A pesar del reclamo de varios sectores del pueblo de Salinas para que se prohibiera el llamado “voceteo”, la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón decidió permitir las competencias de esta modalidad de uso de sistemas de sonidos en volúmenes altos y excesivos.
Aunque la Ordenanza aprobada por legisladores y legisladores del PPD y del PNP, establece que “ninguna persona en la vía pública podrá utilizar cualquier aparato que cree o amplifique sonidos prohibidos”, la administración municipal decidió permitir las competencias de “voceteo” en lugares que no son especificados en la ley municipal.
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“Hay enmiendas que se añadieron a la Ordenanza que no fueron discutidas en la Comisión que la evaluó. Por ejemplo, la autorización de competencias de “voceteo” ni siquiera aparece en las Recomendaciones del Informe que sometió la Comisión. ¿De dónde salió eso? ¿Quién lo impuso en la ordenanza?”, comentó Ada Ramona Miranda Alvarado, legisladora municipal del Partido Independentistas Puertorriqueño (PIP).
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Otra preocupación de la Legisladora del PIP es la ambivalencia y confusión que presenta la ordenanza sobre la forma que se usará para determinar que se está violando la ley.
“Hay una insistencia de no establecer métodos objetivos, como el uso de un sonómetro o medidor de decibeles, para imponer una multa. Depender de la percepción, mediante los sentidos del funcionario o agente del orden público, para determinar la imposición de una multa, podría ser ineficaz e insostenible si la persona multada solicita un proceso de revisión en el Tribunal de Primera Instancia”, explicó Miranda Alvarado.
“Además, establecer que el sonido prohibido no podrá ser “mayor al nivel de sonido promedio de una conversación entre dos personas a una distancia de 20 pies o más, medida desde una distancia vertical u horizontal desde su punto de origen”, es una forma confusa e imprecisa de determinar una violación”, añadió.
Por su parte, Litzy Alvarado Antonetty, presidenta del PIP en Salinas, comentó que posiblemente la paz en las comunidades aún está lejos de lograrse.
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“Además de no saber dónde se van a realizar esas competencias de “voceteo”, en mi ponencia ante la Legislatura Municipal identifiqué que hay otras situaciones que afectan la paz en las comunidades que no solo provienen de equipos de sonidos, con las que hay que trabajar. Por ejemplo, los negocios con permisos o sin ellos, que afectan la sana convivencia de los vecinos”, comentó Alvarado Antonetty.
“De igual forma, hay que ayudar a la Policía, porque sabemos que los recursos son limitados. Por eso insisto en que las estrategias deben ser establecidas en conjunto con las organizaciones comunitarias y los residentes de las diversas comunidades”, añadió.
Ambas líderes expresaron que la Ordenanza debe ser enmendada para que pueda convertirse en una solución permanente al asunto de los ruidos excesivos.
