Del CPI
Gabriel Hernández está en una tarima frente a decenas de inversionistas, empresarios y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico que, ese 14 de febrero de 2019, llegaron temprano al Hotel San Juan de Isla Verde para participar del Puerto Rico Investment Summit.
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Está sentado al borde de un moderno sillón gris, con sus manos juntas entre las rodillas. Lleva corbata violeta y se proyecta relajado. Va a comenzar una presentación sobre los beneficios de la Ley 22 para “Incentivar el traslado de individuos Inversionistas a Puerto Rico”, que ahora es parte del Código de Incentivos Contributivos.
“Lo más importante para todo el mundo en esta sala es que desde el comienzo de este programa [ley 22] hemos manejado probablemente más de 600 de estas mudanzas de individuos [inversionistas] a la Isla. El beneficio de tenernos aquí es que tenemos mucha experiencia haciendo esto”, dice en inglés, mientras comparte tarima con Edgar Ríos Méndez, abogado de impuestos del bufete Pietrantoni Méndez & Alvarez.
En ese momento hacía nueves meses que Hernández estaba siendo investigado por el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Era socio y jefe de la división de impuestos de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico. De 55 años, contador público autorizado conocido en el ambiente financiero como “Gaby”, Hernández era uno de los más prominentes de la casta de intermediarios que se creó tras la aprobación en 2012 de la ley 22 y de la “Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios”.
La casta de intermediarios que se presentan como expertos en las leyes 20 y 22 la integran bufetes de abogados grandes y pequeños, firmas de contabilidad y compañías de gestoría, algunas de las cuales fueron parte de un fallido programa de “promotores cualificados” del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Para los bufetes grandes, como Reichard & Escalera, los clientes de las leyes 20 y 22 son un segmento dentro de la división de impuestos y los demás servicios legales que ofrecen. Otras firmas legales más pequeñas, como Stolberg Attorneys at Law, concentran su práctica alrededor de los beneficios de estos incentivos. Las compañías de gestoría que han sido parte del programa de Promotores Cualificados, como The 20/22 Act Society y PRelocate, se dedican completamente a la promoción de las leyes 20 y 22 y los trámites burocráticos que necesitan hacer sus beneficiarios ante las agencias gubernamentales de Puerto Rico. Algunos de estos gestores son al mismo tiempo beneficiarios de las leyes 20 y 22.
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Esta casta de intermediarios incluye a ex funcionarios que durante su puesto en el Gobierno estuvieron involucrados en la creación, aprobación o implementación de esas leyes y que luego añadieron a su lista de servicios la consultoría sobre los incentivos contributivos que ofrecen.
“Cuando se creó la ley 22 en 2012, los inversionistas tenían acceso a los incentivos exclusivamente a través de grandes bufetes como Pietrantoni Méndez Alvarez y de firmas de contabilidad como BDO”, dijo Giovanni Méndez, abogado de impuestos y administrador de la firma Global Economic Optimization, en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Entre 2013 y 2017 Méndez trabajó para BDO como consultor sobre las leyes 20 y 22.
El costo de los servicios de consultoría sobre estos incentivos puede fluctuar entre los $3,000 y los $16,000 por el trabajo inicial, dependiendo de la complejidad del caso, y puede comenzar desde que se llena la primera planilla de contribución sobre ingresos, según Méndez.
Promotores Cualificados, “$499 por una llamada con el jefe”
“Hola, gracias por llamar a ‘PRelocate’, estamos recibiendo una gran cantidad de llamadas debido al alto y excepcional interés de reubicaciones hacia Puerto Rico”, contesta en inglés una grabadora con voz de hombre. PRelocate se dedica a gestionar trámites burocráticos y orientar a individuos que se mudan a Puerto Rico para pagar menos impuestos de los que pagan en Estados Unidos.
Su oferta principal son las exenciones contributivas que incentivan el traslado de individuos inversionistas y los servicios de exportación. Una llamada de 30 minutos bajo la categoría de “hablar con el jefe” de PRelocate cuesta $499, según su página web.
