Poco antes de que el Departamento de Justicia anunciara que abriría una investigación sobre las transacciones que involucraron al municipio de Mayagüez y Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), una corporación municipal que encabeza el alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez, el gobernador Pedro Pierluisi instó al ejecutivo municipal a expresarse públicamente sobre las aparentes ilegalidades que ya derivaron en acusaciones federales contra siete personas, incluyendo un asesor legal del ayuntamiento.
Ayer, mediante unas declaraciones escritas, Rodríguez nombró al director del Departamento de Desarrollo Urbano, Jorge Ramos, como alcalde interino. Rodríguez, quien no figura como acusado en el pliego federal, no brindó mayores explicaciones sobre su salida, ni el periodo que espera estar fuera de la poltrona municipal.
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“Tengo que decir que me parece un tanto extraño ese nombramiento de un alcalde interno, como que no se explica qué es lo que está pasando aquí. Usualmente existe la figura del vicealcalde o el administrador municipal que es el que sustituye al alcalde cuando por una razón fuera de su control, puede ser una razón médica o que se ausenta de la jurisdicción, toma las riendas del municipio. A base de lo que vi en los medios, todo lo que veo es que se nombró un alcalde interino (pero) no ha habido una conferencia de prensa o por lo menos un intento de explicar qué medidas ha tomado o va a tomar para evitar que ocurran situaciones como las que han ocurrido”, dijo Pierluisi en alusión a las acusaciones federales.
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Entre los acusados figura el exjuez Arnaldo Irizarry, quien se desempeñó como asesor legal en el ayuntamiento hasta 2019. Las autoridades federales presentaron cargos contra Steve Minger, Stephen Kirkland, Alejandro Riera-Fernández, Joseph Kirkland, Roberto Mejill Tellado y Eduardo García-Jiménez.
Según la acusación, García-Jiménez también fungió como asesor del municipio de Mayagüez y de la corporación MEDI. Mientras, Mejill Tejado, de acuerdo con la acusación, fue un contratista que proveyó consultoría financiera al ayuntamiento.
El alcalde del Partido Popular Democrático, en tanto, tampoco ha brindado explicaciones sobre por qué autorizó la transferencia de propiedades municipales a MEDI, que a su vez las utilizaba como garantía para préstamos que solicitaba en la banca comercial, o por qué se desviaban a la corporación municipal fondos legislativos destinados a propósitos como el Centro de Trauma.
Rodríguez funge como presidente de la Junta de Directores de MEDI.
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“Aquí las autoridades federales han procedido con el arresto de un exfuncionario y otras personas allí en Mayagüez, en perjuicio de los fondos del pueblo. Me parece que lo mínimo que debe hacer el alcalde es explicar, dar la cara a los medios de comunicación, contestar sus preguntas, y si hay una razón justificada para nombrar un alcalde interino, también explicarlo”, subrayó Pierluisi.
Sin embargo, Pierluisi, a insistencias de la prensa, no fue categórico sobre si el Departamento de Justicia debía iniciar una investigación.
“Se puede indagar, se puede investigar… Realmente quien tiene jurisdicción sobre eso es la Oficina del Panel del FEI (Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Opfei) cuando recibe querellas sobre cualquier conducta irregular en contra de un alcalde”, sostuvo Pierluisi.
Sin embargo, la ley orgánica de la Opfei dispone que el Departamento de Justicia deberá comenzar una investigación preliminar sobre los alcaldes cuando tenga causa suficiente para sospechar la comisión de un delito.
El informe preliminar, al completarse, es referido a la Opfei, que determina, en primer lugar, si amerita una investigación a fondo y, de ser el caso, si radica o no cargos criminales.
“Me gustaría que el alcalde tome la palabra”, insistió Pierluisi.
Esta tarde, Rodríguez rechazó que hubiera abandonado Puerto Rico en un vuelo privado y se opuso a investigaciones adicionales sobre el manejo de las finanzas municipales, al señalar que implicaría “duplicidad” de esfuerzos.
La delegación legislativa del Partido Nuevo Progresista ha exigido a la mayoría popular que dé paso a investigaciones sobre la administración de la Sultana del Oeste.
