Una empresa con apenas un mes de incorporada, incumplimiento con requisitos de contratación y enmiendas al contrato entregadas tardíamente son algunas de las irregularidades que detectó la Oficina del Inspector General (OIG) en febrero de 2020 y que desembocaron en un referido a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (Opfei) contra el exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado un año después.
Luego de evaluar un referido de la OIG, ayer el Departamento de Justicia (DJ) anunció que recomendaría la designación de un fiscal especial independiente contra el exfuncionario por posibles delitos de malversación de fondos e intervención indebida en la contratación de Risco Insurance, Inc en 2017 durante su incumbencia en el DH.
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El contrato fue firmado el 1 de abril de 2017 entre el entonces secretario Maldonado y Javier Jiménez Galarza, presidente de la corporación e hijo del alcalde novoprogresista de San Sebastián, Javier Jiménez. El acuerdo estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2018 luego de varias enmiendas.
De acuerdo con el registro de corporaciones del Departamento de Estado, Risco Insurance fue incorporada el 15 de febrero de 2017. Es decir, luego de un mes y medio de haber sido incorporada para hacer negocios en la isla, la empresa obtuvo un contrato para rendir servicios como productor de seguros para la agencia.
Asimismo, el registro de corporaciones señala que Jiménez Galarza aparece como presidente, vicepresidente, secretario y tesorero de la empresa.
Además, según el resumen ejecutivo del informe de la OIG, el productor de seguros, fue incorporado el mismo día en que el Departamento comenzó el recogido de los requisitos para las solicitudes de propuestas para la contratación de productores.
Mientras que, de acuerdo con un reportaje del periódico Caribbean Business, la empresa también habría incumplido con el requisito de licitación de contar con una licencia de productor de seguros con tres años de vigencia previo al otorgamiento del contrato. Según dicho reportaje, Jiménez habría obtenido su licencia en 2017. Sin embargo, el entonces comisionado de Seguros Javier Rivera Ríos indicó que Luis Méndez Fas habría pignorado su licencia para que la empresa pudiera formalizar el contrato. El reportaje, no obstante, señaló que la licencia de Méndez Fas estaba vencido al momento de otorgarse el acuerdo.
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El contrato, por su parte, estableció que el productor de seguros cobraría un 7% de aquellas pólizas de seguro que lograra concretar. De dicho contrato, trascendió que la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló le habría concedido cerca de $1 millón en primas de seguros a Jiménez Galarza por medio de su corporación Risco Insurance.
Entre las cláusulas del contrato, Risco Insurance debía proveer primas competitivas al gobierno y ofrecer adiestramientos al personal de Hacienda en torno al campo de seguros en Puerto Rico.
Además, el acuerdo prohibía que la empresa compartiera las comisiones y ganancias con terceros que no hubiesen formado parte del proceso de selección entre Hacienda y Risco Insurance.
¿Qué otras irregularidades señaló la OIG?
Según la OIG, las deficiencias en el contrato pudieron haber provocado que el gobierno perdiera unos $182,630.38 en fondos públicos.
El informe de la OIG reveló que, al momento de la firma del contrato, la agencia no contaba con todos los documentos para concretar el acuerdo. Por ejemplo, indicó que al momento de la firma del contrato, no existía una resolución corporativa que facultara al representante de productor de seguros a comparecer en dicho acto, como se establecía expresamente en el contrato mencionado
Además, otros documentos necesarios para la contratación habrían sido entregados en una fecha posterior al acuerdo como, por ejemplo, la Certificación de Radicación de Planillas, el Certificado de Existencia y la Certificación Negativa del Programa de Seguro Social para Choferes
El informe del Inspector General también señaló que varias enmiendas al contrato fueron remitidas tardíamente a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
“La formalización del contrato desde la fecha de abril de 2017, y sus enmiendas, provocaron el desembolso de fondos públicos por la cantidad de $182,630.38, por lo que se recomienda al Departamento a iniciar los trámites correspondientes para el recobro de los fondos públicos. El otorgar un contrato público, en el que a la fecha del otorgamiento el contratista no había demostrado estar autorizado para comparecer a su firma y sin cumplir con la documentación requerida, trastoca los procesos de contratación dentro del Gobierno de Puerto Rico y las aspiraciones de un gobierno transparente”, reza el comunicado del Inspector General en aquel momento.
Abogada de Maldonado objeta referido
Por su parte, la abogada de Maldonado, Mayra López Mulero, cuestionó el referido al FEI contra su cliente y alegó que se trata de imputaciones hechas por una persona cercana al entonces gobernador Ricardo Rosselló.
La abogada, además, argumentó que la carta que le envió el secretario del DJ, Domingo Emmanuelli, no detalló las alegaciones que se le imputan a Maldonado.
“Esto se origina con un referido de una persona que respondía a Ricardo Rosselló estrechamente que es de la oficina del inspector, inspectora general. Así que esto realmente, me da la impresión a mí, que trae cola y que es la secuela de una represalia contra los Maldonado”, dijo López Mulero en entrevista radial.
Maldonado fue destituido en junio de 2019 luego de que denunció —durante una entrevista— que en el Departamento de Hacienda existía una “mafia institucional”. Su despido fue uno de los primeros capítulos que culminaron en la renuncia del entonces gobernador Rosselló en julio de 2019.
“A mí me toma por sorpresa en el contexto de que esto es una transacción del 2017, y evidentemente ahora, súbitamente, convenientemente después de todo lo que ha acontecido a través de estos años, donde los Maldonado denunciaron y se pararon de frente a un Gobierno de Ricardo Rosselló, lanzan este dato envenenado que estaba oculto en una institución que no se ha caracterizado por ser la más pulcra y evidentemente pues hay un referido ahí”, agregó López Mulero.