Con sede en el área de Miramar en San Juan, PRelocate recibió una exención contributiva de la ley 20 para la exportación de servicios en el 2018. Los socios administradores de la empresa, Mike Schoenfeld, Samuel Silverman y Travis Lynk, obtuvieron además las exenciones de la ley 22 para el traslado de individuos inversionistas el mismo año. Antes de trasladarse a Puerto Rico, Schoenfeld y Silverman trabajaban en Estados Unidos como asesores financieros en la firma Boston Consulting Group, y Lynk era parte de la firma Accenture.
Los administradores de PRelocate no respondieron una solicitud de entrevista para conocer mejor el negocio de mudar beneficiarios de exenciones contributivas a la Isla.
PRelocate se anuncia como un “Promotor Cualificado Oficial”. Esta figura fue creada en 2015 por el Gobierno de Puerto Rico con el “Reglamento para incentivos por promoción” del DDEC, bajo la dirección de Alberto Bacó.
El Promotor Cualificado recibiría un incentivo proveniente del 10% del pago de contribuciones sobre ingresos que hicieran los negocios acogidos a la ley 20. Ese 10% iría a un fondo especial establecido por el Secretario del Departamento de Hacienda llamado “Fondo Especial para el Desarrollo de la Exportación y Servicios y Promoción”. El promotor cualificado podía recibir hasta un 75% de la cuantía que ingresara anualmente a ese fondo especial. El incentivo se le daría por 15 años, según el reglamento.
Pero el Gobierno nunca pagó el incentivo. El secretario de Hacienda, Francisco Parés y el senador Juan Zaragoza, quien fue secretario de Hacienda cuando se creó el incentivo, no respondieron varios intentos del CPI para obtener una respuesta sobre si ese fondo especial fue creado o no y por qué nunca se pagó el incentivo. Según el reglamento el secretario de Hacienda sería el responsable de “nutrir el fondo”.
“Después que se dedicaron a promover negocios, el Gobierno se pasaba la bola del Departamento de Hacienda al Departamento de Desarrollo Económico y [el programa del Promotor Cualificado] dejó de funcionar porque la gente no iba a seguir invirtiendo su tiempo y su dinero si no les estaban pagando”, dijo al CPI Alberto Bacó, ex secretario del DDEC y creador de la figura del Promotor Cualificado.
“Yo me registré pero no hice nada, nunca fungí como promotor. Yo lo hice [me registré como promotor] más para compañías ley 20 que para ley 22, pero nunca me promocioné. Porque aunque parecía un programa robusto al principio, en realidad no fue bien diseñado y la experiencia que tenía es que la gente que sí lo había hecho no les habían pagado. Mucha gente se inscribió, abogados, corredores, contables que podían proveer sus servicios a compañías ley 20 o a individuos ley 22 y tampoco lo ejercieron”, dijo Nick Pastrana Villafañe, fundador de la firma de bienes raíces y asesoría financiera San Juan Realty Group. Pastrana Villafañe además es el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado.
“Yo me registré pero no hice nada, nunca fungí como promotor. Yo lo hice [me registré como promotor] más para compañías ley 20 que para ley 22, pero nunca me promocioné. Porque aunque parecía un programa robusto al principio, en realidad no fue bien diseñado y la experiencia que tenía es que la gente que sí lo había hecho no les habían pagado. Mucha gente se inscribió, abogados, corredores, contables que podían proveer sus servicios a compañías ley 20 o a individuos ley 22 y tampoco lo ejercieron”, dijo Nick Pastrana Villafañe, fundador de la firma de bienes raíces y asesoría financiera San Juan Realty Group. Pastrana Villafañe además es el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado.
Un promotor cualificado podría haber ganado $100 mil al año por 15 años si una empresa a la que le dio servicios generaba al menos $40 millones en ganancias, “que las hay”, según Bacó. El ex secretario del DDEC explicó el programa como una privatización de la función del Gobierno de promover a Puerto Rico como destino de negocios. Añadió que algunos de los que fueron promotores cualificados son hijos de inversionistas beneficiarios de la ley 22 que se mudaron a Puerto Rico.
“Eso es un problema grandísimo. Porque entonces tienes promotores cualificados que no son CPA, no son abogados, son básicamente firmas de mercadeo que ven el proceso de solicitud como un mero papeleo y no sirven de filtro para decir ‘estos son tus requisitos, esta es la ley, esto es lo que tú tienes que cumplir’ y no tienen una licencia de por medio. Yo doy un advise mal y a mí me pueden desaforar”, dijo Méndez, abogado consultor en Global Economic Optimization.
