El representante José Rivera Madera, realizó el martes, la primera vista del Proyecto de la Cámara 447 que propone crear la Ley del Logo de Pescado Fresco del País para que las pescaderías, los restaurantes y comercios que promocionen el pescado que venden como fresco, sean identificados con un emblema que así lo certifique.
Uno de los fines de la medida es rectificar la procedencia del producto dada la preocupación de que el pescado que se vende como fresco en Puerto Rico no lo sea.
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‘’Es necesario crear una herramienta que propenda a que el consumidor corriente pueda reconocer con facilidad este tipo de producto, como por ejemplo un logo y seguir buscándole alternativas a todos los pescadores’’, expuso Luis Ortiz Lugo autor de la medida mediante comunicación escrita.
Según Ortiz Lugo, por tratarse de un logo que pertenece a una entidad privada, no pueden ordenar que el pescado fresco del país sea mercadeado con el sello “Hecho en Puerto Rico”. Sin embargo, proponen utilizar su ejemplo de éxito para delinear una estrategia similar para la venta del pescado local. A esos efectos, dispone que sea el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), entidad gubernamental que tiene a su cargo la regulación y promoción de la pesca en la isla, quien tenga la encomienda de crear un logo que facilite la identificación del pescado fresco del país.
Además, la Comisión de Turismo y Cooperativismo autorizó al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), DRNA y el Departamento de Agricultura (DA) a fiscalizar, mediante la inspección de establecimientos comerciales, si cumplen con las disposiciones de esta Ley. De igual forma, podrán fiscalizar los gobiernos municipales.
El estatuto, también ordena que toda persona que utilice el logo de pescado fresco fraudulentamente y/o con el propósito de engañar al consumidor podrá ser castigada con una multa administrativa de 2,500 dólares por la primera violación y por cada violación subsiguiente con multa no menor de 5,000 dólares.
De igual manera, el derecho al uso del logo de pescado fresco tendrá un costo anual de 20 dólares.
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No obstante, Ricardo Rivera en representación de Agricultura coincidió con los propósitos de la medida, pero comentó que la prohibición que se le hace a los pescadores y acaparadores para la venta del pescado fresco les ‘’levanta serias alarmas’’.
Rivera explicó que si los pescadores solo pueden vender exclusivamente pescado fresco a establecimientos comerciales que solo poseen el logo descrito no podrán hacerlo con otros negocios que no tengan el logo establecido por la Ley.
‘’Esto representa una carga onerosa a nuestros pescadores en momentos en donde la industria sufre una merma de pescadores comerciales significativa. Las cifras de capturas de pescados y mariscos muestran un descenso que probablemente se debe a una reducción en el número de pescadores y a la merma en los abastos de algunas especies’’, indicó Rivera.
De acuerdo con Agricultura, el Programa de Pesca Comercial del DRNA estimó que para el 2017 había solo entre 1,000 a 2,000 pescadores activos y la venta al detal de pescado se calculaba en 18 millones de dólares.
Además, informaron que tienen registrado a 374 pescadores bonafides en toda la Isla y han recibido 911 solicitudes nuevas, de las cuales 511 están siendo procesadas como válidas.
La postura sobre el proyecto de la entidad gubernamental es que ‘’no se debe complicar aún más la industria y someter a nuestros pescadores a requerimientos innecesarios que no abonan a que Puerto Rico cuente con una industria pesquera robusta y sostenida. La pesca promociona la seguridad alimentaria, la obtención de alimentos con alto valor nutricional aumenta los ingresos y empodera a las comunidades rurales’’.
El Departamento endosó el estatuto, siempre y cuando no se les prohíba a los pescadores vender el pescado fresco a otros negocios que no tengan el logo propuesto.
Por otro lado, Damaris Delgado, secretaria auxiliar de Conservación e Investigación del DRNA determinó que el fin del proyecto es viable como posible estrategia para incentivar la economía y la transparencia en las ventas de pescado y concordaron con Agricultura sobre la preocupación de la posible regulación que se les haría a los pescadores para la venta del pescado fresco.
‘’La medida apoya el cumplimiento de la Ley de Pesca y la presentación de estadísticas pesqueras comerciales. Sin embargo, entendemos que es el Departamento de Agricultura es la agencia llamada a fomentar, impulsar y desarrollar los intereses comerciales de Puerto Rico, incluyendo la pesca, el desarrollo de las industrias pesqueras y promoción de sus productos’’, expresó Delgado.
El DRNA afirmó que los deberes y responsabilidades que el proyecto impone a la entidad gubernamental se encuentran fuera de su jurisdicción y recomendaron que DACO sea consultado en cuanto a los mecanismos óptimos para la fiscalización y cumplimiento de la ley.
Por último, Rivera Madera, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo manifestó que ‘’es importante que se busquen soluciones para esta población y a este proyecto tan interesante que necesita de nuestro apoyo para el bienestar de toda la comunidad’’.
La pieza legislativa autoriza al DRNA a adoptar la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley, dentro de un término no mayor de 120 días contados a partir de su vigencia.
