El exasesor legislativo Eduardo “Tito” Laureano Martínez demandó el viernes pasado a la exgobernadora Wanda Vázquez por $5 millones en la que alega que esta lo difamó al vincularlo con el escándalo de la compra de pruebas de COVID-19 el año pasado.
Laureano fue asesor del exgobernador Ricardo Rosselló y también tuvo contratos de asesoría con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde marzo del año pasado, el gobierno de Vázquez se vio involucrado en un escándalo gubernamental luego de que autorizó la compra de pruebas rápidas de COVID-19 por $38 millones a una empresa de construcción, Apex Consulting. Asimismo, trascendió que dichas pruebas adquiridas no contaban con el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Dicha transacción fue posteriormente cancelada.
En su demanda, Laureano Martínez reclamó una compensación de $5 millones por los daños que le ocasionaron las expresiones públicas de Vázquez. El demandante también pidió “una rectificación pública por parte de la demandada Vázquez Garced en igual magnitud y relevancia como la conferencia de prensa llevada a cabo el 16 de abril de 2020”.
Según Laureano Martínez, en dicha conferencia de prensa, la gobernadora implicó al demandante en la fallida transacción de $38 millones. Durante su exposición ante los medios, Vázquez mencionó a Laureano Martínez y ordenó la cancelación de todos los contratos que este podría tener con el gobierno ya que aseguró que quería un “gobierno limpio”. La mandataria, en aquel momento, también ordenó la cancelación de los contratos de Juan Maldonado y la empresa Apex con el gobierno.
La figura de Laureano Martínez surgió luego de que se revelara un intercambio de mensajes de texto entre Maldonado y el rector del Recinto de Ciencias Médicas y exdirector del Task Force la gobernadora, Segundo Rodríguez. En dichos mensajes, Maldonado le escribió a Rodríguez que obtuvo su número de teléfono por medio de Laureano Martínez. En aquel momento, luego de ser mencionado en dichos mensajes, Laureano, en entrevista con Metro, se desvinculó de dicha transacción.
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“Dichas expresiones, haciendo alusión a lo trascendido por los medios de comunicación eran y son falsas, maliciosas y calumniosas. Fueron realizadas sin el cuidado debido con toda la intención de dañar la reputación del demandante, sin el mínimo de investigación y con el fin de desprestigiar y lacerar la dignidad del demandante. Tan así, que la demandada menciona lo trascendido tomando como válido lo que decían los medios de comunicación y no corrobora dicha información, haciéndola propia”, argumentó Laureano Martínez en su demanda de ocho páginas.
“El mensaje, a todas luces difamatorio, fue que el gobierno y las compras de esas pruebas de Covid-19 estaban sucias y que había que quitarle al demandante, todos los contratos, con una connotación clara de que. había que limpiar el Gobierno cancelando los contratos del demandante para que estuviese “limpio”. Expresión que lacera la dignidad de demandante”, reza la demanda.
Asimismo, Laureano Martínez planteó que son los funcionarios ligados a la administración de Vázquez quienes están siendo investigados por dichos acontecimientos.
“Lo que sí debió conocer y saber Vázquez Garced, es que sus propios empleados de confianza y ayudantes especiales fueron referidos a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) por la posible comisión de actos delictivos en las compras de las pruebas de Covid-19, y al día de hoy se encuentran bajo investigación. Es por tal razón que aseveramos que la demandada Vázquez Garced tenía conocimiento del manejo de las compras de prueba de Covid-19 y sabía que nada tenía que ver el demandante con tales circunstancias”, añade el documento legal.
Laureano Martínez agregó que no es una figura pública y que no tiene relación alguna con la empresa Apex o con la compra de estas pruebas rápidas.
“Las situaciones vividas a partir del 16 de abril de 2020 han marcado la vida del demandante para siempre, causándole grave daño a su imagen, nombre y reputación, tanto en el desarrollo de sus negocios y el diario desenvolvimiento de su vida, tan es así que desde dicha fecha se percibe marcado con el escándalo que Vázquez Garced lo relacionó”, lee la demanda.
Esta demanda constituye la segunda reclamación por difamación que enfrenta Vázquez por expresiones realizadas contra exfuncionarios o personas ligadas al gobierno. En mayo del año pasado, la ex subsecretaria de la gobernación Itza García también demandó a la exmandataria y reclama $5 millones por daños ya que alega que esta le difamó por expresiones realizadas en su contra en una conferencia de prensa mientras anunciaba las personas implicadas en la investigación del chat de Whatsapp.
Vea la demanda:
Demandan a Wanda Vázquez by Metro Puerto Rico on Scribd