La presión política de The 20/22 Act Society
The 20/22 Act Society, una de las organizaciones que se registró como promotor cualificado y que agrupa a beneficiarios de estas leyes ha fungido como un grupo de presión política. En junio del año pasado anunciaron que iniciarían una acción legal contra el Gobierno por los cambios introducidos a ambas leyes cuando fueron integradas al Código de Incentivos.
Se opusieron al aumento de $300 a $5,000 de una cuota administrativa que pagan los beneficiarios de esas leyes. El mismo mes, la Cámara y el Senado aprobaron enmiendas al Código de Incentivos para que el aumento aplicara solo prospectivamente y no a quienes habían obtenido los decretos antes de la firma del Código, una enmienda por la que abogó The 20/22 Act Society.
La organización, que funciona por membresía, fue fundada por Robb Rill, un administrador de fondos de cobertura oriundo de Florida que obtuvo un decreto de ley 22 en 2013. El mismo año The Strategic Group P.R., LLC (TSG), una firma de manejo de inversión, obtuvo un decreto de ley 20. Según la página web de la empresa de Rill, la mayor parte de los recipientes de estos incentivos son fondos de cobertura. Estas son firmas de inversión de riesgo que por lo general funcionan como boutiques con pocos empleados. The Strategic Funds, una firma subsidiaria de TSG por ejemplo, tiene seis empleados, todos de Estados Unidos.
Rill reaccionó a la acusación en contra de Gabriel Hernández de BDO diciendo: “conozco personalmente a Gaby desde hace ocho años y no puedo imaginar que cruzara la línea intencionalmente considerando el riesgo y las repercusiones de hacerlo, incluidos, entre otros, su libertad y el daño a su reputación, su empresa y el programa [de las leyes 20 y 22]”.
En una demanda federal que sometió la empresa Next Gen Media contra el Gobierno de Estados Unidos en noviembre, se revela que los agentes del Servicio de Rentas Internas que allanaron la empresa buscaban información sobre comunicaciones de Next Gen Media con Hernández, The 20/22 Act Society y Jorge Kuilan, quien se describe en un artículo como contable de Rill. Kuilan trabajó para BDO de 2011 a 2014 y desde el 2019 trabaja para The Strategic Group, la firma de Rill. En febrero de este año Rill criticó el anuncio del IRS de que haría auditorías masivas a los beneficiarios de las leyes 20 y 22 por considerar que esa acción violenta la “autonomía” fiscal de la Isla.
Entre los promotores cualificados aparecen además José Manuel Lamboy Rodríguez y Miguel Ángel Boix Rocamora. Lamboy Rodríguez es asesor legislativo en la Cámara de Representantes. Boix Rocamora es un abogado español promotor cualificado en Puerto Rico con oficina en Alicante, España.
En una lista de promotores cualificados que entregó el DDEC al CPI aparecen 32 firmas e individuos registrados bajo ese programa. Al preguntar por la cantidad de fondos que se distribuyó entre los promotores cualificados por el incentivo que estableció el reglamento del 2015, Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos Contributivos, respondió que “no se ha desembolsado dinero bajo el programa previo de Promotor Cualificado, ni bajo la figura de Promotor Cualificado de la ley 60 [Código de Incentivos]”. No respondió la pregunta de por qué nunca se distribuyó el incentivo ni si el fondo especial fue creado o no.
La ley 60 de 2019, conocida como el Código de Incentivos, establece un nuevo programa de Promotor Cualificado. Bajo ese programa, la cantidad del incentivo a los promotores cambió de un 75 a un 50%, por un período de 10 años en vez de 15. La organización sin fines de lucro Invest Puerto Rico será la encargada de desembolsar el incentivo bajo el nuevo programa.
Ella Woger Nieves, principal oficial de operaciones de Invest Puerto Rico, dijo al CPI que “el programa de promotores cualificados que existía previo a la ley 60 ya no está en efecto y los promotores que fueron registrados y cualificados previamente, ya no están activos”. El nuevo programa estará listo a mediados de año, según Woger Nieves.
