La procuradora de las mujeres, Lersy Boria, defendió en una vista pública la gestión que ha realizado desde 2018 y tronó personalmente contra los autores de la resolución senatorial para investigar el desempeño de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
Según la ponencia de Boria, los coautores de la medida, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, parecen ignorar que ciertos indicadores de violencia contra las mujeres se han ido reduciendo, y les imputó no levantar la voz de alerta a mediados de la década del 2000, cuando, de acuerdo con los datos presentados, las tasas de mujeres asesinadas alcanzaron su punto cumbre.
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A pesar de que lamentó que la OPM anualmente viera reducido su presupuesto operacional, Boria aseguró que los resultados en los últimos tres años, a base de los incidentes por violencia doméstica, comparan favorablemente con los datos que se registraron de 2004 a 2006, cuando a la entidad se le asignó la mayor cantidad de fondos desde su creación en 2001.
“De hecho, es preciso señalar que dicho trienio de descontrol absoluto de la violencia doméstica contra las mujeres en Puerto Rico (2004 a 2006), coincidió perfectamente con el período de mayor asignación presupuestaria a la OPM desde su creación. La suma de los presupuestos de la OPM para los años fiscales 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006 fue $25,062,716, con un saldo espantoso de 56,487 incidentes de violencia doméstica, aproximadamente, contra mujeres durante esos tres años. No recordamos que se hubiese impulsado investigación alguna sobre el cumplimiento de la entonces Procuradora de las Mujeres con sus funciones y facultades, ni que se le hubiese solicitado que rindiera cuentas sobre los presupuestos asignados a la OPM desde su designación al cargo”, lee la ponencia que Boria presentó esta mañana ante la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado.
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“En cambio, durante los últimos tres años (2018 a 2020) se ha registrado una cantidad total aproximada de 16,434 incidentes de violencia doméstica contra las mujeres, lo cual constituye una reducción de 71% con respecto a aquel nefasto trienio (2004-2006) olvidado por la memoria selectiva de los autores de la Resolución del Senado 35”, añadió la procuradora.
“Como una de las autoras, que no tiene memoria selectiva, sino una memoria muy buena, y no tiene propósitos malsanos, quiero recordarle a todas las personas que están aquí y nos están viendo, que la OPM surge como parte de los reclamos que han hecho históricamente las organizaciones de mujeres desde los tiempos que se creó la Comisión de Asuntos de la Mujer allá para 1973 y poco a poco se fue haciendo un reclamo de que esa oficina se convirtiera en otra cosa. Es cuando las organizaciones de mujeres se crea la historia de hacer una oficina independiente y mucho poder y es así que se crea en 2001 (la OPM). Claro que la conozco, y claro que no puedo tener propósito malsano como autora de esta resolución, porque yo fui integrante de la Comisión de Asuntos de las Mujeres en el año 1973 y he sido activista de derechos humanos por todas estas décadas”, le ripostó Rivera Lassén durante su turno de preguntas.
Rivera Lassén también mencionó que la Asamblea Legislativa, contrario a lo argumentado por Boria, sí realizó investigaciones sobre la OPM mientras era dirigida por María Dolores Fernós, entre 2001 y 2007, así como bajo Wanda Vázquez, entre 2010 y 2017.
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Boria, en su ponencia, recalcó que la OPM no necesita “transformaciones”, sino una asignación de fondos “suficiente y recurrente” para poder llevar a cabo su desempeño, y catalogó como una contradicción el “despilfarro” de fondos públicos en la investigación legislativa cuando la instrumentalidad que dirige carece de los recursos necesarios.
“Nos parece insólito que, con respecto a nuestra oficina, la Procuraduría de las Mujeres en Puerto Rico, se haya replicado presupuestariamente el esquema patriarcal más opresivo en la esfera laboral: pretende obtener de las mujeres un trabajo igual o mayor por menor paga”, sentenció Boria, quien puntualizó que los presupuestos de la pasada década han obviado la disposición estatutaria de que a la OPM no se le pueden asignar menos recursos de los que recibió el año previo.
Según Boria, han sido los fondos federales los que han permitido a la OPM mantener un presupuesto anual sobre los $4 millones. Los fondos federales, indicó, “han sido perceptiblemente mayores a la asignación proveniente del fondo general estatal”.
La falta de recursos, señaló la abogada, han obligado a la OPM a “priorizar” entre sus funciones asignadas, lo cual ha ido en detrimento de gestiones como el desarrollo de estudios y análisis estadísticos.
A pesar de que fueron citadas a la vista pública, la directora de la Red de Albergues de Violencia Doméstica, Vilmarie Rivera Sierra, y Verónica Rivera Torres, del Movimiento Amplio de Mujeres (Mampr), no pudieron deponer luego de la presidenta de la comisión senatorial, Migdalia González, suspendiera la audiencia por un conflicto de calendario con la sesión ordinaria del cuerpo.
“La vista se había convocado antes que se nos diera la hora de la sesión para el día de hoy. Hemos tenido que recesar porque tenemos la obligación de estar en la sesión legislativa”, insistió la senadora González, quien dijo que se citaría la continuación “lo más pronto posible”.
En sus ponencias escritas, tanto Rivera como Torres señalaban que la OPM ha sobreenfatizado la prestación de servicios directos a la población, en lugar de encargarse de sus funciones ministeriales de fiscalización y educación.
“Esto ha ocasionado que realicen tareas realizadas por las organizaciones de servicio directo. Esta situación, no solo precariza a las organizaciones que reciben los fondos, sino que también pone en competencia a la OPM con las organizaciones que prestan los servicios y que cuentan con el peritaje para abordar la multiplicidad de las violencias que viven las mujeres en todas sus diversidades”, sostuvo la presidenta de la Red de Albergues.
“El rol de la Procuraduría no es ofrecer servicio directo. La Ley habilitadora establece que su función consiste en la fiscalización, la investigación, la adjudicación de responsabilidades a las entidades públicas y privadas que atenten contra la equidad de género. La OPM fue creada para hacer cumplir las políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las mujeres y promuevan la equidad por género”, señaló, en tanto, Rivera Torres.
Rivera Lassén indicó a periodistas que esa incongruencia representa una violación de la ley orgánica de la OPM.
La representante del Mampr, por su parte, lamentó la politización de la OPM, lo que, argumentaron, se observa desde el gobierno compartido del cuatrienio de 2005 a 2008.
Las líderes de ambas organizaciones igualmente denunciaron que organismos bajo la jurisdicción de la OPM, como la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica, la Agresión Sexual y el Acecho y el Consejo Consultivo de la agencia, hayan permanecido básicamente inactivos en los pasados años.
“El MAMPR considera que el trabajo de la Procuraduría se ha circunscrito principalmente al problema de la violencia de género, particularmente la doméstica […] Desafortunadamente, existen multiplicidad de campos de la vida diaria de las mujeres en los cuales enfrentan opresión y discrimen. Así ocurre en el tema laboral con la inequidad salarial, el discrimen por embarazo, por edad, estatus migratorio, el hostigamiento sexual en el empleo, los altos niveles de pobreza y la dependencia de los programas gubernamentales, mientras escasean los programas de desarrollo económico”, subrayó Rivera Torres en la ponencia escrita.
