La Fiscalía federal presentó hoy una acusación contra un exasesor del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y otras seis personas por supuestamente cometer los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.
Entre los acusados figura el exjuez Arnaldo Irizarry quien también se desempeñó como asesor legal en el ayuntamiento hasta 2019. Las autoridades federales presentaron cargos contra Steve Minger, Stephen Kirkland, Alejandro Riera-Fernández, Joseph Kirkland, Roberto Mejill Tellado y Eduardo García-Jiménez. Según la acusación, García-Jiménez también fungió como asesor del municipio de Mayagüez y de la corporación Mayagüez Economic Development (MEDI). Mientras que Mejill Tejado, de acuerdo con la acusación, fue un contratista que proveyó consultoría financiera al ayuntamiento.
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De acuerdo con la acusación, entre marzo de 2016 y junio de 2018, los acusados coordinaron un esquema para defraudar al municipio de Mayagüez y MEDI de fondos que le pertenecían al ayuntamiento. Asimismo, el fraude se habría originado luego de que los acusados habrían realizado una falsa representación sobre una inversión de $9 millones con fondos del municipio y de MEDI. Contra Irizarry pesan cuatro cargos criminales: uno por conspiración para cometer fraude electrónico, dos de fraude electrónico y uno de lavado de dinero.
Para el esquema, los acusados habrían utilizado unas 13 corporaciones existentes y otras fantasmas para recibir y transferir cientos de miles de dólares pertenecientes al municipio de Mayagüez. Estos fondos, de acuerdo con la fiscalía federal, estaban destinados a inversiones.
De acuerdo con la acusación la inversión de $9 millones surgió luego de que entre 2014 y 2016, el municipio de Mayagüez recibió una asignación millonaria para mejoras al Centro de Trauma del ayuntamiento. Del dinero asignado, Mayagüez recibió unos $8.7 millones los cuales fueron transferidos al ayuntamiento. Así las cosas, el municipio luego transfirió el total de $9 millones al MEDI —una entidad creada para fomentar en el desarrollo económico del municipio e impulsar proyectos de infraestructura— para realizar una inversión, según les asesoró García-Jiménez.
García-Jiménez le prometió al municipio que dicha inversión generarían grandes retornos económicos con una tasa de retorno de sobre 8%. Luego de recibir los $9 millones, García-Jiménez compró varios bonos en el Tesoro de Estados Unidos con una tasa de interés de ganancia de 2%. En cambio, García-Jiménez —junto a los otros acusados— realizó transferencias a cuentas personales. El exasesor realizó un pago al municipio de $1.8 millones y le aseguró que se trataba de un retorno de inversión. Sin embargo, según la acusación, García-Jiménez habría sacado los fondos de la inversión inicial de $9 millones.
En varias ocasiones, García-Jiménez habría realizado transferencias de estos fondos a otras cuentas bancarias en coordinación con Stephen Kirkland, quien es asesor financiero en Union Banc Investment Services (Ubis). Luego de transferir el balance a una cuenta en LPL Financial, García-Jiménez habría intentado en varias ocasiones ocultarle a Individuo C —un oficial financiero de dicha institución— en torno a que dichos fondos le pertenecían al municipio de Mayagüez.
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Tras varias transacciones a cuatro entidades bancarias, los acusados comenzaron a realizar retiros de dichas cuentas para uso personal. De estos $9 millones, Joseph Kirkland, hermano de Stephen y presidente de una entidad financiera, transfirió unos $10,000 a una cuenta personal en el banco Heritage Oak; unos $500,000 fueron transferidos a la cuenta personal de García-Jiménez; una transferencia de $100,000 a Stephen Kirkland y $1.14 millones a una cuenta de García-Jiménez en el banco Wells Fargo.
En 2016, García-Jiménez habría hecho la transferencia de $1.8 millones a una cuenta de MEDI para hacerle creer a la corporación y al municipio que habían generado un retorno de inversión cuando en realidad se trataba de fondos obtenidos del principal original de $9 millones.
Según la acusación, los acusados habrían utilizado el dinero para comprar un buque marino, joyas, ropa, pagos de matrícula a una escuela, restaurantes, utilidades, pagos a tarjetas de crédito, decoración del hogar, mejoras a propiedades como la construcción de una piscina y pagos a una hipoteca.
Entre abril y diciembre de 2016, Irizarry también habría recibido unos $126,100 provenientes de dicha inversión.
El 28 de septiembre de 2016, García-Jiménez le pidió a uno de sus empleados —Individuo D— que enviara una carta al Director de Finanzas del municipio de Mayagüez para indicarle que los $9 millones de MEDI todavía estaban siendo invertidos. Sin embargo, estos fondos ya no estaban siendo invertidos según la acusación. En noviembre de 2017, García-Jiménez volvió a pedir al municipio a que mantuviera la inversión por unos tres a cinco años ya que esta podría obtener un 18% en tasas de interés y generar unos $87,300 al mes.
En abril de 2018, García-Jiménez volvió a insistirle al municipio que los $9 millones seguían intactos y listos para ser reinvertidos.
Mira aquí la acusación:
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