Ante la necesidad urgente de lograr trato igual en los fondos para los programas federales de Medicaid y Medicare y de evitar que miles de puertorriqueños se queden sin cubierta de salud a partir de octubre de este año, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, creó hoy mediante la Orden Ejecutiva 2021-025 un Grupo de Trabajo Multisectorial que preparará propuestas y estrategias de trabajo ante el Congreso y la Rama Ejecutiva federal.
El grupo multisectorial, que será presidido por el secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, y copresidido por la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Carmen Feliciano, trabajará en coordinación con el gobernador y componentes clave del sector de la salud. El mismo estará integrado por la comisionada residente en Washington, Jennifer González Colón, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Jorge Galva y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Omar Marrero.
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También formarán parte, la Asociación de Hospitales, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Productos de Medicaid & Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, por sus siglas en inglés), la Asociación de Prácticas Independientes (IPA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Farmacias de la Comunidad. De igual forma, el Grupo de Trabajo contará con tres miembros adicionales nombrados por el gobernador.
“No cabe duda de que la crisis económica, la devastación provocada por el paso de los huracanes Irma y María y la pandemia del COVID 19 han afectado la infraestructura del sistema de salud y han provocado el éxodo de proveedores de salud. Si disminuye el flujo de fondos federales que se otorgan a Puerto Rico, los pacientes puertorriqueños tendrán menos beneficios y al gobierno no tendrá suficientes recursos para proveer servicios de salud adecuados. Asimismo, esto impactará a los proveedores”, indicó el gobernador tras resaltar que de Puerto Rico recibir un “trato justo y equitativo” en Medicaid es “imprescindible” que se añadan beneficios nuevos en la cubierta.
En la Orden Ejecutiva, Pierluisi explicó que Puerto Rico, por ser un territorio de Estados Unidos, no recibe paridad de fondos federales para los programas de salud Medicaid y Medicare, en comparación con los estados y el Distrito de Columbia. En el caso de Medicaid, los estados reciben fondos federales con una tasa federal llamada “Porcentaje de Asistencia Médica Federal” (FMAP, por sus siglas en inglés) que varía según el ingreso per cápita estatal. Sin embargo, los fondos federales que recibe Puerto Rico son significativamente menores, con un tope y una tasa fija, la cual es menor que la tasa que recibiría si fuera estado.
“Esta inequidad en fondos federales provoca que el gobierno de Puerto Rico se vea en la necesidad de sufragar con fondos estatales gran parte del costo del Plan de Salud del Gobierno conocido como el Plan Vital”, señaló Pierluisi.
Con la aprobación del “Further Consolidated Appropiations Act” (PL 116-94), el Congreso otorgó un aumento temporero en el tope de los fondos de Medicaid para el Plan Vital de $2,623,188,000 para el año fiscal federal 2020 y de $2,719,072,000 para el año fiscal 2021. Esto representa un aumento de $95,884,000. De otra parte, mediante el “Families First Coronavirus Response Act” (PL 116-27), el tope de fondos de Medicaid se aumentó temporeramente a $2,716,188,000 para el año fiscal 2020 y $2,809,063,000 para el año fiscal 2021 por lo que la diferencia es de $92,875,000.
Sin embargo, actualmente, miles de puertorriqueños, que por sus ingresos serían elegibles a los beneficios de Medicaid en cualquier estado, no cualifican para dichos beneficios por la inequidad existente en la Tasa de Nivel de Pobreza que el gobierno federal aplica a Puerto Rico.
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Se desprende de la Orden Ejecutiva que existen medidas críticas que se han trabajado para aumentar la elegibilidad del programa Medicaid, mejoras en beneficios y la compensación de proveedores (médicos y hospitales), pero el carácter temporero de esta asignación de fondos que culmina el 30 de septiembre de 2021, tiene el efecto de colocar a Puerto Rico nuevamente ante el potencial de riesgo del abismo fiscal en los fondos del Medicaid para el año fiscal 2022, que comienza el 1 de octubre de 2021 y para los años subsiguientes. Por lo tanto, miles de puertorriqueños pudiesen perder su cubierta de salud.
El Grupo de Trabajo Multisectorial deberá, en 30 días, rendirle al gobernador un informe inicial sobre las posibles estrategias de trabajo para impactar la política pública federal y lograr la paridad en los fondos Medicaid y Medicare.
La Orden Ejecutiva 2021-025 deroga la Orden Ejecutiva 2017-012.
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