. Ante esto, Oronoz ordenó una investigación en torno al proceso judicial que solicitó Ruiz y solicitó la reasignación de los casos de violencia doméstica en la región judicial en Caguas.
Las acciones de Oronoz provocaron el descontento entre entidades de juristas como la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Colegio de Abogados y Abogadas y la Unión Independiente de la Sociedad para Asistencia Legal (la UIASAL) ya que alegan que, entre otras cosas, la Jueza Presidenta atenta contra la independencia judicial y que la togada cedió ante las presiones públicas.
Para la abogada Yanira Reyes Gil las acciones de Oronoz promueve a que se “mire con detenimiento” la forma en que se manejan los casos de violencia doméstica y violencia de género. “El asunto de la violencia de género es un asunto bien particular que hay que atenderlo con una sensibilidad y con conocimiento particular sobre el problema de violencia que va más allá de cualquier otro caso criminal o civil por eso los tribunales han designado desde hace unos cuantos años unas salas especializadas de violencia de género para atender estos asuntos de la manera más razonable y de la manera holística con que se debe atender”, dijo la también profesora.
“La razón por la cual en efecto existen salas especializadas es porque hay un reconocimiento de que hay que atender estos asuntos de violencia de género de una manera distinta y si lo que vamos a mirar es cómo se ha atendido el caso, me parece que es una acción razonable”, agregó.
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Asimismo, planteó que las medidas de Oronoz no deben interpretarse que se pondrá en tela de juicio todas las acciones de los jueces y juezas. “Pero me parece que en el caso de Andrea es claro que hubo unas fallas y que hay que atenderlas”, dijo.
Por su parte, la también abogada Esther Vicente respaldó las acciones de Oronoz e indicó que —ante los hechos que han trascendido que Ruiz intentó obtener una orden de protección y un procedimiento penal al amparo de la Ley 54— “es normal que la jueza presidenta ordene una investigación de qué fue lo que ocurrió puesto que se ha cuestionado la forma en que se atendieron las solicitudes de esta mujer”.
“Eso es lo que correspondería en cualquier centro de trabajo y que se haga un planteamiento crítico de esa naturaleza”, comentó la también profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Ante los reclamos que las acciones de Oronoz podrían atentar contra la independencia judicial, Vicente planteó que, en todo caso, la jueza presidenta busca proteger a la Rama Judicial y el manejo de los casos de violencia de género.
Asimismo, calificó como “peligroso” que hayan abogados que mencionen que algunas mujeres buscan el mecanismo de orden de protección o bajo la Ley 54 para vengarse de sus parejas. La profesora opinó que este tipo de comentarios provoca que las víctimas no se les atienda adecuadamente. “Entiendo que lo que debemos comunicar a todas las personas que se desempeñan en las diversas entidades del sistema de justicia es que la evidencia y los estudios demuestran que las mujeres que sufren violencia no buscan ayuda hasta que han sufrido tantos vejámenes que ya no tienen otras alternativas que tienden a guardar silencio por mucho tiempo antes de buscar las ayudas y los remedios que provee la ley”, mencionó.
Reyes Gil también cuestionó que las medidas adoptadas por Oronoz pudieran atentar contra la independencia judicial. “En un país en el que aspiremos a que los procesos sean transparentes no podemos tener gente intocable. En ese sentido si aquí alguien cometió un error, pues que se le señale el error”, dijo, por su parte, Reyes Gil.
“Sí hay que mirar porque aquí hay una persona que fue asesinada después de haber solicitado órdenes de protección en más de una ocasión. Por tal razón, sí hay que mirar y aplaudo la gestión de evaluación crítica que ha señalado la Jueza Presidenta. Y creo que hay que evaluarnos todos y todas en todos los procesos desde los procesos judiciales, de enseñanza y los medios de comunicación”, añadió la profesora.
En ese punto coincidió la también abogada, Bianca Saez, durante su participación en el podcast Con Los Editores al asegurar que no pueden haber vacas sagradas cuando se va a evaluar las fallas en el sistema para las mujeres.
Aquí puedes escuchar el episodio del podcas sobre la crisis de violencia de género:
El caso de Ruiz se une a un aumento de casos de violencia de género junto al asesinato de Keishla Rodríguez. Incluso, en medio del proceso judicial en el que Ruiz no pudo obtener una orden de protección, el programa televisivo Telenoticias reveló un audio de la mujer en el que mostró su frustración con el proceso judicial. Además, los mensajes develan el acoso al que fue víctima por pate de su expareja.
Oronoz ayer también anunció la creación de un grupo que evaluará los procesos judiciales en casos de violencia de género. “El Poder Judicial ha tomado acciones concretas para atajar [el] problema de violencia [de género] y atender[lo] con la seriedad y sensibilidad que exige. Sin embargo, estas acciones no son suficientes. Nos enfrentamos a un problema de País con raíces tan profundas y complejas que requieren la unión de esfuerzos comunitarios y gubernamentales para atajarla”, reza la Orden Administrativa antes de dar paso a la creación del Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidios.