Los exgobernadores Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla, levantan su voz y liderato en temas sociales y de derechos humanos para apoyar la aprobación del Proyecto del Senado 184, que prohibiría las terapias de conversión en Puerto Rico por parte de profesionales de salud que aún las practican.
Las terapias de conversión, comúnmente conocidas como terapias “reparativas”, buscan corregir o reafirmar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de jóvenes y menores de edad, para que actúen acorde a parámetros culturales binarios y heterosexuales establecidos por nuestra sociedad. Hay consenso en la comunidad de profesionales de la salud internacional, acerca de que estas terapias han causado y siguen causando daños físico y psicológico, incluyendo depresión, ansiedad e intento suicida en jóvenes y menores, e igualmente que la orientación sexual, o identidad de género de una persona no puede ser cambiada por otro ser humano.
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En el 2020 las Naciones Unidas emitió un informe al respecto de las diversas manifestaciones de estas prácticas alrededor del mundo y concluyó que estas prácticas son “inherentemente discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes y que, según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, pueden equivaler a formas de tortura.”
“Hay un consenso de que las terapias de conversión son maltrato” expresó el ex gobernador Anibal Acevedo Vila en un video que fue difundido por redes sociales.
Los exmandatarios se alinearon con las recomendaciones de dicho informe, y hacemos un llamado a la Rama Legislativa a acudir al poder de parens patriae del Estado y considerar las recomendaciones de política pública que surgen de dicho informe:
● Asegurarse de que no se destinan recursos del Estado de manera directa o indirecta en apoyo a dichas prácticas.
● Prohibir que se lleven a cabo por entidades públicas o privadas. Incluyendo contextos de práctica religiosa, educativa, comunitaria o comercial.
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● Establecer un sistema de sanciones que incluya componentes de investigación, procesamiento y penalidad bajo los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos sobre prohibición de tortura, trato cruel e inhumano o castigo cruel e inusitado.
● Crear mecanismos para canalizar apoyos y sistemas de querellas para garantizar acceso a reparaciones.
“Las víctimas son principalmente jóvenes, hay que prohibirlas en Puerto Rico ya.” indicó por su parte el ex mandatario Alejandro Garcia Padilla en un video difundido por redes sociales.
Hacia el Ejecutivo, las recomendaciones están encaminadas a informar adecuadamente a todos los componentes de la sociedad para concienciar, educar y prevenir daños adicionales a la niñez. Incluyendo:
● Campañas que visibilicen el daño potencial de estas prácticas y su relación con potenciales violaciones a derechos humanos.
● Facilitar tratamiento médico y otros servicios que den apoyo a la exploración, libre desarrollo y afirmación de la orientación sexual e identidad de género a niños niñas y jóvenes.
● Crear diálogos transectoriales para identificar los retos y puntos de consenso entre la comunidad médica, organizaciones de base de fe, instituciones educativas.
Las administraciones del Partido Popular Democrático históricamente han sido de vanguardia en la incorporación de protecciones reconocidas por el derecho internacional para proteger y promover el desarrollo y el bienestar de las mujeres, la comunidad LGBTTQI y nuestra niñez. Esta ocasión no debe ser la excepción.
“Por nuestra niñez, por nuestro futuro, tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestro ordenamiento jurídico esté a la altura de los tiempos.” manifestó la ex gobernadora Sila Maria Calderon en una misiva enviada a los Presidentes de ambos cuerpos legislativos.