Continúa la economía de la plantación
“Las leyes [20 y 22] son leyes nuevas, no hay duda. Pero las leyes se crean y se basan en un sistema que existía y el sistema que existía era la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Una relación que existe desde hace más de cien años y que ha adquirido una personalidad distinta durante los últimos 60 años [desde que se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952] y que le ha dado a Puerto Rico la capacidad de incentivar áreas particulares”, dice en un vídeo del 2014 José Pérez Riera, ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cuando se crearon los estatutos.
Para la socióloga Rocío Zambrana, estas leyes representan una continuación de políticas económicas coloniales de Estados Unidos, con la diferencia de que ahora las exenciones no se centran en una industria o corporación, sino en el individuo.
“Continúa lo que muchos pensadores y pensadoras del Caribe llaman la economía de la plantación… Las economías que están construidas para simplemente explotar y desposeer, que no están construidas realmente para el bienestar de las comunidades que viven y trabajan en esos espacios y sus formaciones culturales… Expulsión de las poblaciones de acá y la atracción de otras poblaciones que vienen no necesariamente con fines comunitarios o ecológicos”, dijo Zambrana, profesora en el Departamento de Filosofía de Emory College en Atlanta y especialista en temas de colonialidad y deuda fiscal.
“En Puerto Rico obviamente hay unas jerarquías raciales y hay toda una clase política y económica que también está gestionando, un montón de firmas, de banqueros y de abogados que guisan. Aquí también hay toda una jerarquía que es interna al contexto de Puerto Rico y que tiene que ver con esa larga historia de las dos colonizaciones, primero española y después estadounidense. Pero hay que hilar fino, yo no creo que sea necesariamente como cuando la gente dice ‘Puerto Rico para los puertorriqueños’ nada más. No es una posición xenofóbica, es una posición de esos recursos, de las posiciones materiales de la gente, de quién se está viendo afectado, las diferencias de los impactos a nivel de raza y género también, no solamente como Puerto Rico versus extranjeros que vengan con exenciones”, dijo Zambrana, autora del libro Colonial Debts: The Case of Puerto Rico.
Del Gobierno a intermediarios privados
José Pérez Riera fue secretario del DDEC de 2009 hasta diciembre de 2012, durante la administración de Luis Fortuño. Bajo ese cargo “fue responsable de la conceptualización, redacción y aprobación de numerosas leyes”, entre ellas las leyes 20 y 22. El DDEC es el departamento encargado de evaluar y otorgar solicitudes de decretos contributivos, que son una especie de contrato con el que se exime al contribuyente que cualifique del pago de ciertos impuestos.
Luego de dejar su cargo en el DDEC Pérez Riera comenzó una carrera como promotor y consultor experto en las leyes 20 y 22.
Entre 2016 y 2019, tres años después de haber dejado su puesto en el Gobierno, Pérez Riera registró 14 compañías de responsabilidad limitada en el Departamento de Estado bajo el nombre PREDCO (Puerto Rico Economic Development Company). Entre ellas se encuentran PREDCO Law, PREDCO Consulting, PREDCO Real Estate, PREDCO Promotion, PREDCO Accounting y PREDCO Trading.
Ocho de las compañías de Pérez Riera obtuvieron decretos de ley 20 el 10 de noviembre de 2018. Estas son PREDCO Trading, PREDCO Promotions, PREDCO Real Estate, PREDCO LLC, PREDCO Law, PREDCO Consulting, PREDCO Accounting y Puerto Rico Economic Development Comp LLC.
Las áreas de servicio principales de PREDCO son las leyes 20 y 22, según su página web.
En 2017 PREDCO Law firmó un contrato de $500 mil con el DDEC por “servicios profesionales de consultoría para promover la adopción de un Código de Incentivos”, el cual integra todas las exenciones contributivas que da el Gobierno a individuos y empresas.
“Ya sea que esté buscando servicios de consultoría comercial con respecto a los incentivos de Puerto Rico, como las leyes 20 y 22 de 2012, o simplemente esté buscando oportunidades de inversión, PREDCO ofrece un one-stop-shop único y conveniente que cubre todas las necesidades de nuestros clientes”, dice en inglés la propuesta de negocios de PREDCO enviada por Pérez Riera a Manuel Laboy, entonces secretario del DDEC, y que se incluye como anejo en el contrato.
