Durante la Sesión Ordinaria, el Senado aprobó hoy una investigación, mediante la Resolución 65, para determinar el impacto económico del impuesto al inventario en los comercios y municipios.
“Nuestra intención es determinar quién lo paga, sobre qué se paga, qué está exento y de esa forma, aclarar una serie de leyendas urbanas que tiene que ver con ausencia de inventario en Puerto Rico. Yo creo preliminarmente que la verdadera razón a nivel de megatiendas es la evolución acelerada del comercio electrónico. Queremos, a través de esta resolución, unos requerimientos del CRIM para actuar a base de datos y no de leyendas urbanas”, sostuvo el senador y autor de la medida, Juan Zaragoza Gómez.
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La investigación, que estará a cargo de Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, busca establecer las bases fácticas, para de manera informada, determinar si es necesario que se tomen medidas legislativas, o administrativas para alterar o, de ser meritorio, eliminar o sustituir el impuesto al inventario, sin afectar los recaudos municipales.
En la exposición de motivos la RS65 destaca, que “tanto el pequeño como mediano comerciante reclama mayores alivios por parte del Gobierno. Los elevados costos de hacer negocios y un ambiente contributivo cargado y complicado, disminuyen la capacidad de amortiguar los golpes provocados por los desastres naturales. Por otro lado, la ciudadanía reconoce la urgencia de tener un acervo de artículos suficiente para enfrentar las interrupciones en la cadena de suministros que acompañan estos eventos. Y es así que nace, el ya generalizado reclamo de la eliminación del impuesto al inventario”.
Investigarán procesos de agencias al intervenir con personas con diversidad funcional
Por otra parte, se aprobó la Resolución del Senado 70, de la autoría de los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, para que las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, lleve a cabo una investigación sobre los procesos de las agencias con responsabilidades bajo la Ley para la Seguridad Bienestar y Protección de Menores, al intervenir con personas con diversidad funcional y, en particular, con personas sordas.
Otra de las medidas avaladas fue la Resolución del Senado 59, de la autoría de los senadores de la delegación del Partido Popular Democrático, Marially González Huertas y Ramón Ruiz Nieves, para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central una investigación sobre las acciones que llevó a cabo la Autoridad de los Puertos sobre la administración del Aeropuerto Internacional Mercedita en el municipio de Ponce, en específico las gestiones realizadas para establecer una Alianza Público-Privada para la operación y mantenimiento del mismo, y los reclamos de empresarios e instituciones de esta región para su administración.
Además, se aprobaron las siguientes medidas: la Resolución del Senado 60, para realizar una investigación sobre la situación actual de las diferentes etapas que conlleva el proyecto de convertir la Carretera Estatal PR-10 en una Autopista, desde Arecibo hasta Ponce, particularmente los tramos inconclusos desde el Municipio de Adjuntas al Municipio de Utuado; la Resolución del Senado 89 para realizar una investigación sobre la situación y estado actual de las facilidades recreativas y deportivas bajo la jurisdicción del Departamento de Recreación y Deportes, con el propósito de identificar alternativas dirigidas a establecer soluciones e imponer responsabilidades a las agencias gubernamentales.
