La Cámara de Industria Mercadeo y Distribución de Alimentos (MIDA) radicó el jueves en el tribunal federal una acción legal para detener la puesta en vigor de las nuevas tarifas aprobadas recientemente por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Público (NTSP) con el fin de proteger los acuerdos contractuales existentes para el transporte de alimentos y evitar un aumento en los costos de alimentos que impacte el bolsillo de los consumidores.
La demanda radicada busca que la regulación y carta circular de la NTSP, que instituye las nuevas tarifas, sea declarada nula e inaplicable, así como la declaración de un interdicto permanente impidiendo al gobierno de emitir sanciones por alegado incumplimiento.
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“Hemos tomado esta acción legal urgente, luego de haber agotado todas las vías, con el ánimo de proteger el bolsillo de los consumidores y detener otro aumento desmedido a los costos de operación de la industria de alimentos en Puerto Rico”, declaró el Lcdo. Manuel Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo de la organización, en declaraciones escritas.
Este agregó que las acciones de la NTSP están en violación de la Ley Promesa, ya que la carta circular no fue sometida a la Junta de Supervisión Fiscal previamente para revisión y aprobación. Asimismo, las tarifas están en contraposición con el Plan Fiscal aprobado para el año fiscal 2020-2021.
Según Reyes, existe desinformación porque no se trata de incrementar unas tarifas que ya existían sino de imponer un nuevo sistema de tarifas a sectores que operaban bajo contratos privados negociados en el libre mercado en beneficio de ambas partes y sobre todo del consumidor. Por tanto, lejos de desregular lo que estaba reglamentado como ordena el Plan Fiscal, se está expandiendo la autoridad del NTSP y cambiando dramáticamente la forma de hacer negocios en nuestra economía. El alza resultante que pretende implantar el gobierno va en perjuicio de la industria de alimentos y por ende de los consumidores, quienes se verán afectados por cualquier aumento en precios que resulte por la aplicación de las nuevas tarifas.
“Cuando el NTSP impuso en diciembre las tarifas temporales de transporte lo hizo ignorando las relaciones comerciales existentes entre los carreros independientes y los comercios de alimentos. No se hizo un análisis serio del impacto de un cambio de esta envergadura para nuestra economía. Históricamente, la Comisión de Servicio Público, entidad predecesora del NTSP, había respetado estas relaciones, excluyéndolas de sus tarifas reglamentarias por ser las mismas pactadas entre dos entes privados, el carrero y el comerciante. Es absurdo, y derrota el propósito de los contratos privados, pretender aplicar unas tarifas diseñadas para viajes individuales cuando se contratan miles de viajes, ofreciendo garantías y certeza a las empresas de transporte”, puntualizó Reyes Alfonso.
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El portavoz de MIDA subrayó que las tarifas incluidas en la nueva reglamentación del NTSP no consideraron el funcionamiento de la industria de distribución de alimentos. Explicó que el andamiaje de la distribución y transporte de alimentos es uno complejo en el que las compañías contratan de manera individual con los dueños de los camiones independientes.
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Asimismo, los pagos a los transportistas están basados en la cantidad de cajas o “bultos” entregados a los detallistas. Las tarifas varían según la localización de las tiendas a recibir mercancía, y por el tipo de carga a entregar: seca, fresca, refrigerada o congelada. También influyen en la contratación otros factores, tales como el peso y tamaño de los bultos. Los viajes de entrega de carga conllevan múltiples paradas en diferentes tiendas y municipios.
Aclaró que esa contratación típicamente se revisa anualmente por lo que también es incorrecto alegar que las tarifas no han cambiado en 15 años sino que se han ido ajustando de manera mucho más eficiente que cualquier proceso regulatorio.
“Han creado un problema donde no lo había. La industria siempre ha tenido buena relación con sus miles de carreros lo que se evidencia con relaciones comerciales que duran décadas. Toda parte en una negociación puede aspirar a más pero es ese proceso de negociación el que asegura eficiencia en la cadena de abastos en beneficio del consumidor. Estos aumentos se sumarían a los ya impuestos por los operadores de los muelles con los que el gobierno no ha querido intervenir, a los de la electricidad y a los internacionales que no controlamos. Hacemos un llamado urgente al gobernador Pierluisi a que escuche a la industria de alimentos, a que defienda a los consumidores de estos aumentos y nos permita clarificar la confusión que ha provocado un pequeño sector que no representa a toda la industria del transporte privado”, dijo Reyes.
El recurso radicado por MIDA es el segundo radicado por entidades del sector privado en relación a esta regulación habiendo la Cámara de Comercio radicado otro en el Tribunal Apelativo local a finales del mes de enero.