El nombre PREDCO no debe confundirse con PRIDCO, iniciales en inglés de la Compañía de Fomento Industrial, una corporación pública en la cual los secretarios del DDEC fungen como directores ejecutivos.
Desde el 2016, la compañía de Pérez Riera reclutó a por lo menos ocho ex funcionarios de diferentes ramas del gobierno, como el Departamento de Hacienda y La Fortaleza. Entre ellos dos exsecretarios del DDEC, Bartolomé Gamundi y Jorge Silva Puras, y Marcos Rodríguez Ema, ex secretario de la Gobernación durante la administración del PNP Fortuño y presidente del Banco Gubernamental de Fomento en la década de los ‘90 durante la administración de Pedro Rosselló. Rodríguez Ema es tío de Pérez Riera.
También formaba parte del equipo de PREDCO el actual alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, luego de haber sido secretario de la gobernación y del Departamento del Trabajo durante la administración Fortuño. Durante su campaña electoral, entre 2019 y 2020, Romero recibió sobre $44 mil en donativos políticos de parte de beneficiarios de la ley 22.
También formó parte del equipo de PREDCO George Joyner, director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda en la administración Fortuño. En 2017 Joyner pasó a ser comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), agencia encargada de regular al sector financiero de la Isla, evaluar querellas por fraude y otorgar licencias de Institución Financiera Internacional.
“No hay otro lugar donde podrá tener ex secretarios de Desarrollo Económico y Comercio, ex jefes de Gabinete del Gobernador de Puerto Rico, ex directores ejecutivos de la Compañía de Comercio y Exportación, ex directores ejecutivos de la Compañía de Fomento Industrial, ex presidentes del Banco Gubernamental de Fomento, ex secretarios de Hacienda, ex directores de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ex secretarios de Trabajo, ex directores de Información, ex directores ejecutivos de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, algunos de los doctores en economía más respetados en Puerto Rico y un equipo de abogados con licencia para ejercer la abogacía en Puerto Rico, Florida, Nueva York y Washington, D.C., todos listos para usar su experiencia y conocimientos para ayudarlo a lograr sus objetivos”, se lee en la página web de PREDCO.
Varios intentos por contactar a Pérez Riera no dieron resultado. Nadie responde el número de teléfono que aparece para su compañía y la página web ya eliminó los datos de quiénes trabajan en ella.
En la sección de “Sobre nosotros”, en donde regularmente se encuentran los miembros de una firma, solo hay dos mensajes de endoso a la compañía, uno de Luis Fortuño y otro del ex gobernador popular Rafael Hernández Colón.
Alberto Bacó: “el socio estratega local de preferencia”
El secretario que sustituyó a Pérez Riera, Alberto Bacó Bagué, siguió sus pasos: una vez fuera del cargo público con el que impulsó las leyes 20 y 22, entró a la casta de los intermediarios.
Fue secretario del DDEC entre 2013 y 2016. Durante ese período, las leyes 20 y 22 tomaron un nuevo impulso como fórmula económica oficial. En 2014 comenzaron a celebrarse los Puerto Rico Investment Summits, por donde desfilaron personalidades como los inversionistas John Paulson y Nicholas Prouty, quienes se convirtieron en los principales promotores de Puerto Rico como territorio con bajos impuestos.
Bacó retomó su firma de consultoría, Bacó Bagué, en 2017. En su página web se presenta como experto en las leyes 20 y 22, y otros incentivos que se integraron a la Ley 60 de 2019.
“Reubicarse en Puerto Rico bajo las diferentes leyes disponibles puede ser una experiencia que cambie la vida de cualquiera. Bajo la dirección proactiva y probada de Bacó Bagué durante todo el proceso, esta transición puede ser fluida y agradable”, dice su promoción en la página web. En 2018 fundó Partnership for Modern Puerto Rico (PMPR), una organización que se describe como un think tank para la modernización del país.
“PMPR crea un foro que promueve conexiones auténticas de por vida entre líderes apasionados e influyentes de Puerto Rico, la ley 20/22, la diáspora y los proveedores de servicios. Nuestra misión es convertirnos en un catalizador para el cambio y la modernización a través de la coinversión, la promoción de macroproyectos, procesos de pensamiento profundo e influencia productiva a través de redes de alto nivel”, dice la página web de PMPR.
