La comisionada residente, Jenniffer González Colón, presentó ocho medidas para enmendar leyes y procedimiento sobre asistencia por desastre para poder agilizar trabajos y que se realicen de manera más transparente.
Los proyectos de ley son:
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HR 2016 -autora- Para enmendar la Ley de Reforma de Recuperación por Desastre de 2018 para desarrollar un estudio sobre la agilización y consolidación de la recopilación de información y evaluaciones preliminares de daños.
La medida, que cuenta con Scott Peters (D-CA) como líder demócrata, se discutirá el miércoles en una vista del Comité de Transportación e Infraestructura.
El proyecto se conocería como la Ley Federal de Coordinación de la Asistencia por Desastre y enmendaría la Ley de Reforma de Recuperación por Desastre del 2018 para ayudar a las agencias federales a agilizar y consolidar la recopilación de información y evaluaciones preliminares de daños después de los desastres.
La medida se hizo con asistencia técnica por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para asegurar su colaboración en su implementación. Este proyecto de ley establece un grupo de trabajo federal dirigido por FEMA con representantes de diversas agencias asociadas con el alivio de desastres, que, en colaboración con el Consejo de Inspectores Generales sobre Integridad y Eficiencia, identificaría áreas donde conflijan las disposiciones para llevar a cabo las evaluaciones hechas para administrar asistencia por desastre para individuos, hogares y estados.
También ordena al grupo de trabajo a determinar si las tecnologías emergentes, como los sistemas de aeronaves no tripuladas (drones), se pueden utilizar para ayudar a acelerar las evaluaciones federales; y recomendar si una sola agencia puede recopilar la información necesaria para el procesamiento de evaluaciones de reclamaciones en lugar de que cada agencia lleve a cabo su propia recopilación de información.
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HR 2020 –autora- Para crear un archivo digital para ciertos requisitos de informes para los beneficiarios de asistencia federal por desastre.
La medida que se conocería como la Ley de responsabilidad en línea posterior a un desastre, busca crear un sistema de rastreo a través de una página web con reportes e información sobre asistencia federal por desastre, para de esta forma ser más efectiva la supervisión del Congreso y que la ciudadanía conozca en que se invierte el dinero público.
“Esta medida pretende facilitar el acceso a la información de donde se invierte y el estatus de los fondos una vez ocurre un desastre. En el caso de Puerto Rico, hemos sido testigo de los tropiezos en el desembolso de los billones de dólares en fondos que hemos conseguido para la recuperación de Puerto Rico. Este portal en la red estaría accesible a la ciudadanía, los que trabajan con estos fondos y para todos aquellos que nos toca supervisar los mismos como en el Congreso, facilitando la identificación del estatus de cada uno de ellos”, explicó la comisionada residente.
La medida trabajaría con el Proyecto de Supervisión Gubernamental (POBOG, por sus siglas en inglés), establecería una sección dentro de USASpending.gov. para transparencia de la asistencia por desastres. También, requeriría que las agencias que ofrecieron asistencia por desastre presenten la información a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) y se aseguren de que los datos estén disponibles al público en la nueva subpágina.
Los datos incluirían: la cantidad de asistencia por desastre proporcionada por la agencia en un trimestre; la cantidad de asistencia por desastre gastada u obligada a proyectos o actividades; y una lista detallada de todos los proyectos o actividades para los cuales se gastó, obligó o utilizó la asistencia por desastre asignada por la agencia, entre otros.
HR 2019 -autora- Para enmendar la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018 para incluir ciertos servicios en la definición de servicios críticos para fines de reparación, restauración y reemplazo de instalaciones dañadas. Esta medida cuenta con la coautoría de Stacey Plaskett (D- USVI).
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HR 2053 -coautora- Para enmendar la Ley Bipartita de Presupuesto del 2018 para extender las provisiones para servicios críticos en relación con ciertos desastres y otros propósitos. Esta medida cuenta con la autoría de Stacey Plaskett (D- USVI).
Las dos medidas buscan extender el significado que se le da al término “servicios críticos” en la ley. La comisionada radicó primero la medida HR 2019 quedando ella como líder de la medida y luego radicó una segunda, HR 2053, donde la delegada de Islas Vírgenes funge como autora. Ambas legisladoras trabajan en conjunto para mover esta iniciativa.
El HR 2019 que lidera González Colón, busca incluir en esa definición de un “servicio crítico”, elementos vitales como personal de primeros auxilios (policía, bomberos), gestión de residuos sólidos, sistemas de transporte por puerto y superficie, incluidas las vías de acceso a los hospitales y otros. Actualmente, solo se considera “servicios críticos” energía, agua (incluida el agua suministrada por una organización o instalación de irrigación), alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, comunicaciones, educación y atención médica de emergencia, según definido en la sección 406 (a) (3) de la Ley Stafford.
