La representación estudiantil y claustral ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, emitió el lunes expresiones en las que aseguraron oponerse a que se sigan implementando “medidas de austeridad que rezagan la capacidad de la institución de cumplir con la misión y visión que contempla la Ley de la Universidad de Puerto Rico”.
“Como representante claustral me hago eco de las voces de mis compañeros y compañeras que reclaman proteger la universidad. Debo dejar claro que esto no se trata de querer llevar la contraria; más bien se trata de que no puedo rendirme ante una Junta de Supervisión Fiscal que no reconoce el valor que tiene la Universidad de Puerto Rico y que solo la miran en dólares y centavos”, expresó la representante claustral, doctora Margarita Villamil Torres.
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En comunicación escrita, abundaron en que el Plan Fiscal de la UPR para el año 2021-2022 sigue apostando al achicamiento de la universidad con proyecciones que contemplan reducciones en la población estudiantil, cambios al sistema de retiro que afectarán el reclutamiento de personal docente y no-docente, y la transformación administrativa y académica.
“La aprobación de este Plan Fiscal es la demostración de que el Gobierno de Puerto Rico no tiene la educación como su prioridad. Se trata a la UPR, que es el primer centro docente del país, que debería ser un servicio esencial, como meramente una empresa sin tomar en consideración la labor que hace y debe seguir haciendo alineado a la visión y misión de la institución. Aquí siempre se compara las instituciones de Puerto Rico con las de Estados Unidos cuando NO se vive la misma realidad socioeconómica ni sociocultural. Esto es un llamado urgente para ayudar a la UPR”, sentenció por su parte Alondra Díaz Delgado, representante estudiantil subgraduada.
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“Desde la inclusión de la Universidad de Puerto Rico bajo la Ley federal PROMESA, la comunidad universitaria alertó y defendió la premisa de que los recortes propuestos no eran manejables y nos podía herir de muerte. Los recortes han sido los más profundos y cruentos en el país. Pedíamos acción para detenerlos, pero no se hizo. La Administración Central y la Junta de Gobierno pensaban lo contrario”, – comentó la doctora Mayra Olavarría, representante claustral.
Las proyecciones que incluye el plan fiscal, al igual que los anteriores, son optimistas al suponer unos ingresos superiores a la experiencia presupuestaria de la institución, según dijeron.
“En el 2017 se le dijo a la comunidad universitaria y al país que los recortes eran manejables, en el 2021, observamos una administración universitaria que no puede comunicar con seguridad que podrá cumplir con las obligaciones de nómina y gastos operacionales para el próximo año fiscal. “Este plan fiscal al igual que los anteriores, contempla aumentos en los precios de matrícula que no se ajustan a la realidad socioeconómica del país ni del estudiantado. El incrementar los precios de matrícula y cuotas en una economía en depresión, un mercado laboral enmarcado en el subempleo y considerando que sobre el 50% de los menores en este país viven bajo el nivel de pobreza es una afrenta en contra de la accesibilidad a la educación y un distanciamiento del proyecto emancipador ideado por este pueblo como instrumento de movilidad social”, expuso Marcus J. Ramos Cintrón, representante estudiantil graduado.
