La rectora de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, Glorivee Rosario Pérez, destituyó hoy a Juan Varona Echeandía como profesor de la institución luego de dos años de este haberse declarado culpable de haber participado en un esquema de fraude relacionado al programa de Crece-21.
Varona Echeandía, quien fungió como rector del campus de Cayey, se declaró culpable en febrero de 2019 por cargos de apropiación ilegal simple en su modalidad menos grave. En junio de 2019, fue sentenciado a 270 días de probatoria por su participación en el esquema de fraude al programa de Crece-21 firmado entre la UPR y el Departamento de Educación (DE) entre 2011 y 2012.
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“La Dra. Glorivee Rosario Pérez, rectora de la UPR en Cayey, descargó su responsabilidad como autoridad nominadora luego de una extensa y profunda evaluación del asunto que incluyó el Informe de la Oficial Examinadora que presidió dicho proceso, el Informe de Auditoría y la evidencia presentada por las partes. La Rectora determinó la acción por entender que la magnitud de la falta cometida, en la que hubo mal manejo de fondos públicos, ameritaba la destitución”, reza la declaración emitida por la rectora de la institución universitaria.
En marzo de 2019, la UPR indicó que habría un comenzado un proceso administrativo para evaluar la conducta de Varona Echeandía. Durante dicho periodo, la institución permitió que Varona Echeandía continuara ofreciendo cursos en la UPR en Cayey.
El exrector presentó una alegación de culpabilidad en febrero de 2019 luego de alcanzar un acuerdo con la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei). El programa de Crece-21 tenía como finalidad ofrecer talleres de capacitación a maestros y maestras del sistema público. A Varona —junto a los exrector de los campus de Arecibo y Utuado, Juan Ramírez Silva y Yanaira Vázquez, respectivamente— se les acusó de utilizar fondos de este programa para uso personal y facturarlos como gastos de la institución.
En 2019, Ramírez Silva también se declaró culpable por apropiación ilegal simple, aprovechamiento ilícito y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. De acuerdo con una declaración de la institución en 2019, Ramírez Silva y Vázquez no figuraban entre la plantilla de profesores de la universidad.