En el Congreso pasado, la comisionada logró que esta iniciativa fuera aprobada en el Comité de Transportación e Infraestructura. Junto al entonces congresista, José Serrano, González Colón logró enmendar la Ley Staford en este renglón; por lo que el HR 2019 sería la segunda parte para lograr cortar finalmente la burocracia de FEMA y poder agilizar el proceso de reconstrucción de la isla.
HR 2018 -autora- Para conceder una dispensa a ciertas disposiciones en el caso de una declaración de emergencia bajo la Ley de Asistencia de Emergencia y Alivio por Desastre, Robert T. Stafford.
Cuando durante la pandemia, el administrador de FEMA explicó que el requerimiento de solamente comprar productos hechos en Estados Unidos o el Buy America Act que viene incluido dentro de la Ley Stafford, será aplicado solo a Puerto Rico y a Washington D.C., no así́ a los estados quienes podrán tener la libertad de comprar por suplidores extranjeros equipo de protección personal, la comisionada actúo rápido reclamándole al administrador de FEMA, aún en la conferencia de prensa, que esta medida podía poner en riesgo a los residentes de los territorios al limitar el acceso a equipo esencial.
Al día siguiente, FEMA respondió al reclamo de la comisionada y anunció que dejaría en los territorios la potestad de decidir si tienen que recurrir o no a fuentes extranjeras para adquirir equipo y suministros médicos. Con el HR2018, la comisionada busca hacer esta determinación permanente, por ley, y no darle cabida a la interpretación de los jefes de la agencia.
HR 2017 -autora- Para modificar ciertos requisitos para incentivar la recuperación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
El proyecto de ley contiene tres propuestas de enmiendas a la Ley Stafford y la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018, para atender los problemas planteados durante la recuperación posterior a Irma y María. Muchos de estos fueron planteados y eventualmente manejados administrativamente por las agencias, pero la congresista busca hacerlo por ley.
La medida busca una revisión de las definiciones de orientación para la infraestructura de servicios críticos, de modo que los sistemas o instalaciones multicomponente sean inspeccionados y evaluados como un todo, en lugar de componente por componente. Haría obligatorio el mecanismo de uso de profesionales con licencia local para realizar inspecciones, lo cual está permitido por la ley pero no es obligatorio.
Incluye reemplazar o restaurar componentes de la instalación o sistema que no hayan sido dañados directamente por el desastre, cuando sea necesario para restaurar completamente la función de la instalación o sistema a los estándares de la industria. Haría además un objetivo categórico del uso de la Sección 428 del “Procedimiento alternativo” para garantizar que el trabajo realizado por proveedores y contratistas de los gobiernos federales, estatales, o locales u organizaciones sin fines de lucro se pague y reembolse de manera oportuna.
Establece la aplicación de pareo global o un costo compartido global para el uso de fondos bajo las declaraciones de desastre específicas. De esta manera, en lugar de aplicar el requisito de pareo o participación en los costos a cada proyecto que el beneficiario pueda llevar a cabo, podría aplicarse a la totalidad de los gastos del beneficiario bajo una declaración de desastre, en diferentes proyectos.
HR 2052 -coautora- Para requerirle al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal que presenten al Congreso anualmente un informe sobre toda la ayuda relacionada a desastres provista por el Gobierno federal. Esta medida cuenta con la autoría de Scott Peters (D-CA).
“Cuando ocurren desastres naturales, el proceso de recuperación puede ser lento y costoso. Los habitantes de San Diego lo saben después de unirse varias veces para reconstruir después de los mortales incendios forestales”, dijo el representante Peters. “A medida que los desastres naturales se vuelven más frecuentes y devastadores, debemos presupuestar con mayor precisión para el alivio de desastres cada año fiscal. Estos tres proyectos de ley bipartidistas (HR 2052, HR 2020 y HR 2016) recorrerán un largo camino para rastrear y desplegar mejor la asistencia federal por desastre. Los contribuyentes merecen saber cómo se gasta su dinero, y esta legislación aumentaría la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno”.
HR 539 -coautora- Para enmendar la Ley de Reforma de Recuperación por Desastre de 2018 para requerir que el Administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) renuncie a ciertas deudas contraídas contra los Estados Unidos relacionadas con la asistencia cubierta brindada a un individuo o hogar, y para otros fines. Esta medida es de la autoría de Sam Graves (R-MO). La medida se conocería como la Ley para prevenir la revictimización por desastre.
El proyecto busca que si FEMA comete un error al otorgar asistencia y no hay fraude involucrado, no pueda quitárselo a quienes lo solicitaron. El proyecto de ley también asegura que FEMA esté informando al Congreso sobre la cantidad de errores que cometen en las determinaciones de adjudicación de asistencia individual. Además, les obliga a poner en marcha un plan para minimizar la cantidad de errores que cometen.