Los socios de PMPR son el Grupo Ferré Rangel, dueños del diario El Nuevo Día; Paulson & Co., empresa de uno de los primeros inversionistas en adoptar la ley 22, John Paulson; Grant Thorton, firma de contabilidad que tiene una división dedicada a consultoría sobre los incentivos del Gobierno; y PRISA Group, empresa desarrolladora del complejo de viviendas de lujo de Dorado Beach, en donde han comprado propiedades muchos de los beneficiarios de la ley 22. Su presidente y fundador, Federico Stubbe, dijo recientemente que si Puerto Rico pierde los incentivos de la ley 60, la isla se convertiría en un “gueto”. Otros socios del PMPR son Evertec y Advantage Insurance Services.
Advantage Insurance Services, una compañía de seguros de vida y de negocios con sede en San Juan y oficinas en Estados Unidos y las Islas Cayman, obtuvo un decreto de ley 20 en 2016. El mismo año Walter Keenan, su director ejecutivo, obtuvo un decreto por ley 22, mientras Bacó era secretario del DDEC. En 2019 Bacó pasó a formar parte de la junta de directores de Advantage Insurance Services.
Bufetes de abogados, los intermediarios de siempre
Los grandes bufetes de abogados de Puerto Rico, que siempre han tenido una división de consultoría sobre exenciones contributivas, añadieron los incentivos de las leyes 20 y 22 a su cartera de servicios. Entre ellos están Pietrantoni Méndez & Alvarez (PMA), Ferraiuoli LLC y Reichard & Escalera.
“Nosotros sí tenemos algunas personas que tienen decretos bajo ley 22 porque cualifican. Pero por lo general la gente que yo tengo en esas circunstancias es porque son los accionistas que vinieron a montar un negocio aquí, ya sea por ley 20 o por alguna otra disposición. Y además del trabajo corporativo que les hacemos, los ayudamos con ese trámite”, dijo Carlos Serrano, jefe de la división de impuestos de Reichard & Escalera en entrevista con el CPI.
En cuanto a la ley 20, dijo que no es nada nuevo y que por lo tanto, no ha hecho gran diferencia en su área de trabajo, que es el derecho contributivo corporativo.
“Todo lo que se puede hacer con la ley 20 desde el 2012, se podía hacer bajo la ley 73 [Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico] en el 2011. Nosotros teníamos una clientela que venía precisamente para montar ese tipo de unidades, independientemente de que la ley 20 haya existido o no”, dijo Serrano.
“El esfuerzo promocional que se le dio a la ley 20 sí produjo más interés y quizá, pues sí, a lo mejor había gente que nunca hubiesen mirado a Puerto Rico para ese tipo de actividades”, añadió. Pero mencionó también que muchas de las empresas beneficiarias de ley 20 ya operaban en Puerto Rico antes de la firma de esa ley. Entre esas compañías se encuentran los bufetes Ferraiuoli LLC, que obtuvo un decreto de ley 20 en 2013, y PMA, a quienes se le otorgó en 2014. La compañía de mercadeo Populicom, con decreto desde 2014, se incorporó en el Departamento de Estado en 1998, corroboró el CPI.
La Ley 22 para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico, por su parte, sí creó un nuevo perfil de personas exentas, dijo Serrano, quien fue secretario adjunto de recaudos internos del Departamento de Hacienda, en donde tuvo a su cargo la propuesta de reforma contributiva de 2006 y la implementación del Impuesto sobre la Venta y Uso.
Edgar Río Méndez, especialista en impuestos de PMA, no respondió una solicitud de entrevista del CPI. Mientras que Pedro P. Notario Toll, jefe de la división de impuestos en Ferraiuoli, no quiso ser entrevistado en relación a la evolución del mercado de clientes interesados en los incentivos para el traslado de inversionistas y los servicios de exportación desde que se crearon esas exenciones en 2012.
Por su parte, la firma Stolberg Law obtuvo un decreto de ley 20 en 2014 y concentra su práctica alrededor de los incentivos de esa ley y de la 22. “Con oficinas en Nueva York y San Juan, Puerto Rico, Stolberg Law asesora a empresas, inversionistas e individuos de alto patrimonio, tanto extranjeros como locales, sobre los beneficios de trasladar sus negocios a Puerto Rico bajo el sinnúmero de incentivos fiscales de clase mundial que actualmente ofrece el Estado Libre Asociado”, indica su página web. Su fundador, el abogado corporativo Juan Carlos Stolberg, también opera en San Juan la firma de bienes raíces Upside Management.
