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Nominada al Departamento de la Familia enfocará gestión en prevención de la violencia

La designada, Carmen González Magaz, enfatizó la importancia de la educación temprana

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La secretaria designada de la Familia, Carmen Ana González Magaz, como parte de su vista de nombramiento ante el Senado, fijó la protección de los menores, la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones y la atención a las necesidades de los adultos mayores como sus prioridades al mando de la agencia.

Justo en momentos en que el país ha quedado estremecido ante los asesinatos de Andrea Cristina Ruiz Costas y Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, en aparentes incidentes de violencia de género, González Magaz recalcó la importancia de la educación temprana en el desarrollo integral de los ciudadanos y la reducción de conductas violentas.

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“Para lograr una verdadera transformación, tenemos que comenzar con ese cambio de mentalidad desde la infancia. Se ha comprobado que los primeros cinco años de vida son los años más importantes en la formación de un individuo. Por lo tanto, tenemos una oportunidad de oro para comenzar con esa transformación a través de la educación que le ofrecemos a los menores a través de los centros ‘Head Start’ y ‘Early Head Start’ que administran la Acuden (Administración para el cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez). Estableciendo las bases adecuadas a través de su educación es que podemos maximizar su potencial y fortalecer su autoestima y que se sepan que son los héroes y autores de su futuro”, sostuvo González Magaz en su ponencia ante la Comisión de Nombramientos.

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“Nuestros esfuerzos prioritarios están dirigidos a concienciar, educar, prevenir e intervenir para la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones a través de programas que fomenten la equidad, el progreso y la autosuficiencia”, agregó la psicóloga, quien además presiden el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) que creó el gobernador Pedro Pierluisi para establecer políticas y protocolos que permitan responder a la violencia históricas que han sufrido las mujeres en el país.

Entre los objetivos de González Magaz para atender las necesidades de la niñez, figura el fortalecimiento de los programas de adopción. Detalló que, al 31 de marzo, el Departamento de la Familia mantenía a 410 menores con “plan adopción” y se habían completado 48 adopciones en lo que va de año.

“Uniremos esfuerzos con organizaciones y el tercer sector para proveer servicios psicosociales a las familias en el proceso de transición de la llegada del menor al hogar y estaremos proveyendo servicios terapéuticos a menores candidatos a adopción a través de la UPR (Universidad de Puerto Rico), quien también son un ente colaborador para completar el primer estudio de necesidades a menores candidatos a adopción liberados de patria potestad”, subrayó la psicóloga, quien además mencionó la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción mediante acuerdos con la Oficina de Administración de Tribunales y el Departamento de Justicia.

De otro lado, al sostener que muchas personas se jubilan “temprano en comparación al nivel de mortalidad”, planteó que se impulsarán iniciativas para que los adultos mayores puedan trabajar a tiempo parcial sin que afecte el cobro de sus pensiones.

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Según se desprende la ponencia de González Magaz, el Departamento de la Familia, como agencia sombrilla de cuatro instrumentalidades supervisa la administración de sobre $4,000 millones en fondos estatales y federales. De estas, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, con $2,760 millones, maneja el mayor presupuesto dentro de la agencia, a lo que se suman $1,353 millones en asignaciones federales de emergencia para atender la pandemia del Covid-19.

La Administración de Familias y Niños, en tanto, cuenta con un presupuesto de $183 millones, mientras Acuden administra $91.5 millones y la Administración para el Sustento de Menores, $26.9 millones.

A nivel central, la secretaría del Departamento de la Familia maneja un presupuesto de $88.7 millones.

Entre sus objetivos administrativos, González Magaz incluyó “hacerles justicia salarial” a los empleados de la agencia, aunque no precisó en la ponencia el alcance de los ajustes que impulsaría.

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