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Acuden al Tribunal para que Gobierno entregue información sobre Programas de Reserva en Compras

Buscan que se evidencie el cumplimiento con las medidas para controlar gastos en compras y servicios profesionales

La organización sin fines de lucro, Sembrando Sentido solicitó el pasado viernes, mediante el recurso especial de revisión judicial, la entrega de varios documentos públicos que evidencien el cumplimiento por parte de la Rama Ejecutiva con el Programa de Reserva en Compras y con las medidas para controlar gastos en compras y servicios profesionales. Esta solicitud representa un paso adicional en los esfuerzos que, desde su plataforma ContratosEnLey.org, lidera Sembrando Sentido para evaluar el sistema de contratación y compra pública; desde la ley hasta la práctica, e identificar oportunidades y soluciones que puedan fortalecer la eficiencia y la integridad en la contratación pública de Puerto Rico.

El pasado 17 de noviembre de 2020, Sembrando Sentido presentó una solicitud pidiendo documentación sobre el cumplimiento de ambas disposiciones. Sin embargo, a casi cinco meses de su entrega, ninguna de las solicitudes fueron atendidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entidad encargada de establecer la normativa para regular los requisitos presupuestarios que impulsan los estatutos en cuestión. Es por esta razón que, bajo la representación legal de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Sembrando Sentido llevó su petición ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.

La Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 66-2014 ordenó, entre otros controles fiscales, una reducción de un 10% en el “gasto anual incurrido en servicios comprados o profesionales” en comparación con el incurrido en el año fiscal 2014. Mientras, la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 3-2017 exige que “el gasto anual incurrido en servicios comprados o profesionales en cada agencia se reducirá en no menos de un diez por ciento (10%) en comparación con el incurrido en el Año Fiscal 2015-2016, y permanecerá por debajo de ese nivel, salvo la previa autorización escrita del Director Ejecutivo de la OGP”. La solicitud de Sembrando busca conocer cómo se han trabajado ambos mandatos legales en la práctica, especialmente en un contexto en donde gran parte de la gestión gubernamental se delega a terceros mediante la contratación. Por ende, la organización solicitó a la OGP un listado de las agencias que han cumplido con las reducciones en gastos de servicios comprados y profesionales que ordena la Ley Núm. 3-2017, al igual que una copia de los informes trimestrales sometidos por las agencias de la Rama Ejecutiva a la OGP para evidenciar su cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 66-2014.

Por otra parte, la Ley Núm. 129-2005 creó el Programa de Reserva en Compras para el Gobierno de Puerto Rico, estableciendo que las agencias de gobierno asignaran “un mínimo de veinte por ciento (20%) del total de la partida asignada a compra de su presupuesto general para ser otorgado a microempresas, pequeñas y medianas empresas”. Dicho porcentaje de reserva debía continuar en aumento escalonado hasta llegar a un cuarenta por ciento (40%) en el año fiscal 2020-2021, para fomentar y apoyar la empresa local. A 15 años desde la creación del Programa de Reserva en Compras, aún no se ha publicado información detallada sobre su implementación y/o desarrollo. Es por esto que Sembrando Sentido solicitó a OGP un listado de las agencias e instrumentalidades del Gobierno que hayan cumplido (o incumplido) con las obligaciones descritas.

“Los mandatos legales que buscan regular los fondos de compra y contratación pública no se pueden quedar obviadas u olvidadas con el pasar de los años. Los controles presupuestarios y la acción afirmativa en torno a las pequeñas y medianas empresas son una parte esencial de un sano sistema de contratación pública. Por eso pedimos que las entidades encargadas de regular dichas medidas rindan cuentas sobre su desarrollo y asuman el control necesario para velar por su cumplimiento, evaluar su impacto, y determinar ajustes basados en evidencia, de ser necesario,” indicó Issel Masses, Directora Ejecutiva de Sembrando Sentido.

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