DLA Piper, un bufete de abogados británico estadounidense con presencia en 40 países, abrió una oficina en Puerto Rico en 2016. Una de las primeras columnas que publicó su sitio web fue titulada “Leyes 20 y 22 de Puerto Rico -Beneficios contributivos claves”. El coautor de la columna, Manuel López Zambrana, fue asesor del Banco Gubernamental de Fomento, y más recientemente, del Departamento de Hacienda. En su descripción de servicios incluye asesorar a clientes para la obtención de incentivos contributivos, entre ellos los de las leyes 20 y 22.
En 2017 DLA Piper publicó un manual sobre los incentivos contributivos de la autoría de Zambrana y Camille Alvarez, asociada de DLA Piper, que incluye entre sus servicios asistir a clientes interesados en los incentivos para inversionistas y servicios de exportación, y que cuenta con experiencia como asesora del Gobierno en el “desembolso y concesión de créditos fiscales bajo varios incentivos de impuestos”. DLA Piper Puerto Rico obtuvo un decreto de ley 20 en 2016.
BDO: de los sueños de ascenso al colapso total
En varios medios de comunicación se llegó a describir a Gabriel Hernández de BDO como uno de los “padres” de la ley 22. Aunque más bien fue un padrino de los incentivos y un pionero en la casta de intermediarios. En junio de 2012, seis meses después de la firma de la ley 22, la compañía de contabilidad Scherrer Hernández & Co., de la que Hernández era cofundador, se integró a la red global de BDO International. La firma esperaba aumentar su facturación de $14 a $20 millones en cinco años.
Desde el 2014, Hernández no faltó a un solo Puerto Rico Investment Summit, en donde apareció casi siempre acompañado por Edgar Ríos Méndez del bufete Pietrantoni Méndez & Alavrez. Juntos hicieron videos promocionales sobre sus presentaciones.
“Básicamente lo que quiero hacer aquí es presentarles un caso típico”, dice Hernández al público del Investment Summit de 2019. “Por ejemplo, alguien llama y dice ‘escuché sobre Puerto Rico como una oportunidad para incentivos de impuestos’. ¿Cómo se desarrollan estos proyectos típicamente?… La estructura típica del día uno se ve así: tenemos las órdenes, los accionistas que quieren establecerse en Puerto Rico. Por lo general, tenemos afiliados de los Estados Unidos y establecemos una [compañía de responsabilidad limitada] LLC comercial que inicialmente administra desde Puerto Rico las actividades comerciales que se desarrollan en Estados Unidos”.
Nueve meses después de esa presentación, en la mañana del 21 de octubre de 2020, Hernández fue arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), luego de que un Gran Jurado lo acusara con nueve cargos por fraude. En un caso separado, Fernando Scherrer, socio principal de la firma, fue acusado en 2019 por un presunto fraude de $13 millones al Departamento de Educación en el que también fue acusada Julia Keleher, ex secretaria de Educación. En enero de 2021 BDO International anunció su separación de BDO Puerto Rico.
Parte del esquema del que fue acusado Hernández incluye dar información falsa sobre uno de sus clientes al DDEC y a Hacienda para conseguirle un decreto de ley 20 para la exportación de servicios. Para el mismo cliente Hernández creó una compañía de responsabilidad limitada en el Departamento de Estado de Puerto Rico, siguiendo el proceso que explicó durante el Investment Summit.
La información falsa que presuntamente usó Hernández para llenar documentos del Gobierno de Puerto Rico, tenía el propósito de hacer pasar $500,000 generados en Estados Unidos como si fueran producto de negocios realizados en Puerto Rico y así liberarlos del pago de impuestos. El cliente de Hernández, en esta ocasión, resultó ser un agente especial del IRS encubierto como un inversionista rico de Arizona, según el pliego acusatorio del 14 de octubre de 2020.
Hernández se declaró no culpable de los cargos y espera por un juicio.
Esta nota se publica en Metro Puerto Rico gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la nota original aquí.
