A menos de tres meses de la fecha estipulada para que Luma Energy asuma el control de las operaciones de transmisión y distribución de energía eléctrica en el país, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, hizo un llamado a anular el contrato de alianza público privada (APP) que, sostiene, representa un gasto excesivo para el gobierno y vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores de la red energética.
En una ponencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes, el líder sindical recalcó que unas 19,000 familias en el país se afectan directa o indirectamente por las disposiciones contractuales de la APP. Asimismo, señaló que las leyes que viabilizaron la privatización partían de la premisa de que había que “destruir” el monopolio estatal sobre la red eléctrica, traer capital privado ante la quiebra de la corporación pública y que el nuevo modelo promovería una reducción de tarifas.
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“Ninguna de las tres premisas se cumplió con el contrato de privatización. Primero, habrá un solo operador y proveedor monopolístico de servicio mediante el consorcio Luma Energy. Segundo, no habrá inversión privada; toda la inversión vendrá de asignaciones de fondos públicos federales o de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Y, tercero, no se contemplan reducciones a las tarifas; por el contrario, ya la empresa Luma Energy anunció que por los próximos tres años no habrá aumento, lo que podemos adelantar que lo harán a partir del cuarto año”, manifestó Figueroa Jaramillo, mientras a las afueras del Capitolio cientos de trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) protestaban como parte un paro de 24 horas que comenzó anoche.
El líder de la Utier mencionó que en el plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal se expone que la transición en que se encuentran involucradas Luma y la AEE “puso a la AEE en un déficit presupuestario de $132 millones”, a lo que se sumaría un préstamo de $894 millones del gobierno central a Luma cuyos intereses serían repagados por la propia corporación pública.
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“Esto, según el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiera, además de las tarifas y reembolsos pagaderos a Luma Energy, ocasionará desembolsos adicionales que podrían ascender a la suma de $92 millones anuales. SI ya la AEE tiene un déficit operaciones certificado por la Junta de Supervisión Fiscal de $132 millones, este préstamo lo aumentará a $224 millones. Esto tendría que solventarse con un aumento adicional de dos centavos por kilovatio hora”, expresó Figueroa Jaramillo.
El contrato firmado entre Luma Energy, la Autoridad de Alianzas Público Privadas y la AEE, en términos globales, dispone el traspaso por 15 años de la transmisión y la distribución a un costo que podría superar los $1,900 millones. A partir del cuarto año del contrato, Luma recibirá un pago fijo anual de $105 millones, a los que se podrían sumar otros $20 millones por concepto de cumplimiento con métricas de rendimiento.
“Puesto que el contrato con Luma Energy es leonino, contrario a la ley y el orden público, debe ser declarado radicalmente nulo. Una vez se declare nulo, habrá sido inexistente y Luma Energy no tendrá derecho alguno a las cantidades que se le prometieron en el contrato y tendría que devolver las que ya se le han pagado. Esta es la solución justa y necesaria para atender esta situación”, argumentó Figueroa Jaramillo.
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El presidente de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, Luis Raúl Torres, cuestionó el aparente cambio de postura del gobernador Pedro Pierluisi, quien durante la campaña política habló de la necesidad de revisar el contrato de privatización e implementar ciertas enmiendas.
Ayer, en una rueda de prensa, Pierluisi insistió que la AEE debe hacer todo lo posible para cumplir con la fecha de transición del 1 de junio.
Pierluisi, mientras la Orden Ejecutiva 2021-12, creó un Comité Timón, presidido por el secretario de Estado, Larry Seilhamer, que tendría la función de “fiscalizar” el contrato de Luma.
“Si usted fiscaliza el contrato, usted vela por el cumplimiento y avala que se haga lo que dice”, sostuvo Figueroa Jaramillo.
Mal acuerdo para los empleados
Figueroa Jaramillo, de otro lado, afirmó que Luma Energy no asumiría ningún tipo de obligación con los empleados y retirados, ya que el convenio colectivo vigente aplica únicamente a la AEE como patrono.
La contratación de Luma, en ese sentido, representaría un costo adicional para el fisco, cuyo monto dependería de la cantidad de trabajadores que pasaran de la AEE a la compañía privada.
“El gobierno tendrá que buscar las partidas presupuestarias para garantizar todos los derechos adquiridos, particularmente por los convenios, lo que conllevaría un pago doble de nómina. Por otro lado, la Junta de Supervisión Fiscal ha congelado todas las plazas en el gobierno central. Por tanto, no hay plazas disponibles ni capacidad financiera de asumir dos nóminas: la de Luma Energy y la de los empleados desplazados de la AEE. Luma Energy se queja de que no ha logrado persuadir a los empleados para que soliciten empleo con ellos, pero quién en su sano juicio va a dejar abandonados todos sus derechos laborales y saltar al vacío e incertidumbre que representa Luma Energy”, planteó el líder unionado.
Figueroa Jaramillo, a preguntas de Torres, indicó que “el mayor riesgo” de la privatización sería entregarle el sistema energético del país a una compañía “que no tiene experiencia ni conocimiento para administrar uno de los sistemas más complejos de Estados Unidos”, al detallar que el país cuenta con cerca de 35,000 millas de cables.
El presidente de la Utier detalló que, de los aproximadamente 5,500 empleados de la AEE, unos 4,300 se dedican a los sistemas de transmisión y distribución, las áreas que quedarían en manos de Luma.
